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10.07.2026 Ciudad de México | Desinformémonos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desautorizó todos los informes sobre Ayotzinapa elaborados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) y la sociedad civil, por considerar que impulsan una «antiverdad» que incita «el sensacionalismo» con la acusación de que el ejército es responsable de la desaparición de los 43 normalistas.
A través de una recomendación de más de 800 páginas, la CNDH señaló que la narrativa de los informes elaborados de manera independiente por el GIEI, la Covaj y organizaciones de la sociedad civil sobre la responsabilidad del ejército mexicano «pretende ser contestataria a la verdad histórica» y que «en poco ha ayudado».
Entre los destinatarios de la recomendación no fue incluida la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), señalada por los padres y madres de los normalistas, organizaciones, centros de derechos humanos, académicos y expertos como una de las responsables de la desaparición de los jóvenes el 26 de septiembre de 2014, así como de ocultar información al negarse a entregar 800 folios para el avance de las investigaciones.
La recomendación de la CNDH fue emitida sin ningún previo aviso y sin conferencia de prensa, y entre las 22 autoridades, dependencias e instituciones a las que sí fue dirigida se encuentran la Fiscalía General de la República, la Covaj, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa y las comisiones Ejecutiva de Atención a Víctimas y Nacional de Búsqueda.
De acuerdo con el documento, sólo 40 estudiantes están desaparecidos, pues tres fueron «víctimas de ejecución extrajudicial». En cuanto a los 800 folios pendientes de entrega por parte del ejército, la CNDH indicó que sólo existen diez archivos correspondientes al Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala y «son los que contienen única y exclusivamente información relacionada con el caso Ayotzinapa».
La versión de la CNDH es que la respuesta de la Sedena implica que los más de 800 números de folio incluidos en la solicitud no corresponden a documentos del CRFI, sino a una numeración consecutiva de registros de la mesa de control del 27 Batallón de Infantería, y que durante ese periodo el CRFI no contaba con un sistema de registro propio. Con esta declaración, la CNDH deslinda al CRFI, pues alega que dicho centro entró en operaciones el 8 de diciembre del 2015, 15 meses después de los hechos, «a pesar de lo cual los expertos del GIEI en repetir su narrativa hasta el final de su estancia en el país».
La recomendación de la CNDH sucede en el mismo periodo en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer cuatro amparos en revisión extraordinarios, promovidos contra la sentencia que en 2018 determinó la creación de la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el Caso Ayotzinapa (Comisión de Investigación).
Como señalaron organizaciones de derechos humanos, la sentencia de 2018 es «uno de los precedentes judiciales nacionales más relevantes del caso», pues con ella se ordenó reponer la investigación del Caso Ayotzinapa «ante las graves irregularidades detectadas» en la llamada «versión histórica», que decía que los estudiantes fueron asesinados y restos calcinados en el basurero de Cocula.
«Esta decisión permite reabrir la discusión sobre el alcance de una resolución firme que no sólo desmontó la versión de la llamada “verdad histórica” en sede judicial nacional, sino que abrió la oportunidad de crear un mecanismo de investigación extraordinario, con la participación de la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las víctimas», precisaron.