*Foto: Gloria Muñoz / Desinformémonos
07.04.2026 Ciudad de México | Desinformémonos. “La descalificación de los hallazgos técnicos no altera la realidad de una impunidad superior al 98 por ciento en los casos de desaparición”, señalaron organizaciones de derechos humanos en respaldo al informe técnico con el que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidió llevar con carácter de urgente la crisis de desaparecidos en México a la Asamblea General.
El gobierno de Claudia Sheinbaum calificó de “tendencioso” y acusó de “falta de rigor” al informe en el que el CED documentó, entre otros datos, que 28 mil 880 personas fueron reportadas desaparecidas entre el 1 de enero de 2023 y el 22 de abril de 2025, así como 4 mil 500 fosas clandestinas con más de 6 mil 200 cuerpos y 4 mil 600 restos humanos hallados. Además, el informe reporta casi 72 mil restos humanos sin identificar a inicios de 2026.
“La disputa por el diagnóstico sólo prolonga la impunidad y la agonía de las familias. El Estado debe entender que la opinión del CED no es un ataque, sino una oportunidad para detener una de las crisis humanitarias más dolorosas de nuestra historia reciente”, señalaron las organizaciones en un comunicado.
Puntualizaron que mientras la cifra de personas desaparecidas continúa en aumento y la impunidad en dichos casos aún supera el 99 por ciento, “cualquier avance normativo es, en la práctica, insuficiente”, frente a las declaraciones del gobierno de Sheinbaum que argumentó como pruebas de progreso la existencia de nuevos marcos legales y la creación de instituciones.
Insistieron en que el rechazo del Estado a la observación del CED sobre la participación de agentes oficiales en las desapariciones “ignora la documentación de miles de familias, colectivos, academia y organizaciones de la sociedad civil” y recordaron que “la responsabilidad internacional del Estado no sólo surge por la acción directa, sino por la aquiescencia”.
Además del aumento en los casos de desaparición, las organizaciones reiteraron que el Estado también “ha fallado sistemáticamente” en la implementación de herramientas para la identificación de cuerpos, como el Banco Nacional de Datos Forenses. “La acumulación de más de 83 mil cuerpos y restos de personas sin identificar en las instituciones forenses del país es la prueba irrefutable de que la respuesta institucional está colapsada”, remarcaron.
Las organizaciones aseguraron que calificar de “falto de rigor” el diagnóstico del CED “es una falta de respeto a la memoria de las víctimas y al esfuerzo de las familias que buscan con sus propias manos”, por lo que llamaron al gobierno mexicano a abandonar “la actitud defensiva” y reconocer la magnitud de la crisis que el Comité llevó a la Asamblea General de la ONU.
Asimismo, hicieron un llamado para que las autoridades federales acepten la asistencia técnica internacional propuesta por el Comité y que establezcan “un diálogo genuino” con las familias, colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos para generar estrategias de atención a la crisis de desaparecidos en México.
El gobierno de la Ciudad de México manifestó su respaldo a la justificación de Sheinbaum sobre el informe, mientras que las familias y colectivos de búsqueda de desaparecidos, como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), aseguraron que la decisión del CED de llevar la situación a la Asamblea General es una “oportunidad histórica”.
