*Responde a nuevas líneas de investigación, afirma.
07.08.2026 Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, tenga un trasfondo político y sostuvo que la captura forma parte de una investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) ha desarrollado durante varios meses a partir de nuevas herramientas de análisis y de líneas de investigación relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Durante su conferencia de este viernes, la mandataria fue cuestionada directamente sobre si observaba un trasfondo político en la detención del exgobernador, ocurrida el jueves en el Estado de México. Su respuesta fue tajante: “No, nada. No tiene nada que ver con un tema político, es parte de la investigación”.
Sheinbaum explicó que la investigación no necesariamente parte de evidencias completamente nuevas, sino de un análisis mucho más profundo de información que ya se encontraba en las carpetas del caso Ayotzinapa y que ahora está siendo revisada mediante otras herramientas de inteligencia e investigación.
“No quisiera dar detalles porque es parte de un proceso y, además, le corresponde a la FGR”, señaló la presidenta, antes de explicar que el análisis científico de evidencias que ya existían puede abrir nuevas posibilidades para establecer responsabilidades.
La mandataria añadió que “las mismas evidencias” pueden conducir a conclusiones diferentes cuando son sometidas a nuevos métodos de análisis. Según explicó, la Fiscalía ha utilizado herramientas de investigación que permiten profundizar en registros, comunicaciones y relaciones entre personas que estuvieron involucradas directa o indirectamente en los acontecimientos de septiembre de 2014.
Uno de los elementos que destacó fueron las llamadas telefónicas realizadas durante la noche de la desaparición de los estudiantes y en los días posteriores.
“Hay muchas sábanas de llamadas de teléfono que se hicieron esa noche y posteriores que habían sido analizadas hasta cierto nivel”, explicó Sheinbaum. Ahora, dijo, la investigación busca establecer con mayor precisión “qué llamada se conecta con qué llamada, qué persona se conecta con qué persona, qué pasó con esa persona, a qué horas hablaron, cuántas veces se hablaron”.
La presidenta aclaró que se trata de registros de hace más de una década, por lo que actualmente no sería posible obtener nuevamente esa información de las compañías telefónicas en las mismas condiciones. Sin embargo, los datos existentes quedaron integrados en las carpetas de investigación y ahora están siendo examinados con herramientas diferentes.
“Esa evidencia está en las carpetas, por lo que el nuevo fiscal lo que hizo fue revisar a mayor detalle y con otras herramientas de investigación”, afirmó.
La detención de Aguirre ocurre casi 12 años después de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala y sus alrededores.
El exmandatario gobernaba Guerrero en aquel momento. Tras la desaparición de los jóvenes, su administración quedó bajo fuertes cuestionamientos por la respuesta de las autoridades estatales y por las investigaciones realizadas en los primeros días del caso. Aguirre dejó el cargo el 23 de octubre de 2014, casi un mes después de los hechos.
Durante años, su nombre apareció asociado a distintas líneas de investigación y cuestionamientos sobre la actuación del gobierno estatal, aunque no había sido detenido ni procesado penalmente por el caso.
Ahora, la FGR sostiene que existen elementos que lo vinculan con el presunto ocultamiento o destrucción de evidencia relacionada con las horas posteriores a la desaparición de los estudiantes.
Uno de los puntos que tomó relevancia en esta nueva etapa es un conjunto de videograbaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, esas imágenes podrían haber registrado el paso y la detención de uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas. La existencia de esas grabaciones y las circunstancias en que fueron sustraídas o destruidas se convirtieron en una nueva vertiente de la investigación.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, ha señalado que nuevos testimonios llevaron a la Fiscalía a profundizar en esa línea. De acuerdo con la información difundida sobre la investigación, un testimonio previo apuntó a la sustracción de las grabaciones y posteriormente otro testigo señaló directamente al entonces gobernador como quien habría ordenado desaparecer evidencias. La FGR sostiene que el ocultamiento de esas grabaciones habría sido una operación organizada desde altos niveles del gobierno estatal.
Sheinbaum evitó confirmar detalles específicos de esas imputaciones y remarcó que corresponde a la Fiscalía presentar las pruebas, testimonios y circunstancias que sustentan la orden de aprehensión.
“Esta detención tiene que ver con un trabajo que viene haciendo ya desde hace muchos meses la FGR”, sostuvo. Agregó que será esa institución la encargada de explicar “las evidencias de esta detención, las causas y circunstancias, así como los testimonios”.
La presidenta insistió en que el objetivo de esta nueva etapa no es únicamente determinar responsabilidades penales, sino esclarecer qué ocurrió con los estudiantes y conocer su paradero.
“Lo importante para nosotros, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos que lleva Arturo Medina, que tiene la comisión de investigación, la propia FGR, el trabajo de diálogo con los padres y madres de familia, es poder llegar a la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes”, afirmó.
Sheinbaum también anunció que a finales de agosto sostendrá una nueva reunión con las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos. La intención, explicó, es informarles sobre los avances de las investigaciones y explicar las nuevas líneas que han surgido.
“Ha habido nuevos hallazgos”, dijo la presidenta, aunque aclaró que algunos elementos todavía no pueden hacerse públicos porque forman parte de una investigación en curso.
La decisión de no revelar anticipadamente todos los detalles también fue utilizada para explicar por qué los familiares de los normalistas conocieron la detención de Aguirre a través de los medios de comunicación y no mediante una comunicación previa del gobierno.
Sheinbaum sostuvo que informar anticipadamente determinados elementos podía poner en riesgo la investigación. La Fiscalía, adelantó, será la encargada de explicar públicamente los detalles cuando sea posible.
La postura presidencial coloca nuevamente el caso Ayotzinapa en el centro de la agenda nacional y, al mismo tiempo, abre una nueva etapa en una investigación que durante casi 12 años ha atravesado distintas versiones oficiales, investigaciones independientes, procesos judiciales y reclamos permanentes de los familiares.
La desaparición de los estudiantes ocurrió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y dio lugar a la denominada “verdad histórica”, presentada en 2015 por el entonces procurador Jesús Murillo Karam. Esa versión fue posteriormente cuestionada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y por otras investigaciones que señalaron inconsistencias y posibles irregularidades en la investigación inicial.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia se creó una nueva estructura para investigar el caso y se impulsaron nuevas diligencias. Durante ese sexenio también fueron detenidos diversos funcionarios y militares relacionados con la investigación, incluido Murillo Karam.
Sheinbaum, desde el inicio de su gobierno, ha sostenido que la investigación debe continuar a partir de las evidencias disponibles y de nuevas herramientas científicas. En enero de 2025 explicó que su gobierno estaba revisando nuevamente las carpetas y elementos que no habían sido considerados anteriormente y afirmó que ese proceso ya había permitido nuevas detenciones.
Meses después, en mayo de 2025, cuando fue cuestionada específicamente sobre la posibilidad de investigar a Ángel Aguirre por la desaparición o destrucción de los videos del Palacio de Justicia de Iguala, la presidenta había respondido que esa decisión correspondía a la Fiscalía.
“Pues eso lo tiene que definir la Fiscalía, no lo define la Presidenta, eso es algo que está en las investigaciones”, dijo entonces. También señaló que había una nueva orientación en las investigaciones y que se daría más información una vez que los padres y madres de los normalistas fueran informados.
Ahora, poco más de un año después de aquella respuesta, Aguirre se encuentra detenido y enfrenta una investigación federal relacionada con esos hechos.
El contraste es relevante: la presidenta insiste en que no se trata de una decisión política de su gobierno, sino de una actuación de la Fiscalía derivada de una investigación que lleva meses desarrollándose. La conducción jurídica del expediente, subrayó, corresponde a la FGR.
“Hay distintas líneas de investigación que llevan a detenciones”, explicó Sheinbaum, al insistir en que no todas las personas que han aparecido en las pesquisas habían sido consideradas inicialmente como posibles responsables.
La mandataria también dejó abierta la posibilidad de nuevas detenciones conforme avancen las indagatorias. De acuerdo con su explicación, algunas personas detenidas recientemente han proporcionado testimonios que han llevado a los investigadores hacia otras rutas.
“Se han detenido a más personas, algunas que nunca habían aparecido como presuntos responsables, quienes han dado testimonios y llevan a otras líneas de investigación”, señaló.
La detención de Aguirre, por ello, no representa el cierre del caso, sino la apertura de una nueva etapa. La Fiscalía deberá acreditar ante los tribunales los elementos que sustentan las acusaciones y establecer la responsabilidad individual del exgobernador, mientras que las familias continúan esperando respuestas sobre el destino de sus hijos.
Para Sheinbaum, el punto central permanece intacto: “El objetivo final es saber la verdad, hacer justicia y encontrar a los jóvenes”.
La investigación tendrá ahora que demostrar si las nuevas herramientas de análisis, los registros telefónicos, los testimonios y la revisión de evidencias permiten reconstruir con mayor precisión lo ocurrido aquella noche de septiembre de 2014 y, sobre todo, determinar quiénes participaron en la desaparición de los estudiantes y quiénes intervinieron posteriormente para ocultar información.
Mientras tanto, la presidenta busca dejar claro que la detención de quien fuera gobernador de Guerrero no responde, según su versión, a una decisión partidista o a una confrontación política: “No tiene nada que ver con un tema político, es parte de la investigación”.
La palabra final, sin embargo, no corresponderá al Ejecutivo. Será la Fiscalía la que tendrá que presentar las pruebas y los tribunales los que determinen si son suficientes para acreditar los delitos que se le imputan a Ángel Aguirre Rivero.