Dictan Prisión preventiva contra Javier Duarte por nuevo caso de peculado.

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12.02.2026 Ciudad de México.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, enfrenta un nuevo proceso penal tras ser imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto desvío de cinco millones de pesos destinados al Fondo de Apoyo a Personas con Discapacidad.

En una audiencia realizada este jueves en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor dictó prisión preventiva justificada, al considerar que existen elementos suficientes para mantenerlo bajo resguardo mientras se desarrolla el proceso.

El pasado día 9 Javier Duarte aseguró que los procesos buscan mantenerlo en prisión y que se le están inventando acusaciones para impedir su libertad.

“La instrucción es que Javier Duarte de Ochoa no salga de la cárcel”, declaró ante el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, quien respondió que los tintes políticos escapan a su función y subrayó su independencia judicial.

Impugnó las acusaciones de la Fiscalía General de la República, asegurando que no ordenó el desvío de recursos federales.

“Haciendo una analogía, la fiscalía describe un homicidio, pero no aporta elementos que lo comprueben”, definió el exgobernador de Veracruz al reclamar la politización de su caso y califico de infundados los señalamientos son infundados.

La audiencia de imputación había sido diferida en tres ocasiones, la última debido a problemas de salud de los abogados defensores. Finalmente, la FGR presentó 38 datos de prueba para sustentar la acusación, que se suma a las condenas previas de Duarte por lavado de dinero y asociación delictuosa.

El nuevo expediente complica las expectativas de Duarte de recuperar su libertad en abril próximo, cuando concluiría la sentencia de nueve años que cumple desde 2018. De ser hallado culpable del delito de peculado, podría enfrentar una pena adicional de hasta 14 años de prisión, lo que prolongaría significativamente su estancia en el Reclusorio Norte.

La situación jurídica del exmandatario se definirá en la próxima audiencia programada para el 17 de febrero, donde se continuará con el desahogo de pruebas y la defensa intentará revertir la medida cautelar.