*En Sesión extraordinaria, aprobarán el dictamen pero rechazando los resultados finales del ORFIS.
* Se suman diputadas del PRI y PRD.
/Nicolás Cruz Hernández/
Xalapa, Ver 31 Octubre 2019.- Legisladores de Morena, decidieron no aprobar la Cuenta Pública 2018, el documento fue firmado por 11 diputados, 8 de Morena además de la diputada Erika Ayala Ríos del PRI, Brianda Kristel Hernández Topete y Florencia Martínez del PRD., integrantes de la Comisión de vigilancia del congreso local.
Los legisladores acordaron que se revisarán los resultados de las auditorías desde que se entregaron los pliegos de observaciones por parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).
“Después de muchas horas de trabajo, 11 de 15 diputados firmamos el dictamen que rechaza la Cuenta Pública 2018 y ordena al ORFIS que la revise nuevamente para aclarar inconsistencias”, informó la diputada Presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, Mónica Robles Barajas.
La parlamentaria expuso su convicción y dijo sentirse orgullosa del compromiso de sus compañer@s de Morena para que la lucha contra la corrupción pase de ser un discurso a acciones concretas.
“Hoy se votará en el pleno y confío en que lograremos la mayoría porque sabemos que nuestra tarea es cuidar el buen uso del dinero de los veracruzanos. ¡Estamos haciendo historia y construyendo la 4a transformación de nuestro país para el mayor bien de su gente!” destacó la legisladora.
Como se informó en el mes de julio de este año, el ex auditor general, del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, reportó sobre los pliegos de observaciones involucrando a distintos entes estatales y municipales.
Sin embargo, para el 25 de septiembre, en el Informe de Resultados de la Fiscalización a las Cuentas Públicas de 2018, varios entes que aparecían observados ya habían solventado los recursos señalados, esta será una de las situaciones que se someterá a revisión.
Este jueves en sesión de la Diputación Permanente a las 11 de la mañana se convocara para una sesión extraordinaria, en la que se aprobará el dictamen de la Cuenta Pública rechazando los resultados finales del ORFIS.
De acuerdo al Informe de Resultados del segundo y último año de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, entregado el 25 de septiembre, el ORFIS detectó un presunto daño patrimonial superior a los 4 mil 500 millones de pesos., en 11 dependencias estatales, en 30 Organismos Públicos Descentralizados, en 3 Fideicomisos, y en un Órgano Autónomo.
También dicho daño patrimonial se vio reflejado en el proceso de reestructuración de la deuda del gobierno realizada por la administración anterior.
En las revisiones correspondientes al primer Ejercicio Fiscal de los gobiernos municipales se detectó en 125 ayuntamientos un presunto daño patrimonial por 329 millones 294 mil 367.91 pesos.
Sin embargo, el pasado 10 de julio, el entonces titular del ORFIS, Lorenzo Portilla Vázquez indicó que según el pliego de observaciones de los 328 entes fiscalizables estatales y municipales un total de 263 resultaron con observaciones de presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública 2018.
Portilla Vásquez detalló que el Órgano de Fiscalización elaboró 2 mil 159 pliegos de observaciones por presunto daño patrimonial. De los 212 ayuntamientos, 206 tuvieron observaciones financieras y técnicas a la obra pública, así como 19 entidades paramunicipales; también resultaron con observaciones financieras 5 dependencias estatales, 23 Organismos Públicos Descentralizados y 10 Fideicomisos Públicos. Según el entonces auditor se emitieron mil 813 pliegos de observaciones para ayuntamientos; 117 para las entidades paramunicipales; 76 para Organismos Públicos Descentralizados; 25 para Fideicomisos Públicos y 21 para dependencias estatales.
El coordinador de la Fracción Legislativa de Morena, Juan Javier Gómez Cazarin había advertido que no se aprobaría la cuentan pública 2018 e invitaba a la oposición a realizar lo propio.
Ayer en entrevista exclusiva el diputado Magdaleno Rosales Torres, exigió la renuncia del presidente de la Comisión de vigilancia, a quien acusó de recibir moches de alcaldes para borrar desvíos detectados en las cuentas públicas de los municipios.
