*Por Edith González Cruz
07.12.2023 Ciudad de México.- De acuerdo con datos del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) adscrito a la Secretaría de Salud (SSA), en el 2022 más de 5.5 millones de mujeres de 15 años o más estaban en riesgo de sufrir violencia, lo que deriva en un problema también de salud pública, por tanto se determinó que accederían a los servicios de este centro especializado; sin embargo, bajo el análisis de Fundar Centro de Análisis e Investigación, se reveló que el presupuesto asignado al programa «Salud Materna, Sexual y Reproductiva» no llega a los $20 pesos por cada mujer.
Aún siendo la institución pública que mayores recursos destina al componente de salud sexual y reproductiva, en comparación con los recursos que destinan las entidades federativas a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33.
“Si dividimos el presupuesto del 2022 asignado al programa Salud Materna, Sexual y Reproductiva, entre la población objetivo, se destinan solo $19.30 pesos por mujer, cifra insuficiente, considerando que la atención de los efectos de la violencia requiere, a menudo, servicios integrales en donde se conjuga atención psicológica, médica, número de profesionales de la salud, insumos, calidad de servicios, etc.”, señaló en entrevista para Cimacnoticias, Matilde Pérez, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate la Corrupción e integrante del Grupo de género de Fundar.
Recursos insuficientes para un país con altos niveles de violencia contra las mujeres. El 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más han experimentado violencia al menos una vez en su vida. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, el tipo de violencia de mayor prevalencia fue la violencia psicológica (51.6 por ciento), seguida de la sexual (49.7 por ciento), la física (34.7 por ciento) y la económica, patrimonial o discriminatoria (27.4 por ciento).
La violencia contra las mujeres es un grave problema de salud pública con consecuencias sociales y que afecta directamente el disfrute de sus derechos. Por ello, desde el 2003, la Secretaría de Salud (SSA) creó el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual para prevenir, detectar y atender la violencia en los servicios de salud. Dentro de este programa existe un componente de violencia de género, que es el primer punto de contacto de las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia con las instituciones, de ahí su importancia y atención en temas de recursos públicos.
23 estados con alerta de violencia de género
A pesar de que la federación, así como los 32 estados deben asignar recursos suficientes, el presupuesto para el componente de violencia de género en los servicios de salud disminuyó en más de la mitad entre 2020-2022 (-55 por ciento), al pasar de 236.9 millones de pesos (mdp) a 106.2 mdp en 2022. Ello a pesar de que 23 estados cuentan con una alerta de violencia de género, además de que en México, en promedio, son asesinadas 11 mujeres al día.
“En realidad todo el tema de presupuesto para atención de la violencia está desfinanciado. Existen otros análisis que hemos realizado, como el del Anexo 13 [Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres], y en realidad todos los los programas para violencia, tienen un retrocesos”, indicó Matilde Pérez.
Aunque el presupuesto 2024 para el programa “Salud, Materna Sexual y Reproductiva” plantea un incremento del 17.2 por ciento, en realidad este aumento no alcanza a recuperar los niveles que tenía el 2019, año en el que más más recursos se etiquetaron para este programa. Para la experta en temas presupuestales en materia de género, este incremento no compensa todos los recortes que se han hecho a este programa.
“Estamos hablando solo de los recursos que se aprueban, si nos metemos a las adecuaciones presupuestarias, ahí está otro problema. Los recursos de programas para la igualdad entre mujeres y hombres y para grupos vulnerables no están sujetos a este tipo de modificaciones; sin embargo se hacen. Legalmente, el Ejecutivo, durante el año, tiene la facultad de hacer adecuaciones presupuestarias a la baja o a la alta, pero al mismo tiempo, la la Ley de Responsabilidad señala que los programas que promueven la igualdad no tendrían que modificarse”, señaló.
Otro problema señalado por Fundar es el poco compromiso de algunas entidades para financiar la atención de la violencia de género en sus servicios de salud. Algunos estados destinan nada o pocos recursos del FASSA-Ramo 33.
Entre 2020 y 2022, Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca y Tabasco no etiquetaron ningún recurso del FASSA; otros estados asignan ínfimos recursos. En 2022, estados como Colima y Sinaloa destinaron menos de 20 mil pesos para este componente, Hidalgo asignó menos de mil pesos.
Por lo anterior, para Fundar es urgente que las entidades asignen mayores presupuestos a la atención de la violencia de género en sus servicios de salud y transparenten los criterios utilizados para asignar estos recursos.
“A los recursos del FASSA se le tienen que colocar reglas o algún candado mínimo, porque si bien es decisión de cada entidad cuánto le asigna, sí se tendrían que poner ciertos límites, no puedes etiquetar menos del 1 por ciento”, comentó la experta en temas de género.
De acuerdo con las reglas del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEFs), los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales incluyen un monto equivalente al 0.1 por ciento de dichos recursos y dan cumplimiento a lo establecido en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).
Retrocesos en la transparencia y rendición de cuentas
Al entrar la administración de Felipe Calderón (2006-2012) con una agenda que preveía políticas de retroceso en materia de los derechos de las mujeres, especialmente en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, el movimiento feminista y organizaciones sociales con agendas de mujeres, se agruparon bajo la Coalición por la Salud de las Mujeres, para impulsar la perspectiva de género en la legislación, en las políticas públicas y en el presupuesto público a nivel federal y local, con especial énfasis en los derechos sexuales y reproductivos.
Lograron la publicación de varias normativas, incluida la Norma Oficial Mexicana (NOM-046) para la prevención y atención inmediata y con perspectiva de derechos humanos de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, adolescentes y niñas por el personal de salud de todos los subsistemas públicos y privados.
Así como la creación de distintas herramientas de transparencia, una de ellas fueron los convenios para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE) y la plataforma SIAFASPE, dos herramientas que fueron parteaguas en temas de transparencia y rendición de cuentas porque las entidades empezaron a reportar cuántos recursos se asignaban a temas de salud sexuales reproductiva.
Con esta información, Fundar ha dado seguimiento y detectado que la salud sexual y reproductiva se financia de tres fuentes: de los recursos de salud del Ramo 12; de recursos de lo que antes era el Seguro Popular y ahora es IMSS-Bienestar y de los recursos del Ramo 33, que son los Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
Sin embargo, solo existe información pública disponible del presupuesto asignado de dos de ellos: el CNEGSR de la SSA a través del programa presupuestal Salud, Materna, Sexual y Reproductiva (SMSyR) y los servicios de salud estatales que asignan recursos del FASSA Ramo 33 a este componente. Desde 2021, no es posible conocer lo que el IMSS-BIENESTAR (antes INSABI), destina para este componente a través del programa presupuestario U013.
Además, el monto destinado a cada componente del programa SMSyR, como aborto seguro, violencia, salud materna, no aparece desagregado, la única forma de conocerlo es a través de los convenios para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE), pero hasta el cierre de este informe, el CNEGSR reportó, a través de solicitudes de información pública realizadas por Fundar, que los convenios correspondientes al 2023 no se habían firmado. Posiblemente, no se tendrán esos datos desagregados, ni datos del 2024.
La importancia del Ramo 33
Los gobiernos locales y municipales deben distribuir los recursos federales del Ramo 33 en siete áreas prioritarias para el desarrollo nacional como son: educación básica y normal; salud; seguridad pública; combate a la pobreza; asistencia social; infraestructura básica y educativa; y fortalecimiento de las entidades federativas y municipios.
Los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales (que incluyen el FASSA) que se indican en el Presupuesto de Egresos de la Federación incluyen un monto equivalente al 0.1 por ciento de dichos recursos y dan cumplimiento a lo establecido en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).
Los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) permiten fortalecer las acciones para garantizar una vida sana, que se traduzca en el bienestar para toda la población sin seguridad social, con acceso a atención médica de profesionales de la salud y medicamentos gratuitos. Las 32 entidades federativas a través del FASSA, destinan el recurso para acciones de prevención, promoción, detección y tratamiento en todos los niveles de atención; atención a la comunidad y a la persona.
Posiblemente esta omisión o poca inversión en temas de salud sea lo que llevó a los senadores de Morena a empujar, este 5 de diciembre, una reforma que despojará a 23 estados de sus fondos para salud para concentrarlos en la Federación.
El proyecto aprobado reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Salud, para permitir acceso al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a las entidades que no suscriban el convenio con los servicios de salud del IMSS-Bienestar. De acuerdo con el dictamen aprobado, la Federación absorbería una bolsa de más de 120 mil millones de pesos que está en manos de los estados.
“La salud es universal, es un derecho para todos, y lo que se está planteando es armonizar la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Salud. Se trata de una reforma que evitará la corrupción, de ahí, salían los fondos para las campañas, de ahí se servían con la cuchara grande las administraciones del viejo régimen. Y eso se terminó: ahora con el IMSS-Bienestar se va a federalizar para que se evite la corrupción”, puntualizó el senador Gabriel García, de Morena.
La emecista Patricia Mercado votó en favor, a pesar de que el Grupo Plural le reclamó que sufragara en contra.
El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
La Secretaría de Salud creó en 2003 el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) como un órgano desconcentrado con la tarea de contribuir a incorporar la perspectiva de género en el área de salud y a mejorar la salud sexual y reproductiva de la población a través de programas y acciones sustentados en evidencias científicas, mejores prácticas y las necesidades de salud de la población.
El CNEGSRl quedó a cargo de los programas de acción específicos (PAE) coordinados por las dependencias fusionadas: Igualdad de Género en Salud, Violencia de Género y los relacionados con salud reproductiva (salud materna y perinatal), Cáncer de Mama y Cérvico-uterino, Planificación Familiar y Salud Reproductiva del Adolescente.
El programa presupuestal (Pp) P020 Salud Materna, Sexual y Reproductiva (SMSR) es producto de la fusión en 2016 de los programas Atención a la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud y, Reducción de la Mortalidad Materna.
