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11.11.2026., Ciudad de México.- En medio de cuestionamientos por el debilitamiento del árbitro electoral, el crecimiento de los compromisos financieros del país y una controvertida redistribución del gasto público, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 durante la madrugada, que contempla un gasto de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos y un recorte de 6 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE).
La aprobación se concretó después de dos jornadas de discusión legislativa y una prolongada sesión en San Lázaro. En la votación en lo general, realizada el 9 de noviembre, el dictamen obtuvo 372 votos a favor y 102 en contra. Posteriormente, el 11 de noviembre, fue avalado en lo particular y sin modificaciones con 352 votos a favor, 130 en contra y ninguna abstención.
La mayoría de Morena y sus aliados permitió sacar adelante el proyecto económico del Gobierno federal, mientras que PAN y PRI rechazaron el dictamen y cuestionaron tanto las prioridades del gasto como el endeudamiento contemplado para el siguiente ejercicio fiscal.
Uno de los puntos que concentró las mayores críticas fue el recorte de 6 mil millones de pesos al INE, una reducción que se aplicará en un año de elecciones federales intermedias, cuando el organismo tendrá que organizar una jornada electoral de gran magnitud.
El instituto llegó a la discusión presupuestal con una asignación cercana a los 42 mil millones de pesos y terminó con aproximadamente 36 mil millones, después de dos rondas de ajustes promovidas durante el análisis del proyecto.
Pero la controversia no se encuentra únicamente en cuánto dinero se le quitó al organismo electoral, sino también en cómo se decidió repartir esos recursos entre distintas dependencias, programas e instituciones.
De acuerdo con la distribución aprobada, 3 mil millones de pesos se canalizarán al programa La Escuela es Nuestra, destinado al mejoramiento de planteles educativos mediante recursos administrados por las comunidades escolares.
Otro de los beneficiados será el sector ambiental, que recibirá mil millones de pesos adicionales para fortalecer diferentes instituciones y actividades de protección ecológica.
De ese monto, 163.2 millones de pesos corresponden al sector central de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 189 millones a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; 200 millones a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; 168 millones a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente; 129.8 millones a la Comisión Nacional Forestal; 100 millones al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y 50 millones al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
También se asignaron 700 millones de pesos a la Agencia Federal de Aviación Civil, con el propósito de fortalecer sus capacidades operativas y de supervisión.
A la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas se le destinarán 300 millones de pesos para acciones de localización de personas desaparecidas y no localizadas.
Sin embargo, la segunda ronda de modificaciones presupuestales generó otra controversia. Durante la discusión en comisiones se retiraron mil millones de pesos adicionales al INE para distribuirlos entre educación inicial, programas de atención a las mujeres y promoción turística.
En concreto, 618 millones 17 mil 896 pesos se asignaron al programa de Expansión de la Educación Inicial; 361 millones 982 mil 104 pesos al programa de atención integral para el bienestar de las mujeres, y 20 millones de pesos al sector turístico.
Este último ajuste fue particularmente cuestionado debido a que parte de los recursos para educación inicial se relaciona con los Centros de Desarrollo Infantil, conocidos como Cendis, vinculados políticamente al Partido del Trabajo.
Así, los 6 mil millones de pesos retirados al INE terminaron distribuidos entre educación, medio ambiente, aviación civil, búsqueda de desaparecidos, atención a mujeres y turismo.
La discusión también puso sobre la mesa la capacidad financiera del organismo electoral para cumplir con sus responsabilidades. El recorte se produce antes de las elecciones intermedias de 2027, cuando se renovarán los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, además de celebrarse procesos locales y otras elecciones previstas en el calendario electoral.
Desde la mayoría legislativa se defendió la reducción bajo el argumento de que los recursos deben destinarse a necesidades sociales y que el ajuste no comprometerá las funciones sustantivas del instituto.
La oposición, en cambio, advirtió que reducir el presupuesto del árbitro electoral en la antesala de los comicios puede afectar su capacidad operativa y generar presiones sobre la organización de las elecciones, la fiscalización de los partidos y las actividades de capacitación electoral.
La deuda, otro foco rojo del presupuesto
Otro de los aspectos más controvertidos del paquete económico es el endeudamiento público.
La Ley de Ingresos de la Federación 2027, aprobada previamente por la Cámara de Diputados, autorizó al Gobierno federal contratar hasta 1.7 billones de pesos de endeudamiento interno neto, además de 13 mil 500 millones de dólares de deuda externa.
Es importante precisar que esta autorización se aprobó durante la discusión de la Ley de Ingresos y no representa una nueva autorización de deuda durante la votación del Presupuesto de Egresos.
El límite de endeudamiento interno para 2027 es 80 mil millones de pesos inferior al autorizado para 2026, cuando alcanzó 1.78 billones. Sin embargo, esto no significa que la deuda acumulada vaya a disminuir.
De acuerdo con estimaciones citadas por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, la deuda pública en su medida más amplia podría alcanzar aproximadamente 21.7 billones de pesos en 2027, equivalentes a alrededor del 55 por ciento del Producto Interno Bruto.
Uno de los datos que más llamó la atención durante la discusión fue el monto destinado al pago de los compromisos financieros del país.
El costo financiero de la deuda está estimado en aproximadamente un billón 574 mil 950 millones de pesos, una cantidad equivalente a cerca del 15 por ciento del gasto federal total.
Para dimensionar el peso de esta obligación, el monto destinado al pago de intereses supera en aproximadamente 548 mil millones de pesos la inversión física presupuestaria, que se ubicará en un billón 26 mil 474 millones de pesos.
Es decir, el Gobierno federal destinará más recursos al costo financiero de sus obligaciones que a la inversión física en infraestructura.
El presupuesto también contempla un déficit de un billón 358 mil 558.8 millones de pesos, lo que significa que el gasto público será superior a los ingresos presupuestarios disponibles y que será necesario recurrir al financiamiento para cubrir esa diferencia.
El Gobierno federal ha defendido su estrategia económica al señalar que el presupuesto permitirá mantener los programas sociales, impulsar la inversión pública y garantizar recursos para educación, salud e infraestructura.
En total, los programas prioritarios del Gobierno recibirán un billón 25 mil 388.5 millones de pesos, mientras que la inversión pública contará con un billón 133 mil 613.2 millones.
El gasto total representa un crecimiento real de 1.3 por ciento respecto al presupuesto aprobado para 2026.
La distribución de los recursos también contempla 3 billones 48 mil 223.2 millones de pesos para el gasto federalizado, que incluye participaciones, aportaciones y otros recursos destinados a estados y municipios.
Pemex y CFE también tienen asignaciones específicas. Para Petróleos Mexicanos se estableció una meta de balance financiero de 95 mil 103 millones de pesos, mientras que para la Comisión Federal de Electricidad se fijó una meta de 25 mil 49 millones 336 mil pesos.
Un presupuesto que abre nuevos frentes políticos
La aprobación del PEF 2027 no solamente definió cuánto dinero tendrá el Gobierno federal para operar el próximo año, sino que también dejó al descubierto las diferencias entre los partidos sobre las prioridades nacionales.
Mientras Morena defendió las reasignaciones como una oportunidad para fortalecer programas sociales, educación y medio ambiente, PAN y PRI cuestionaron que el ajuste más significativo se haya realizado sobre el presupuesto del organismo responsable de garantizar la organización de las elecciones.
A ello se suma la preocupación por el crecimiento de los compromisos financieros, el déficit presupuestario y el peso que tendrán los intereses de la deuda sobre las finanzas públicas.
Con la aprobación definitiva del presupuesto, el documento fue enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
La polémica, sin embargo, no termina con la votación. Quedan sobre la mesa tres interrogantes fundamentales: si el INE contará con recursos suficientes para organizar los comicios de 2027, si las reasignaciones presupuestales producirán los resultados anunciados y hasta dónde podrá seguir creciendo la deuda pública sin comprometer las finanzas de los siguientes años.