*Las diputadas Anilú Ingram y Hortensia Noroña piden que el Ejecutivo Federal reconsidere el ajuste presupuestal que afecta
Palacio Legislativo, 10-06-2020 (Notilegis).- Las diputadas Anilú Ingram Vallines y Hortensia Noroña Quezada, del PRI, afirmaron que el recorte al presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dejará a la deriva a 34 mil 215 personas.
“El Presidente de la República ordenó recortar presupuesto a las políticas públicas que protegen los derechos humanos, y su decisión tendrá consecuencias fatales, porque cercenar recursos a la CEAV implica dejar a la deriva a 34 mil 215 ciudadanos que forman parte del Registro Nacional de Víctimas en este país”, externaron en un comunicado.
Por ello, urgieron al Ejecutivo a reconsiderar el ajuste presupuestal de 75 por ciento a las partidas de servicios generales y materiales y suministros del Gobierno Federal, como parte de las medidas de austeridad para enfrentar la crisis económica que vive del país.
Asimismo, solicitaron que informe al Poder Legislativo del impacto presupuestal que tendrá el decreto presidencial, del pasado 23 de abril, que obliga a aplicar nuevas medidas de austeridad y pone en riesgo el funcionamiento del propio Gobierno.
La diputada Ingram Vallines advirtió que el presupuesto para Seguridad y Protección Ciudadana será el más afectado por el monto del recorte, 18 mil 7 millones de pesos, que representa menos 30 por ciento.
“La austeridad compromete programas sociales sensibles como: combate a la violencia de género, delitos de violencia familiar, protección a defensores de derechos humanos, periodistas, desapariciones forzadas, casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, feminicidio y trata de personas entre otros”, apuntó.
Subrayó que está en riesgo la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral de las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.
Por su parte, la diputada Noroña Quezada acusó que la “violencia presupuestal” es también violencia de género, “porque se cortan los sueños de muchas mujeres y sus hijas e hijos de vivir sin miedo, sin golpes y amenazas, se recortan sus planes de futuro, metas de vida, sus esperanzas.”
Lamentó que “quienes nos deberían de proveer protección institucional, no son capaces de ofrecer ni siquiera, credibilidad; son los mismos que negaron que la violencia intrafamiliar contra las mujeres escala y declararon que el 90% del total de las llamadas a la línea de auxilio del 911 en nuestro país, son falsas”.
Las legisladoras priistas pidieron defender a la CEAV, “una institución nacional que tanto trabajo costó crear en el sexenio pasado y que hoy quieren destruir”,
Señalaron que “la violación a los derechos humanos es preocupante; a partir de que inició la sana distancia y el aislamiento social en nuestro país, tenemos más de 20 mil 200 carpetas abiertas de investigación por el delito de violencia familiar, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública -la cifra más alta desde el 2015-, y un incremento de las llamadas al 911 por violencia familiar en un 22%; del 56% por acoso sexual; 12% por violación simple; 26% por abuso sexual; y 16% por homicidio doloso contra mujeres”.
Aseveraron que si la CEAV cae en déficit presupuestal algunos efectos negativos serán: dejará de pagar la nómina del 60% de los trabajadores; la renta y servicios en las oficinas centrales; perderá el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de las 34 mil 215 víctimas.
Asimismo, desaparecerá el área de traslados para las personas que acudan a audiencias en el Ministerio Público, los juzgados, las diligencias de búsqueda; los asesores jurídicos se reducirán en 30%; se termina el trámite de ayuda a más de 5 mil víctimas al mes, cerrarán algunos centros de atención en el país, donde acuden anualmente 7 mil 200 personas agraviadas.
“Por si fuera poco, no habrá recursos para proporcionar apoyo en alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones, ni compensaciones”, sostuvieron.
Asimismo, quedarán pendientes mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de los cuales se refieren a recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México y atracciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre casos como Ayotzinapa, “guerra sucia”, Atenco, Tanhuato, Guardería ABC, Tlatlaya, Casino Royale, entre otros.
Por último, la Unidad de Género tendrá que cerrar los programas de sensibilización y prevención de acoso y hostigamiento sexual y laboral.
