Por Dania Ravel, Consejera Electoral del INE.
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (ENDIREH, 2021), el 70.1% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de su vida, predominando la violencia psicológica (51.6%), seguida de la violencia sexual (49.7%), la violencia física (34.7%) y la violencia económica, patrimonial o discriminatoria (27.4%). Si se comparan estos resultados con respecto a 2016, en cinco años la violencia contra las mujeres ha crecido cuatro puntos porcentuales. En México, la violencia contra las mujeres ha escalado significativamente; por ejemplo, 2021 ha sido el año más violento para las mujeres dado que, además de los feminicidios reportados, 2,746 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso, lo que implica que 3,750 mujeres poco más de 10 mujeres al día murieron violentamente durante el año pasado.
Por otro lado, la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPG) es el principal obstáculo que enfrentan para ejercer efectivamente sus derechos político-electorales. En el marco de los trabajos realizados por la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación (CIGyND) del INE, se presentó un informe titulado: Diseño de una metodología triangulada de indicadores cualitativos y cuantitativos, que evalúe la prevalencia de la Violencia Política por Razón de Genero en México y su impacto en el ejercicio de los derechos políticos de las Candidatas a puestos de elección popular (https://bit.ly/3q5Nm4T), del que se desprende que el feminicidio es un foco rojo, toda vez que 34.29% de las encuestadas es decir 1 de cada 3 mujeres temían hacer su carrera política ante el riesgo potencial de ser asesinadas. La VPG es una realidad lacerante para las mujeres y un atentado contra la democracia al operar como un mecanismo para mantener y reproducir el poder patriarcal y, sobre todo, para excluir a las mujeres del ámbito público por el simple hecho de ser mujeres, a partir de la reproducción de roles y estereotipos de género nocivos que han favorecido contextos de opresión, desventaja y discriminación.
En este contexto, desde el 13 de abril del 2020 se reformaron y adicionaron diversas disposiciones legales sobre VPG a efecto de definirla, establecer las competencias de las autoridades en su atención y señalar un catálogo de conductas que configuran dicho tipo de violencia. Así, en la reforma se dispuso que el Procedimiento Especial Sancionador (PES) sería la única vía para atender las quejas o denuncias que se presentaran en materia de VPG, en el ámbito electoral.
Por este motivo, la CIGyND del INE estableció en su programa anual de actividades 20212022 el desarrollo del Diagnóstico Nacional para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (https://bit.ly/3RdLG54), que tiene como propósito identificar los procesos en la instrumentación de acciones en materia de atención de la VPG, a nivel federal y local, a partir de la reforma y hasta el 31 de diciembre del 2021.
A lo largo de 33 capítulos uno por cada entidad federativa, además del nacional se hace un análisis minucioso sobre la efectividad y la atención que se da a estos casos en todo el país. La publicación identifica las buenas prácticas, así como las áreas de oportunidad o mejora para salvaguardar la integridad y los derechos político-electorales de las mujeres en el país. Del Diagnóstico se desprende que, al 31 de diciembre de 2021, 27 entidades habían armonizado su legislación local con la federal (salvo Baja California Sur, Chiapas, Michoacán, Morelos y Veracruz). Durante el periodo reportado hubo 1,025 mujeres denunciantes en su mayoría candidatas a una presidencia municipal y regidoras y se iniciaron 947 procedimientos por este tipo de violencia, de los cuales 83% habían concluido, 15% estaban en sustanciación y 2% impugnados. Nuevo León, Estado de México y Guanajuato fueron las entidades que reportaron el mayor número de personas denunciadas. También se indica que 1,622 personas fueron denunciadas, de ellas el 83% fueron personas físicas de las cuales el 81% eran hombres, casi 19% mujeres y menos del 1% se desconocía.
Un dato revelador indica que, en cada OPL, cinco personas en promedio se encargan de gestionar quejas o denuncias relacionadas con VPG, habiendo entidades donde sólo hay una o dos personas a cargo de dicha encomienda. Asimismo, sólo en 21 estados (66%) el personal que sustancia los procedimientos ha recibido sensibilización y capacitación en temas relacionados con la perspectiva de género o atención a víctimas. Asimismo, en 27 entidades se contaba con el apoyo de áreas específicas de igualdad de género, salvo Baja California, Durango, Morelos, Nayarit y Oaxaca. En el diagnóstico se describe el área, así como el procedimiento que utilizan para sustanciar los PES en cada estado. Se concluye que los 32 OPL tienen procedimientos adecuados para tal efecto e inclusive entidades como Chiapas, Durango, Tabasco y Tamaulipas además de sustanciarlos también los resuelven.
Por ello, resulta apremiante que los compromisos discursivos emitidos por distintos actores políticos sean llevados a la práctica y se faciliten áreas especializadas para atender a las mujeres y, sobre todo, que sean áreas con funcionariado capacitado para su atención y seguimiento adecuados. Tal como revela este diagnóstico, la inclusión efectiva de las mujeres en los espacios políticos sigue siendo un enorme desafío para nuestra democracia, no es admisible que contando con los avances normativos que tenemos replicados por otros países, aún perdure esta problemática.
Las redes de acompañamiento para mujeres tendrán que seguir fortaleciendo su margen de actuación, además de que será necesario impulsar campañas de difusión intensiva tanto en el ámbito local como nacional a efecto de sensibilizar e informar en qué consiste la VPG, cómo y en dónde puede denunciarse e insistir en los medios existentes para su erradicación.
Las democracias contemporáneas no pueden concebirse sin mujeres, por lo que debemos consolidar frentes comunes institucionales, de mujeres y también de hombres para asegurar que las generaciones venideras compitan y participen en el ámbito público en condiciones igualitarias, sin discriminación y, sobre todo, libres de cualquier tipo de violencia.
