*Los actos del personal del INCIFO de la CDMX difundidos en redes sociales en junio, ponen en el centro del debate la dignidad de los cuerpos de las personas sin vida, y las condiciones estructurales que rodean el manejo y resguardo de cuerpos en instituciones estatales.
/Sandra Odeth Gerardo Pérez / GIASF*/
Entre el 25 y 26 de junio del 2025 circularon por redes sociales y medios de comunicación, imágenes que no me atrevo a describir en profundidad, mucho menos a replicar gráficamente. Trabajadores del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) de la Ciudad de México, entre ellos el subdirector de tanatología, Andrés Oriol Morales, manipulaban de manera indigna cuerpos y partes de cuerpos de personas sin vida. Irrespetaban, por decir lo menos, a una persona sin vida, y probablemente a una persona desaparecida; jugaban y bromeaban alrededor del sufrimiento de una familia.
Sus actos ponen en el centro del debate la dignidad post mortem, y las condiciones estructurales que rodean el manejo y resguardo de cuerpos de personas sin vida en instituciones estatales.
Las referidas imágenes circularon en el contexto de un conflicto laboral en el INCIFO que estalló a mediados de junio, cuando el sector de trabajadores de dicho instituto que se manifestó dejó ver las precarias condiciones laborales del espacio, demandando un aumento salarial y que se les provea de los materiales necesarios para su realizar su labor –es decir, las condiciones mínimas para llevar a cabo un buen trabajo en un país que tiene un rezago forense en aumento que deviene en más de setenta y dos mil personas sin identificar, personas que, por tanto, son personas desaparecidas–.
Si bien, al INCIFO o a otras instituciones forenses a lo largo de la República llegan los cuerpos de personas fallecidas por cualquier motivo, también llegan personas catalogadas como “no identificadas”, por lo que las condiciones materiales y éticas de trabajo en los centros forenses del país tocan directamente los derechos y emociones de las y los familiares de personas desaparecidas. Así, el 3 de julio, colectivos de familiares de personas desaparecidas presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el 8 de julio, formalizaron una denuncia penal contra quien resulte responsable del maltrato a los cuerpos de personas sin vida en el INCIFO.
El desprecio estructural y sistemático por las personas muertas y/o desaparecidas
Más allá de la denuncia penal que podría recaer en el actuar de individuos, las exigencias de familiares de víctimas de desaparición permiten ver la problemática estructural, la sistematicidad de prácticas que han alimentado la llamada “crisis forense”. Daniela González, madre de Axel Daniel González Ramos, desaparecido en 2022 e integrante del colectivo Una luz en el camino, señaló: “Las graves violaciones a los derechos de las personas fallecidas, las malas prácticas forenses y la falta de rigor en los procesos de identificación afectan de manera directa y dolorosa la búsqueda de personas desaparecidas.”
En el marco de las protestas en el INCIFO, también se difundieron fotografías del estado de almacenamiento de los cuerpos de personas sin vida, que evidencian que no se cumplen las condiciones mínimas para los procesos de identificación según lo señala el mismo Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense.[1] Sin embargo, estas terribles imágenes de cuerpos sin vida en pisos, amontonados, mal embalados o en espacios que a leguas se notan poco higiénicos o no idóneos para resguardarlos, no son nuevas, pues las familias de víctimas de desaparición también las han denunciado desde hace varios años no solo para el caso del INCIFO, sino a lo largo de la República.
Quizá lo que resuena en nuestra memoria son los casos extremos, como el de los tráileres en Jalisco en 2018 con más de 300 cuerpos sin vida; o los cuerpos entregados en Veracruz en bolsas negras en 2021; las inhumaciones de personas sin vida ya identificadas, como el caso de Cosme Alarcón en Coahuila en 2011 u Oliver Wenceslao Navarrete en Morelos en 2014; o las “donaciones” a instituciones y universidades públicas, como fue el caso de Julio César Cervantes quien fue hallado sin vida y su cuerpo donado por el INCIFO al Instituto Politécnico Nacional en 2024, mientras su madre le buscaba. Pero, lejos de mostrar una excepción, estas historias parecen ser la norma o la punta del iceberg del evidente desprecio estructural, que, desde el Estado, se ha dado a las personas sin vida, que además estuvieron o están desaparecidas, en este país.
Las reducciones presupuestales a los mecanismos e instancias destinadas para la identificación de personas sin vida, como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) [2] o el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), que terminó por ser desarticulado, son tan solo una muestra de ese desprecio estructural. Y si bien, el decreto presidencial a raíz de los hallazgos en Teuchitlán, Jalisco, podría apuntar a una mejora presupuestal, esta resulta insuficiente en tanto que no se contemplan otras instancias encargadas del resguardo de personas o restos de personas sin identificar, como las Fiscalías federales y estatales. Tal como reclamaron trabajadores del INCIFO durante sus protestas, existe una sobrecarga laboral y condiciones precarias ante el incesante aumento de cuerpos sin vida y restos humanos que llegan a estas instalaciones, entre los cuales están los de las y los desaparecidos.
El urgente cuidado de la dignidad de las personas sin vida
Las acciones individuales o el trato estructural mencionado líneas arriba, suman al horror generado por el manejo de cuerpos y de vidas que hacen los perpetradores.
Al horror social que generan los cuerpos de personas cuando son usados, mutilados o transformados por grupos criminales para distintos fines, como mandar mensajes a grupos contrarios o marcar territorios, habríamos de equiparar el horror que genera su tratamiento por parte de funcionarios públicos e instancias estatales encargadas de su cuidado y custodia. A la crueldad que genera la incertidumbre de no saber si el ser amado está vivo o muerto hay que agregar la crueldad que genera la posibilidad de que el ser amado ya esté sin vida en alguna instancia estatal y que probablemente esté siendo maltratado, de tal suerte que, incluso su identificación, sea casi imposible.
En el fondo, lo que permiten ver prácticas como las denunciadas en el INCIFO, no es sólo la acción individual, sino prácticas sistemáticas que conducen a la desaparición o son desaparecedoras en sí mismas. Prácticas que generan sufrimiento en las familias de un modo comparable al que realizan los grupos criminales.
Tanto las acciones de personas trabajadoras del INCIFO, como las prácticas sistemáticas recién mencionadas, violentan una diversidad de leyes nacionales e internacionales. Si bien cada uno de los casos mencionados merece un análisis específico, en su conjunto se violentan la Ley General de Salud, que en su artículo 346 señala que “los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y consideración” y el Código Penal Federal que en su artículo 280 y 281 que señalan las penas para quienes oculten y para quien “profane o maltrate un cadáver o restos humanos.”
Para el caso de personas desaparecidas, se violentan garantías marcadas por la Ley General de Víctimas (artículos 21 y 22), la Ley General en Materia de Desaparición Forzada (artículos 118 y 119) y los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada que, aunque no tocan de manera específica las responsabilidades en instituciones forenses estatales como el INCIFO o los SEMEFOS, sí señalan la obligación estatal del rescate y resguardo óptimo de los cuerpos sin vida para la identificación y como garante de acceso a verdad y justicia. Y en la medida que hacen señalamientos sobre el derecho de las familias a las restituciones dignas de su ser querido, llevan a pensar que, si se violenta la dignidad de la persona fallecida o de restos de su cuerpo resulta imposible salvaguardar ese derecho.
Quizá desde el mundo de las leyes, el cuerpo sin vida sea considerado en primera instancia un “bien jurídico”, una evidencia. Sin embargo, como los Principios Rectores de la CED de la ONU señalan, toca recordar que: “se trata de restos mortales de una persona y no de objetos” y hacer eco de lo que las y los familiares de personas desaparecidas han denunciado constantemente, que quienes ahí yacen sin vida son hijxs, esposxs, hermanxs, padres, madres, amigxs de alguien y que, aunque quien yace ahí sin vida y sin identidad, está siendo buscado por su comunidad.
Por tanto, es necesario seguir impulsando reflexiones sobre el cuidado, el respeto y la dignidad para con los cuerpos muertos, para con las personas sin vida, ya que, como la antropología lo ha demostrado, nuestras comunidades están formadas por relaciones con otros seres humanos vivos, pero también con nuestros muertos, y hoy día también con nuestros desaparecidos. La dignidad de las personas sin vida ha de ser resguardada para dar con su identidad, en el caso de las personas no identificadas, pero también para que su memoria, su nombre y los afectos que le rodean no sean dañados.
Quizá también hagan falta reflexiones y transformaciones que permitan que las personas técnicas forenses de instancias estatales tengan formaciones más éticas, que les permitan reconocer la humanidad en sus manos y el sufrimiento que pueden generar con el mal trato a los cuerpos sin vida. Indudablemente, se requieren mejores condiciones de trabajo en las instituciones que resguardan los cuerpos sin vida en el país de los desaparecidos para garantizar procesos de identificación certeros y la dignidad que merece una persona que aunque, sin vida, sigue siendo parte de una comunidad que se duele ante su pérdida.
Referencias
[1*] “Una parte del éxito de la identificación a través del análisis de ADN, dependerá de las condiciones de preservación dadas a las evidencias, desde el momento de la obtención, traslado y almacenamiento, hasta el ingreso al laboratorio de ADN” (p. 48) https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/343413/Protocolo_para_el_Tratamiento_e_Identificaci_n_Forense.pdf
[2] “En los últimos años, el presupuesto destinado a la CNB ha sufrido reducciones de entre el 3% y el 8%, que impacta directamente en funciones clave como las del Centro Nacional de Identificación Humana.” https://www.somoselmedio.com/la-historia-de-oliver-y-149-cuerpos-sin-identificar/
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*Sandra Odeth Gerardo Pérez es doctora en antropología, investigadora asociada del GIASF y colaboradora solidaria de la Red Regional de Familias Migrantes.
**Médicos del Instituto de Ciencias Forenses realizaron una protesta afuera del INCIFO, en donde piden aumento salarial, carrera judicial, así como la destitución del subdirector y director del Instituto. (Juan Abundis/ObturadorMX)
El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador, estudiantes asociados a los proyectos del Grupo y personas columnistas invitadas . Las responsables de la misma son Erika Liliana López y Sandra Gerardo (Ver más: http://www.giasf.org)
La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF
