*Organizaciones documentaron amenazas, asesinatos, desapariciones, violencia sexual y reclutamiento forzado en comunidades de la Sierra Tarahumara.
/Escrito por Georgina Monroy Vázquez / Foto Senado/
15.08.2026 /CimacNoticias.com/ Chihuahua.- El desplazamiento forzado interno (DFI) en Chihuahua mantiene un crecimiento sostenido y afecta de manera particularmente grave a comunidades indígenas y rurales de la Sierra Tarahumara. De acuerdo con un informe de la Misión Civil de Observación (MCO), el número de personas desplazadas en el estado se habría triplicado entre 2021 y 2025.
El documento, elaborado a partir de una misión realizada en mayo de 2026, señala que Chihuahua, junto con Michoacán y Sinaloa, se encuentra entre las entidades que concentran la mayor cantidad de personas desplazadas en México. En 2025 se registraron al menos 4 mil 492 personas desplazadas en Chihuahua, de las cuales 1 mil 335 salieron del municipio de Guadalupe y Calvo.
La Misión Civil de Observación visitó Hidalgo del Parral, Delicias y Chihuahua, donde se reunió con alrededor de 200 personas en situación de desplazamiento forzado interno provenientes principalmente de comunidades de Guadalupe y Calvo, así como de regiones de Durango y Sinaloa.
Violencia y control territorial expulsan a comunidades
El informe identifica como una de las principales causas del desplazamiento la disputa territorial y la reorganización de grupos del crimen organizado en la región conocida como el Triángulo Dorado, que comprende zonas de Chihuahua, Durango y Sinaloa.
De acuerdo con los testimonios recopilados, los grupos criminales buscan controlar no sólo actividades relacionadas con el narcotráfico, sino también recursos naturales y economías locales, entre ellos el agua y la madera.
Esta disputa se traduce en amenazas, asesinatos, desapariciones, ataques armados, despojo de bienes y territorios, así como vigilancia y hostigamiento contra las personas incluso después de haber abandonado sus comunidades. La MCO también documentó ataques con drones y explosivos contra población civil. El reclutamiento forzado constituye otro de los mecanismos utilizados para controlar a las comunidades.
Quienes se niegan pueden enfrentar tortura, asesinato o verse obligados a abandonar sus comunidades para salvar la vida.
Comunidades indígenas, entre las más afectadas
La MCO encontró una afectación diferenciada contra pueblos indígenas y comunidades rurales. Para estos pueblos, el desplazamiento no representa únicamente la pérdida de una vivienda, sino también la ruptura de prácticas culturales, formas de organización comunitaria, sistemas tradicionales de subsistencia y vínculos con el territorio.
En la comunidad ódami de La Sierrita, por ejemplo, alrededor de 60 personas fueron desplazadas en junio de 2023 debido al recrudecimiento de la inseguridad relacionado con la tala ilegal y la presencia de grupos armados.
Las familias fueron trasladadas a refugios en Delicias, pero la MCO encontró condiciones de hacinamiento, problemas de salubridad y dificultades para acceder a vivienda, alimentación, salud, educación, atención jurídica y medios de subsistencia.
La situación también se extiende a familias que llevan años desplazadas. En los casos de El Manzano y Monterde, algunas familias fueron expulsadas desde 2015 y, pese a contar con sentencias judiciales favorables, continúan sin recuperar sus bienes ni contar con condiciones para regresar de manera segura.
Mujeres, niñas y adolescentes enfrentan violencias diferenciadas
El desplazamiento también tiene impactos específicos para mujeres, niñas, niños y adolescentes.
La MCO documentó violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres como parte de las agresiones ejercidas por grupos criminales en las comunidades afectadas.
En Atascaderos, Guadalupe y Calvo, el informe documenta que más de 600 personas llegaron a Hidalgo del Parral durante 2026 después de huir de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y amenazas de reclutamiento forzado contra jóvenes.
En ese contexto, el 26 de febrero fue sustraída de su domicilio Kenya Anayeli V.R., una adolescente indígena de 14 años, quien posteriormente fue localizada sin vida. El informe vincula este caso con el contexto de violencia y desplazamiento que afectó a Atascaderos.
En Tamazula, Durango, la MCO documentó al menos 368 personas desplazadas durante 2026, en su mayoría mujeres, niñas y niños, debido al miedo provocado por enfrentamientos entre grupos criminales, bloqueos de rutas, desabasto de alimentos y combustible y amenazas de reclutamiento forzado.
Un retorno que terminó en asesinato y desapariciones
Uno de los casos más graves documentados por la MCO ocurrió en Atascaderos.
En marzo de 2026, las autoridades organizaron el retorno de personas desplazadas a su comunidad. Sin embargo, la Misión concluyó que el regreso se realizó sin un análisis de riesgo suficiente y sin garantizar condiciones de seguridad para la permanencia.
De acuerdo con el informe, una persona fue asesinada después de regresar y otras dos desaparecieron, una de ellas durante el retorno y otra tres meses después. Para la MCO, estos hechos evidencian que el operativo no contó con las medidas necesarias para garantizar un retorno seguro.
Por ello, una de las recomendaciones centrales de la Misión es que las autoridades prohíban los retornos mientras no existan garantías reales de seguridad y protección.
Chihuahua acumula denuncias, pero persiste la impunidad
El crecimiento del desplazamiento ocurre en un contexto de impunidad.
De acuerdo con información citada en el informe, entre 2023 y septiembre de 2025 se habían recibido 83 denuncias por desplazamiento forzado interno en Chihuahua. De ellas, 39 correspondían a Guadalupe y Calvo, 18 a Uruachi y ocho a Moris.
La MCO señala además que existen dos sentencias favorables a familias de Uruachi y Guazapares, aunque su cumplimiento no ha sido íntegro.
En sus hallazgos, las organizaciones cuestionan que la respuesta institucional continúe siendo fragmentada, asistencial y sin una estrategia de largo plazo. También advierten sobre la falta de un registro público que permita conocer con precisión la dimensión del desplazamiento forzado interno en Chihuahua.
Organizaciones piden reconocer el desplazamiento forzado
La Misión Civil de Observación plantea que el Estado mexicano reconozca oficialmente la magnitud del desplazamiento forzado interno y establezca una política pública integral.
Entre sus recomendaciones se encuentran crear un Registro Estatal de Personas Desplazadas Internamente, fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, garantizar el acceso a la justicia y acelerar las investigaciones sobre las denuncias existentes.
También plantea impulsar una Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno que establezca responsabilidades claras para los distintos niveles de gobierno y contemple prevención, protección, atención, reparación integral y soluciones duraderas.
Para leer el informe completo consultar el siguiente link: https://redtdt.org.mx/wp-content/uploads/2026/08/Informe-MCO-DFI-Chih-10082026.pdf