*Aprueba el Pleno su iniciativa de reforma para aumentar hasta 10 años la pena al delito de extorsión.
/Xalapa, Ver. a 25 de julio de 2019.- El pleno del Congreso del Estado aprobó este jueves la iniciativa de la diputada Mónica Robles Barajas para reformar el artículo 220, del Código Penal del Estado de Veracruz, con lo que se incrementa la pena del delito de extorsión de 4 hasta 10 años, y se incluyen diversas modalidades en la categoría de agravantes, con lo que se contribuye desde el Poder Legislativo, a dotar a las autoridades de procuración e impartición de justicia de nuevas herramientas jurídicas para dar bienestar de los veracruzanos.
En ese sentido, la Presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales subrayó que el Reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reveló que entre 2015 y 2018, la extorsión creció en Veracruz en más de 400 por ciento.
“Lo peor es que en nuestro estado, este crimen no se denuncia en un 98.2 por ciento, como lo señala la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI. La tragedia del empresariado, de comerciantes y de mujeres y hombres emprendedores a lo largo y ancho del estado, pero particularmente, en Coatzacoalcos y la zona sur, como lo constatan los recientes atentados de quema de negocios y los cientos de empresas que han cerrado sus puertas, es insostenible, es condenable, y más aún, es inaceptable.”, explicó la integrante del Grupo Legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
De acuerdo con el dictamen aprobado, se aumentan las sanciones de dos a seis años cuando se incurra en las siguientes agravantes: cuando intervenga más de una persona; cuando se realice por una o más personas armadas o bien portando instrumentos peligrosos; cuando se emplee violencia física o moral; cuando se emplee cualquier mecanismo o amenaza, para hacer creer a la víctima la supuesta intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada; cuando la víctima sea una persona de sesenta años o mayor, o sea mujer y se encuentre en estado de gravidez; cuando se allane el inmueble de la víctima o donde ésta se encuentre para ejercer la conducta delictiva; cuando el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada con ésta; o si el sujeto activo por extorsión telefónica o por cualquier medio electrónico fuere interno procesado o sentenciado.
De igual forma, se adiciona un párrafo en el que se duplican las penas cuando el o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución o corporación de seguridad pública o privada, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas, o se ostenten como tales sin serlo. Asimismo, se le impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión, y se inhabilitará de uno a seis años para desempeñarse en cualquier cargo público de los tres órdenes de Gobierno.
“La extorsión está violentando nuestras vidas, está atentando contra el progreso económico de Veracruz, está inhibiendo inversiones, turismo, empresas y empleos y lo peor, nos está convirtiendo en una sociedad asustada, que vive y labora bajo el sobresalto y la preocupación permanente sobre el porvenir de nuestros hijos e hijas”, agregó.
La diputada Mónica Robles destacó el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador con la operación de la Guardia Nacional en Veracruz, en los municipios y regiones donde se necesita la mano dura contra el crimen organizado y malhechores, así como del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
“Con esta reforma el Poder Legislativo está cumpliendo con su cometido de mantener actualizado el Marco Jurídico vigente; sin embargo, de nada servirá ninguna reforma legal si los operadores de justicia, la parte acusadora, carece de idoneidad y tiene una actuación inepta. Desde esta alta Tribuna, exhortamos al Fiscal General del Estado a que cumpla con su labor con eficiencia y eficacia, con profesionalismo y sin distraerse en una agenda política que no le corresponde, tal como lo demanda la sociedad veracruzana. Si la institucionalidad y los órganos autónomos hacen su labor, juntos podemos generar mejores condiciones de vida para quienes nos han confiado con su voto el ejercicio de su representación. La sociedad le está apostando a la acción eficaz de la autoridad, que no debe fallarle más. Nunca más”, concluyó.
