*Alejandra Barrales /
Es doloroso saber que cada día le arrebatan la vida a 11 niñas, adolescentes y mujeres en este país, pero resulta doblemente doloroso saber que algunas mujeres son asesinadas por demandar justicia o en la búsqueda de sus hijas desaparecidas, como es el caso de Esmeralda Gallardo, quien, desde el 13 de enero de 2021 que desapareció su hija Betzabé, salía cada mañana a buscarla, es otro caso desgarrador porque antes de encontrarla la alcanzó la muerte.
Esmeralda Gallardo fue asesinada a balazos en Puebla, en el mismo barrio donde desapareció su hija Betzabé, de 24 años, y su amiga Fabiola Narváez, de 22 años. La tarde del día de su desaparición las dos mujeres fueron a hacer un depósito al banco y ya no regresaron. A decir de su abogado, Esmeralda, no descartó que el caso de Betzabé estuviera relacionado con la trata de personas y que pudiera estar siendo explotada en los prostíbulos de Puebla o Tlaxcala, lugares que recorrió.
Pese a manifestar en repetidas ocasiones que estaba en peligro y que temía por su vida, Esmeralda Gallardo, víctima indirecta, nunca recibió protección de las autoridades, lo cual tampoco fue impedimento para que saliera a buscarla.
Al caso de Esmeralda se suman los feminicidios de las madres buscadoras Rosario Rodríguez, el 30 de agosto pasado en Sinaloa; Ana Luisa Garduño, quien exigía justicia por el feminicidio de su hija Ana Karen, registrada en diciembre de 2012, el 28 de enero pasado, en Morelos; y el de Brenda Jazmín Beltrán, en Sonora, que perseguían algo en común: la esperanza de volver a ver a sus hijas e hijos, pero ninguna lo logró.
Debemos reconocer que a partir del incremento de la militarización y de la lucha contra las drogas, las dinámicas de las violencias en contra de las mujeres cambiaron; antes en la mayor parte del territorio nacional eran asesinadas en el espacio privado, ahora a la mayoría de las mujeres les arrebatan la vida en el espacio público, seis de cada 10 mujeres son asesinadas con armas de fuego.
Debemos seguir caminando con el objetivo de transformar las estructuras, las leyes y las instituciones para que todas las mujeres en toda su diversidad puedan acceder a la justicia, y para ello es fundamental la prevención y protección frente a las violencias de género. Es urgente revisar cómo funciona el mecanismo de órdenes de protección, que ya está contemplado en Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Es necesario replantear que las órdenes de protección contengan un estándar idóneo, conforme a las necesidades particulares de las mujeres, adolescentes y niñas, además de que deben desvincularse del ámbito penal, civil o familiar. Es importante que tengan un enfoque interseccional e intercultural, toda vez que siete de cada 10 mujeres son víctimas de violencia de género, y tres de cada 10 fueron asesinadas en sus hogares.
Es importante que las instituciones de los tres órdenes y niveles de gobierno trabajen de la mano con la ciudadanía en la construcción de la justicia en igualdad y sin discriminación para que los impartidores y administradores de justicia incorporen los lentes de género y de interculturalidad, a fin de garantizar y facilitar el acceso a la justicia para las mujeres.
Lo deseable es prevenir los feminicidios, pero de manera lamentable no hemos podido llegar a ese punto de la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres, sigue siendo una utopía de quienes perseguimos una agenda feminista en donde podamos ser libres, caminar seguras por las calles y no estar con la zozobra de que nuestras hijas regresen o no casa.
