- Alguien como tú .
/ Gladys Pérez Maldonado /
El 30 de julio, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional contra la Trata de Personas, ofrece una oportunidad crucial para reflexionar sobre la gravedad de este fenómeno global. En México, la trata de personas representa una de las violaciones más severas a los derechos humanos, afectando de manera desproporcionada a mujeres, niñas, niños y comunidades vulnerables.
En esta ocasión abordamos el problema desde un enfoque jurídico y estadístico, analizando el marco legal nacional e internacional, los retos institucionales y los datos empíricos que evidencian la magnitud del problema. El objetivo es generar conciencia y proponer estrategias para fortalecer la prevención, sanción y erradicación de este delito en el contexto mexicano.
La trata de personas constituye una forma moderna de esclavitud y una de las industrias criminales más lucrativas del mundo, superada solo por el tráfico de drogas y armas. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2022), más de 50 millones de personas en el mundo son víctimas de trabajo forzoso y explotación sexual. El caso de México es especialmente preocupante debido a su posición geográfica como país de origen, tránsito y destino de víctimas.
El Día Internacional contra la Trata de Personas, establecido en 2013 mediante la Resolución A/RES/68/192 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, busca visibilizar esta problemática y promover acciones coordinadas entre gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales (ONU, 2013). En este contexto, resulta fundamental analizar la situación en México desde un enfoque jurídico y estadístico, que permita evaluar la eficacia del marco legal, identificar vacíos institucionales y proponer soluciones con base en evidencia.
México es Estado parte del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (2000), mejor conocido como Protocolo de Palermo, el cual define la trata de personas como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, con fines de explotación” (ONU, 2000).
Este instrumento internacional obliga a los Estados a prevenir la trata, proteger a las víctimas y sancionar a los responsables, principios incorporados en el marco normativo mexicano.
En cumplimiento de sus obligaciones internacionales, México promulgó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas (DOF, 2012), que reconoce once modalidades del delito, incluyendo explotación sexual, trabajos forzados, esclavitud, tráfico de órganos, entre otros.
La ley también contempla derechos para las víctimas, como la atención médica, psicológica, jurídica, la protección y la reparación integral del daño. No obstante, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2021) ha señalado que su aplicación enfrenta importantes obstáculos: falta de armonización legislativa entre entidades federativas, recursos limitados y deficiencias en la capacitación del personal.
Uno de los mayores retos en el combate a la trata en México es el subregistro. Entre 2015 y 2020, se iniciaron solo 1,750 carpetas de investigación por este delito a nivel nacional (CNDH, 2021). Esta cifra contrasta con las estimaciones de organizaciones de la sociedad civil, como la Comisión Unidos Contra la Trata (2023), que advierten que podrían existir más de 800,000 víctimas invisibles en todo el país.
Este fenómeno se explica por factores como el miedo de las víctimas a denunciar, la revictimización por parte de las autoridades, la corrupción y la infiltración del crimen organizado en redes de trata.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2022), en América Latina el 65% de las víctimas detectadas son mujeres y niñas, y más del 50% son explotadas sexualmente. En México, la CNDH reporta que entre 2015 y 2021, el 85% de las víctimas identificadas eran mujeres, y casi la mitad eran menores de edad.
A ello se suma la discriminación estructural, muchas víctimas provienen de comunidades indígenas, rurales o en situación de pobreza extrema, lo que incrementa su vulnerabilidad y limita su acceso a la justicia.
A pesar del marco normativo, en México existe una fragmentación institucional que dificulta la persecución del delito. Muchas entidades federativas no han armonizado su legislación local con la ley general, y la mayoría no cuenta con fiscalías especializadas ni refugios adecuados, (CNDH, 2021).
Además, persiste una falta de capacitación especializada para quienes integran los sistemas de procuración e impartición de justicia. Las víctimas son con frecuencia criminalizadas o ignoradas, lo cual agrava su situación. Según la OIT (2022), la falta de enfoque de género e interseccionalidad limita la identificación de víctimas y el acceso a medidas efectivas de protección y reparación.
Desde este espacio proponemos algunas estrategias para lograr una respuesta efectiva en aras de combatir y erradicar la trata de personas, como: 1. Fortalecimiento institucional: Asignar presupuesto y personal a fiscalías especializadas y garantizar refugios en cada entidad. 2. Capacitación especializada: Formación continua en derechos humanos, género, infancia e interculturalidad para operadores de justicia. 3. Campañas de prevención: Implementar campañas educativas permanentes enfocadas en sectores vulnerables, especialmente mujeres, niñas y migrantes. 4. Coordinación multinivel: Establecer mecanismos de cooperación efectiva entre niveles de gobierno y con organismos internacionales. 5. Atención integral a víctimas: Asegurar su acceso a justicia, salud, educación, vivienda y empleo.
El Día Internacional contra la Trata de Personas debe ser más que un recordatorio simbólico, es un llamado urgente a la acción estatal, judicial y social. En México, este delito se perpetúa bajo un contexto de impunidad, corrupción y violencia estructural. Si bien existen avances legislativos, estos no se han traducido en una protección efectiva de los derechos humanos.
Erradicar la trata de personas requiere de una respuesta integral y articulada. Solo así será posible cumplir con los compromisos internacionales, pero sobre todo con la deuda histórica hacia miles de personas que han sido despojadas de su libertad y dignidad…
