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09.10.2025.- El Congreso de la República del Perú aprobó la noche del 9 de octubre de 2025 la destitución de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, tras un proceso exprés que acumuló cuatro mociones de vacancia en menos de 24 horas.
La decisión fue tomada con 118 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, superando con holgura los dos tercios necesarios para remover a la mandataria del cargo.
La sesión, convocada de forma extraordinaria para las 23:30 horas, culminó sin la presencia de Boluarte, quien se negó a comparecer ante el pleno para ejercer su defensa.
La destitución se da a seis meses de las elecciones generales previstas para 2026, en un contexto de creciente tensión institucional, crisis de seguridad y pérdida de respaldo político.
Las fuerzas conservadoras que inicialmente sostuvieron a Boluarte en el poder se sumaron a la iniciativa de vacancia, en medio de acusaciones por “incapacidad moral permanente”, una figura jurídica ambigua que ha sido utilizada en otros procesos de destitución en el país.
Dina Boluarte asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, de quien fue vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Su llegada al poder fue recibida con escepticismo por diversos sectores sociales, que la consideraban una figura de transición.
Sin embargo, su permanencia se extendió por casi tres años, marcada por episodios de represión, crisis de gobernabilidad y una creciente desconexión con las demandas ciudadanas.
Durante su mandato, Boluarte enfrentó múltiples protestas sociales, especialmente en el sur del país, donde se registraron decenas de muertes en enfrentamientos con fuerzas del orden.
Su gobierno fue criticado por organismos nacionales e internacionales por el uso excesivo de la fuerza y la falta de diálogo con las comunidades afectadas. A pesar de los llamados a rendir cuentas, la mandataria mantuvo una postura firme, defendiendo la actuación de las fuerzas de seguridad y apelando a la estabilidad institucional.
En los últimos meses, la situación se agravó por una serie de escándalos relacionados con presuntas irregularidades en contrataciones públicas, falta de transparencia en el manejo de fondos sociales y una creciente percepción de aislamiento político.
La crisis de seguridad, con el incremento de delitos violentos y la expansión de economías ilegales en zonas rurales, terminó por erosionar el respaldo parlamentario que aún conservaba.
La figura de Dina Boluarte, abogada de profesión y funcionaria pública de larga trayectoria, se caracterizó por una gestión técnica y poco carismática. Nacida en Chalhuanca, Apurímac, en 1962, Boluarte se desempeñó durante años en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), antes de incursionar en la política con el partido Perú Libre. Su ascenso fue meteórico, pero su caída refleja las complejidades de un sistema político marcado por la fragmentación, la volatilidad y la desconfianza ciudadana.
Con su destitución, el Congreso deberá definir en las próximas horas el mecanismo de sucesión, mientras se mantiene la incertidumbre sobre la gobernabilidad en el país.
La salida de Boluarte no sólo cierra un ciclo de transición post-Castillo (también destituido), sino que abre un nuevo capítulo en la historia política peruana.
Fuentes Agencias
