*Jean Paul Verduzco*
En México, coinciden dos crisis que se retroalimentan: la tragedia humanitaria de cientos de miles de personas desaparecidas y la profunda disfunción del sistema de justicia. Esta convergencia expone la necesidad impostergable de una respuesta integral que atienda simultáneamente la búsqueda de las personas desaparecidas y el fortalecimiento del Poder Judicial. De lo contrario, sin acciones coordinadas y efectivas, el sistema continuará fallando a quienes más lo necesitan, perpetuando un ciclo de impunidad y sufrimiento.
La crisis de las desapariciones: cifras récord y reclamo de justicia
Cada día desaparecen alrededor de 47 personas en México, un goteo constante que ha llevado las cifras oficiales acumuladas a más de 125 mil personas desaparecidas y no localizadas hasta 2025. La mitad de estas desapariciones, ocurrieron tan sólo en la última década, reflejo de una crisis de derechos humanos, ocasionada, entre otros factores, por la ausencia de investigación ante sus graves violaciones, lo que se agudiza año con año. Lejos de disminuir, cada día se suman nuevos casos de familias buscando desesperadamente a un ser querido sin respuestas del Estado.
Encabezados como “Familiares de desaparecidos protestan en la Ciudad de México, exhibiendo fotografías de sus seres queridos ausentes. Ante la falta de resultados, son las propias madres y padres quienes encabezan la búsqueda sobre el terreno, removiendo tierra en fosas clandestinas y pegando carteles con rostros, arriesgando sus vidas mientras claman por respuestas”, dan cuenta que la movilización social de las víctimas ilustra el vacío que dejan las instituciones. Colectivos de familias buscadoras han alzado la voz desde 2009, con Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), en 2011 con mayor notoriedad con iniciativas como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y en 2015, con la alianza nacional donde las denuncias colectivas se consolidan y adquieren fuerza, denunciando que autoridades de todos los niveles las han ignorado y despreciado en su lucha, e incluso acusan que el crimen organizado ha cooptado regiones enteras al amparo de la impunidad. En muchos casos, son los colectivos ciudadanos quienes descubren macabras evidencias, por ejemplo, las fosas clandestinas de Teuchitlán, Jalisco, mientras las autoridades llegan tarde, o simplemente brillan por su ausencia.
La respuesta institucional a esta emergencia ha sido insuficiente. Organismos nacionales e internacionales han urgido al gobierno a reconocer y atender la realidad de las desapariciones. Amnistía Internacional advirtió en 2024 sobre la “enorme preocupación” que genera la crisis y señaló inquietud porque las autoridades estaban minimizando la escala del problema y hasta intentando rebajar las cifras oficiales de desaparecidos. En un hecho inédito, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU decidió en 2025 invocar el Artículo 34 de la convención internacional en la materia –un mecanismo extraordinario nunca antes utilizado– al considerar que existen indicios fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en México. Esta acción abre la puerta a que el caso mexicano sea llevado ante la Asamblea General de la ONU si no hay mejoras, subrayando la gravedad de la situación y la presión internacional para que el país responda.
Frente a los señalamientos y la indignación pública, el gobierno mexicano ha comenzado a anunciar medidas. La presidente Claudia Sheinbaum declaró en su conferencia mañanera del 17 de marzo de 2025 que se emplearía “toda la fuerza del Estado” para afrontar la crisis; esto, tras el hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde operaba un campo clandestino del crimen organizado. Entre las acciones comunicadas, el gobierno federal retomó las propuestas de la entonces Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en 2016 y del Centro Nacional de Identificación Humana en 202: la creación de una “base única de información forense” con datos homologados de las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, así como una nueva “plataforma federal de identificación humana”, para acelerar la identificación de restos y personas desaparecidas. Estas iniciativas intentan, de manera paliativa, subsanar parte del “vacío forense” acumulado (se calculan más de 72 mil cuerpos sin identificar en el país al cierre de 2024) y dar alguna certeza a las familias. No obstante, colectivos de víctimas se muestran escépticos: señalan que son reformas y acciones tardías y advierten que, si no van acompañadas de resultados reales, no detendrán la escalada de desapariciones. Su demanda sigue siendo la misma de siempre: verdad y justicia.
Un sistema judicial en crisis: impunidad y sobrecarga institucional
Simultáneamente, el sistema de justicia mexicano atraviesa una crisis de eficacia y confianza. Las instituciones encargadas de investigar delitos y sancionar a los responsables se encuentran rebasadas, debilitadas y cuestionadas. Varios indicadores ilustran la magnitud de esta crisis institucional:
- Impunidad generalizada: En 2022, el 93.6% de los delitos investigados no obtuvo resolución ni castigo. Incluso en delitos graves, la falta de justicia es casi absoluta: por ejemplo, la desaparición forzada quedó impune en el 99.5% de los casos a nivel nacional. Dicho de otra manera, prácticamente casi ninguno de estos crímenes obtiene sentencia condenatoria.
- Falta de justicia en desapariciones: Entre 2017 y enero de 2025 se registraron 66,389 casos de personas desaparecidas en el país, pero en ese mismo lapso sólo se dictaron 373 sentencias condenatorias relacionadas con delitos de desaparición. Esto equivale a apenas 0.56% de los casos esclarecidos, una brecha estremecedora que refleja la casi total impunidad en materia de desapariciones.
- Sobrecarga de trabajo: La capacidad operativa de fiscalías y juzgados está al límite. En 2023, cada agente del Ministerio Público debió encargarse en promedio de 310 carpetas de investigación, un 71% más de trabajo que el año anterior, y cada juez penal tramitó unas 356 causas en promedio en el año. Este volumen excesivo de casos por funcionario provoca investigaciones apresuradas, errores procesales y defensas inadecuadas que comprometen el proceso. El sistema, con recursos humanos limitados, se encuentra saturado y sin capacidad de dar seguimiento efectivo a cada expediente.
- Escasez de recursos y personal: México tiene aproximadamente 4 jueces por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del estándar internacional recomendado (17 jueces por 100 mil habitantes), lo que da cuenta de la insuficiencia de personal para atender la demanda de justicia. De igual manera, el número de policías investigadores y peritos es deficitario. Esta falta de recursos contribuye a la lentitud y rezago en la resolución de casos, desde delitos comunes hasta violaciones graves de derechos humanos.
A las carencias estructurales se suman problemas de corrupción y negligencia. Diversos análisis señalan que la ineficacia en las investigaciones se debe también a fiscalías mal preparadas o coludidas: proliferan las indagatorias deficientes, la corrupción de autoridades y la falta de apoyo a las familias buscadoras en pleno proceso judicial. En muchos estados, los agentes del Ministerio Público no cuentan con capacitación ni herramientas suficientes para armar casos sólidos, y ello redunda en expedientes débiles que no prosperan ante los jueces. El resultado es un círculo vicioso de impunidad: mientras menos casos se resuelven, más se envalentonan los perpetradores y se desalienta la denuncia ciudadana, alimentando así la continuidad del crimen.
No solo la eficacia, sino que también la estabilidad e independencia del Poder Judicial han estado bajo amenaza. En 2024, organismos civiles como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados (JUFED) y Human Rights Watch, advirtieron que la independencia judicial fue amenazada por medio de reformas legales impulsadas desde el poder político. La reforma judicial que modificó el diseño institucional: por primera vez en la historia está prevista la elección directa de jueces, magistrados y ministros en junio de 2025. Quienes promueven este cambio aseguran que hará más transparente y eficiente la justicia; pero críticos, incluyendo a juristas y defensores de derechos humanos, tememos que estas modificaciones erosionen la autonomía judicial y politicen la impartición de justicia. Todos estos factores –presión política, reformas precipitadas, militarización de la seguridad– añaden incertidumbre sobre la capacidad del sistema judicial para operar con eficacia y autonomía en un momento crítico.
Además, una de las decisiones más controvertidas del Gobierno ha sido comenzar a equiparar operativamente el delito de desaparición con el de secuestro. Esta medida, aunque responde a una lógica basada en que durante la década pasada las fiscalías especializadas en secuestros lograron mayores tasas de resolución que las dedicadas a desapariciones, representa un claro retroceso en términos de derechos humanos. México cuenta con una Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas robusta y específica, cuyo problema no radica en su diseño sino en su falta de implementación efectiva. Equiparar operativamente ambas figuras penales borra matices esenciales: mientras el secuestro por principio requiere absoluto sigilo, generalmente busca un beneficio principalmente económico y tiene elementos probatorios y de investigación definidos, la desaparición implica una búsqueda inmediata ante la negación prolongada del paradero con participación o aquiescencia del Estado, y demanda protocolos especializados de búsqueda e investigación. Esta decisión, lejos de fortalecer la respuesta institucional, diluye las obligaciones específicas del Estado y puede debilitar aún más la respuesta ante desapariciones.
En congruencia con este giro punitivista, al menos 19 fiscalías estatales, como Tamaulipas, Coahuila, Morelos o Tabasco, han sustituido o incorporado a sus unidades que antes eran meramente especializadas en combate al secuestro por fiscalías de “alto impacto”. Esta transformación ha tenido como consecuencia la dispersión de capacidades operativas que antes estaban enfocadas exclusivamente en atender secuestros y extorsiones, y ahora también pueden ver desde robo de vehículos hasta desaparecidos, contaminando y dificultando la lógica, trazabilidad y especialización en la comisión e investigación de estos delitos. Colectivos de víctimas han denunciado que esto implica una pérdida de enfoque y de personal capacitado, reduciendo la capacidad del Estado para atender las desapariciones con el rigor que exige su gravedad.
Justicia y verdad: una interdependencia ineludible
Las dos crisis –desapariciones e ineficacia judicial– no transcurren aisladas, sino que se entrelazan en un círculo de dependencia mutua. Por un lado, miles de familias claman por verdad y justicia: la posibilidad de saber qué pasó con sus seres queridos y de ver sancionados a los culpables depende directamente de la capacidad operativa de las instituciones encargadas de investigar delitos y administrar justicia. Cuando esa capacidad falla o se ve mermada, las probabilidades de encontrar respuestas se reducen prácticamente a cero, condenando a las víctimas a la incertidumbre y al dolor interminable. Por el otro lado, cada caso no resuelto –cada expediente que se acumula sin avances en fiscalías y juzgados– agrava la crisis del sistema judicial, minando su credibilidad pública, saturando aún más sus recursos y dejando en evidencia sus carencias estructurales.
Actualmente, el acceso real a la justicia para las víctimas sigue siendo un pendiente enorme: esa deuda ha bloqueado el progreso hacia la verdad en la mayoría de los casos. Aunque el Estado mexicano reitera su compromiso con las víctimas, en los hechos ha fallado en garantizar seguridad y justicia, perpetuando la impunidad de crímenes atroces. Con más de 120 mil personas desaparecidas en total, México no puede darse el lujo de claudicar en los esfuerzos por garantizar verdad y justicia a todas las víctimas. Ello requiere, precisamente, de coordinación y colaboración efectivas entre las instituciones: las encargadas de la búsqueda (comisiones de búsqueda, policías investigadoras, peritos forenses) y las encargadas de la procuración e impartición de justicia (fiscalías y tribunales) deben trabajar de la mano, con recursos suficientes y autonomía, para esclarecer casos, localizar a las personas y llevar a los responsables ante la ley.
La crisis de las desapariciones y la crisis del sistema judicial son dos caras de una misma moneda. Sin un Poder Judicial eficaz, independiente y equipado, los reclamos de las familias seguirán chocando contra muros de impunidad; y sin resolver la tragedia de los desaparecidos, la justicia mexicana continuará en entredicho. Abordar ambas problemáticas de forma integral no es solo deseable, sino que imprescindible: es la única vía para romper el ciclo de impunidad y sufrimiento que aqueja al país, y para comenzar a restablecer la confianza en el Estado de derecho. La verdad y la justicia van de la mano —insisten los colectivos—, y únicamente juntas podrán sacar a México de esta grave encrucijada humanitaria e institucional.
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Jean Paul Verduzco Fuentes es abogado especialista en derecho constitucional y administrativo, con más de 20 años de experiencia en el análisis de normatividad, gobernabilidad y legalidad en México; maestrante en Prevención, Seguridad Urbana y Política Criminal. Ha ocupado cargos de alto nivel en instituciones de seguridad del gobierno mexicano. Consultor en litigio estratégico y fortalecimiento institucional, dirige Bufete Verduzco.
Fuentes: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (SEGOB), informes de México Evalúa, Amnistía Internacional y Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada; reportes de La Jornada, El Universal, Animal Político y comunicados de colectivos de derechos humanos. Todas las cifras citadas corresponden a datos actualizados a 2024-2025.
