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27/06/2022/ Ciudad de México.- La subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración reconoció que una mujer detenida en México, o ya al interior de un Centro de Reinserción Social (Cereso), es sinónimo de víctima de tortura sexual.
El subsecretario Alejandro Encinas presidió la presentación del Diagnóstico Nacional sobre tortura sexual contra mujeres privadas de la libertad en México, para dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Internacional de Derechos Humanos
El 10.14 por ciento de las personas privadas de la libertad (PPL) femeninas, es decir mil 280 de 12 mil 625, detallaron cómo elementos de policías locales, federales o las Fuerzas Armadas, así como trabajadores del Poder Judicial las victimaron desde su detención hasta su ingreso al penal y en muchos casos pese a probarlo permanecen recluidas como sucede con July N, en Veracruz.
El diagnóstico pretende impulsar acciones puntuales para enfrentar este problema, del mismo se derivan 31 recomendaciones a 10 instituciones públicas para fortalecer la participación y establecer mecanismos que permitan prevenir y castigar la tortura a mujeres detenidas.
En este contexto es que se decidió crear este primer Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad en México, a través de 1,280 entrevistas a mujeres privadas de libertad en 66 penales distribuidos en las 32 entidades de la república.
Dan cuenta de la compleja condición que las mujeres enfrentan cuando están involucradas en hechos delictivos, se identifican las condiciones sociales, económicas y culturales a las que se enfrentaban previo a su detención, se identifica que muchas de ellas no cuentan con solvencia económica, no son tomadas en serio por sus defensores y en los centros penitenciarios son abandonadas por sus familias.
Se describe con detalle, que 7 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo tipo de violencia, incluyendo la tortura sexual, en las diferentes etapas del proceso, como el arresto y traslado, puesta a disposición ante el ministerio público, arraigo, traslado y estancia en centro de reclusión y la etapa de juicio,.
Se identifica la ocurrencia del fenómeno, los momentos y formas de mayor comisión, las autoridades que participan, adicionalmente se evidencía la capacidad institucional para perseguir, investigar y sancionar esta cruel práctica.
Como parte de la “normalización” de la violencia, algunas mujeres que participaron en la entrevista, en un principio no se reconocían como víctimas; sin embargo, durante el desarrollo del cuestionario pudieron identificar algunas prácticas violatorias de derechos humanos, con lo cual, la cifra de mujeres violentadas se incrementa de 7 a 8 de cada 10 mujeres que fueron víctimas de violencia en algún momento de su proceso judicial.
Las entrevistas se realizaron en 19 centros femeniles, 46 mixtos y uno federal
Se procuró que la realización de las entrevistas se desarrollaran en un espacio libre para que las mujeres entrevistadas compartieran sus vivencias, con la finalidad de recuperar información que escapara a las preguntas 13PRESENTACIÓN explícitas, pero sobre todo para conocer las historias de vida, sin revictimizar. Se detectó que sus historias están transversalmente marcadas por un miedo permanente a ser agredidas de nueva cuenta.
Se identifican temporalidades y regiones específicas en las que se detectó un gran número de detenciones, en entidades y momentos de conflicto armado entre la autoridad y el crimen organizado, lo que sirvió para engrosar artificialmente las estadísticas de personas capturadas y enviadas a prisión y mostrarlas como logros de los gobiernos anteriores.
El presente diagnóstico es un esfuerzo del actual Gobierno de México que coloca en la agenda pública a la tortura sexual como un problema prácticamente invisibilizado, que evidencía fallas estructurales en el sistema de procuración e impartición de justicia, pero además, nos permite identificar los retos de la administración pública y los desafíos que como sociedad debemos superar, en donde la corrupción, la inseguridad y la violencia mantiene como rehenes a las personas más pobres, marginadas y desvalidas, quienes han sido históricamente las víctimas permanentes de la violación a sus derechos humanos.
Dentro de los resolutivos, se instruye al Estado Mexicano a continuar las investigaciones para sancionar a los responsables de las víctimas de tortura sexual, brindar de forma gratuita tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, publicar la sentencia, realizar un acto de reconocimiento público de la responsabilidad internacional, capacitar a la policía federal y del Estado de México, establecer un mecanismo de monitoreo de uso de la fuerza, entregar becas, pagar reparaciones, fortalecer el Mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual cometida contra mujeres, que debe incluir la realización de un diagnóstico y formular propuestas de política pública de manera períodica, el cual en su párrafo 360 ordena lo siguiente:
” …en un plazo de dos años, elabore un plan de fortalecimiento calendarizado del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres, que incluya la asignación de recursos para el cumplimiento de sus funciones en el territorio nacional, y establezca plazos anuales para la presentación de informes. En particular, el Estado deberá incluir dentro de las funciones del mecanismo la realización de un diagnóstico del fenómeno de la tortura sexual a mujeres en el país y formular propuestas de políticas públicas de manera periódica.”
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