- Sino parar intimidaciones. Se plantea –incluso- que, si el infractor es funcionario público, no alcance derecho a fianza
- Junto a los 760 mdp para Seguridad Social que planea asignar a salud; que entregue los casi 230 mdp del Fideicomiso del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que se adjudicó desde 2020 con la desaparición de 109 fondos a través de sus bancadas de Morena, PT y PVEM
- Pendiente de discutir en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, iniciativa para modificar los códigos Penal Federal, y Nacional de Procedimientos Penales, a fin de endurecer las sanciones hacia quienes violenten a las y los periodistas, o personas defensoras de derechos humanos
12/06/2022/ Ciudad de México.- La diputada federal Olga Luz Espinosa Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática planteó que -ante el escenario crítico que enfrentan las y los periodistas en nuestro país- es forzoso que el gobierno de la República, así como proyecta poner en marcha un Plan de Seguridad Social para periodistas independientes con 760 millones de pesos, entregue los casi 230 millones de pesos que se adjudicó y que son parte del Fideicomiso del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a cargo del Mecanismo que tiene bajo su responsabilidad la Secretaría de Gobernación.
En la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, la diputada federal por Chiapas reprochó que solo en días en que se conmemora a la actividad periodística o cuando se da a conocer algún atentado, desaparición o crimen contra comunicadoras y comunicadores, se hable de la crisis por la que atraviesan en nuestro país con Mecanismo -a cargo de la Secretaría de Gobernación- debilitado.
Refirió al respecto que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas adscrito a la Secretaría de Gobernación, reporta la protección de unos 418 periodistas (111 mujeres y 307 hombres), así como unas 886 defensoras y defensores de derechos humanos (471 mujeres y 415 hombres), pero ya sin el respaldo del Fideicomiso del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, superior a 200 millones de pesos que las y los diputados de Morena y sus aliados entregaron a Hacienda.
Peor aún, apenas en mayo pasado la Secretaria de Gobernación hizo un nuevo entuerto ignorando a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de manera que será esta autoridad sola quien tome las decisiones relacionadas con la asignación del presupuesto y la aprobación del anexo técnico (que son las medidas preventivas y de protección para las personas que enfrentan riesgos de atentados por sus actividades).
Olga Luz Espinosa demandó que, si el Ejecutivo piensa apoyar a las y los profesionales de la comunicación en materia sanitaria, lo haga bien y refuerce el tema de la integridad de quienes se juegan la vida por poner a la vista de la opinión pública, situaciones que afectan intereses de grupo o particulares.
Espinosa Morales recordó a su vez que la Cámara de Diputados tiene pendiente discutir en la Comisión de Justicia, una iniciativa por ella presentada hace unos días para modificar los códigos Penal Federal, y Nacional de Procedimientos Penales, a fin de endurecer las sanciones a quienes violenten a las y los periodistas, o personas defensoras de derechos humanos; y en dicha propuesta se plantea incluso que, si el infractor es funcionario público, no alcance el derecho a fianza.
La propuesta, explicó finalmente, es adicionar al Código Penal Federal, un Título Vigésimo Séptimo: “De los Delitos cometidos contra las y los periodistas y los defensores de derechos humanos”; integrado por dos artículos:
Artículo 430. A quien cometa el delito de homicidio en contra de periodistas o personas defensoras de derechos humanos en ejercicio de su labor periodística o derivada de la promoción o defensa de los derechos humanos, se aumentará hasta en un tercio, la pena establecida para tal delito. Y se propone incrementar “hasta en una mitad”, la pena señalada en el párrafo anterior, cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas”.
“A quien cometa un delito doloso en contra de algún periodista, persona o instalación con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, se impondrá prisión de uno a cinco años y de cien a quinientos días de multa”. Las sanciones previstas en este artículo -plantea- se impondrán con independencia de la que corresponda por la comisión de otro u otros delitos.
En tanto que el Artículo 431 describe lo que debe entenderse como “periodista”, y como “defensor o defensora de derechos humanos”.
