*La “Ley Antistickers” propuesta por Morena abre un debate crucial sobre los límites entre la protección digital y la censura política.
05.10.2025 Ciudad de México.- Esta semana el diputado federal Armando Corona Arvizu, integrante del grupo parlamentario de Morena, y acusado de balear la casa de su vecino, presentó una iniciativa que ha sido bautizada como la “Ley Antistickers”, donde pretendía sancionar a quien realizara memes contra servidores públicos, entre otros grupos.
El proyecto busca reformar el Código Penal Federal para sancionar con *hasta seis años de prisión y multas de hasta 600 días de salario mínimo* a quienes creen o difundan imágenes, audios, videos o representaciones digitales —incluidos memes y stickers— que utilicen sin consentimiento la imagen, voz o identidad de una persona.
La propuesta se agrava si la víctima es menor de edad, persona con discapacidad o servidor público en funciones, y si el contenido se difunde masivamente en redes sociales. En esos casos, la pena podría alcanzar hasta nueve años de cárcel.
Esto último fue considerada como una más de las medidas adoptadas para callar a las personas sobre el desempeño de las figuras de la 4t en el poder.
Ante la ola de críticas, este sábado el diputado, anunció en un video que retirará la figura de “servidores públicos” para no coartar la libertad de expresión pero continuará en su empeño de defender a mujeres, niñez y adolescencia y la presentará otra vez, entre lunes y martes .
Corona Arvizu justifica la iniciativa como una respuesta al creciente ciberacoso en México, donde más de 18.9 millones de usuarios fueron víctimas de violencia digital en 2024, según el INEGI.
Según el legislador argumenta que la ley busca proteger la dignidad humana frente al escarnio viral, especialmente en casos donde la inteligencia artificial se utiliza para manipular imágenes o voces con fines de difamación, extorsión o suplantación.
Sin embargo, la iniciativa ha sido recibida con fuertes críticas por parte de juristas, activistas digitales y usuarios de redes sociales, quienes advierten que podría convertirse en un instrumento de censura encubierta.
El hecho de que se incremente la pena cuando el contenido afecte a un servidor público ha sido interpretado como un intento de blindar a los políticos frente a la crítica satírica, una forma de expresión profundamente arraigada en la cultura política mexicana.
La “Ley Antistickers” propuesta por Morena abre un debate crucial sobre los límites entre la protección digital y la censura política, en un contexto donde la sátira y la crítica ciudadana son pilares democráticos e incluso fueron parte de su llegada al poder, les recuerdan en la conversación pública.
El contexto no es menor: Morena enfrenta una creciente presión por los escándalos de enriquecimiento y ostentación de lujos entre sus cuadros, mientras que el uso de redes sociales como espacio de fiscalización ciudadana se ha intensificado, como en la caso de “dato protegido”, donde castigaron a una ciudadana por expresarse. En este escenario, una ley que penalice la creación de memes o stickers críticos podría inhibir la participación digital y erosionar el derecho a la libre expresión.
Además, la iniciativa se presenta en un momento donde el uso de inteligencia artificial en la creación de contenido plantea desafíos reales, pero también ambigüedades legales. ¿Cómo se determinará la intención de ridiculizar? ¿Qué criterios se usarán para definir daño reputacional? ¿Quién decidirá si un meme es ofensivo o legítima crítica?
Las repercusiones podrían ser profundas. Si se aprueba sin ajustes, la ley podría criminalizar el humor político, la parodia y la crítica ciudadana, afectando no solo a creadores de contenido sino también a usuarios comunes que compartan material considerado “ofensivo”. En el peor de los escenarios, se abriría la puerta a un uso discrecional del sistema penal para castigar a la disidencia digital.
La “Ley Antistickers” plantea una tensión entre la necesidad de proteger a las personas de la violencia digital y el riesgo de limitar el debate público. En una democracia, La dignidad no debe estar por encima de la crítica, y cualquier regulación debe garantizar que la protección no se convierta en mordaza, opinan ciudadanía y analistas.
