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28.05.2026 Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma impulsada por el Ejecutivo federal para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un nuevo órgano que tendrá como objetivo analizar perfiles de aspirantes a cargos de elección popular y detectar posibles riesgos relacionados con actividades delictivas antes de que sean registrados oficialmente por partidos políticos o como candidatos independientes.
El dictamen fue avalado por el pleno de San Lázaro con 316 votos a favor, 123 en contra y cero abstenciones, en medio de un intenso debate entre Morena y la oposición sobre los alcances de la nueva figura y el riesgo de convertirla en un mecanismo de presión política previo a las elecciones de 2027.
La reforma modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y establece que la nueva comisión deberá estar integrada y funcionando antes del inicio formal del próximo proceso electoral federal.
De acuerdo con el proyecto aprobado, la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas estará conformada por cinco consejeras y consejeros electorales, quienes permanecerán tres años en el cargo y tendrán una presidencia rotativa anual.
Su función principal será recibir de manera anticipada los nombres de personas que pretendan competir por cargos públicos federales o locales para realizar una evaluación de riesgo en coordinación con instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.
Entre las instancias que participarán en el intercambio de información se encuentran la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Según el dictamen, estas dependencias elaborarán metodologías y criterios para identificar si existen indicios razonables de vínculos con actividades ilícitas, incluyendo operaciones financieras sospechosas o posibles relaciones con estructuras criminales.
La información entregada a la comisión podrá ser parcial o total y su envío será voluntario por parte de partidos políticos o aspirantes independientes. También se establece que los institutos políticos deberán pedir autorización a quienes busquen una candidatura para que su perfil sea sometido a revisión.
Posteriormente, con base en la información recibida, los partidos determinarán si mantienen o retiran una eventual postulación.
La reforma señala que la comisión únicamente notificará a los partidos si existe o no un “riesgo razonable”, sin revelar detalles de investigaciones abiertas ni carpetas específicas para proteger la confidencialidad de los datos obtenidos por autoridades de seguridad y financieras.
Además, el documento precisa que las instituciones involucradas podrán continuar o iniciar investigaciones penales o administrativas si detectan información relevante durante las evaluaciones.
Durante la discusión en tribuna, Morena defendió la reforma como una medida preventiva para impedir la infiltración del crimen organizado en procesos electorales y fortalecer la confianza ciudadana en las candidaturas.
Legisladores oficialistas argumentaron que el nuevo mecanismo busca construir “estándares más altos de integridad democrática” y responder al creciente problema de violencia política y presencia criminal en elecciones locales y federales.
La Comisión de Reforma Política-Electoral sostuvo en el dictamen que la medida representa “una transformación cualitativa del modelo de integridad electoral mexicano” basada en la prevención y la coordinación institucional.
“No se trata de limitar derechos ni de desconfiar de la política, sino de fortalecer la calidad democrática y la confianza pública”, señala el documento aprobado por la mayoría legislativa.
Sin embargo, la oposición votó en bloque contra la iniciativa y acusó a Morena de intentar construir un sistema de control político sobre las candidaturas.
Diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que el concepto de “riesgo razonable” es ambiguo y podría utilizarse de manera discrecional para bloquear aspiraciones incómodas o generar persecución política bajo criterios poco claros.
También cuestionaron que las evaluaciones dependan de información de organismos de inteligencia y seguridad sin que existan procesos judiciales concluidos.
La aprobación ocurre semanas después de que el Instituto Nacional Electoral rechazara crear una comisión similar bajo sus actuales facultades, al considerar que no existía sustento legal suficiente para revisar perfiles criminales de candidatos antes de su registro.
La nueva reforma busca precisamente dotar de base jurídica a ese mecanismo mediante modificaciones directas a la legislación electoral.
El tema cobró fuerza tras diversos casos de candidaturas ligadas a grupos criminales, asesinatos de aspirantes durante campañas y denuncias sobre financiamiento ilícito en elecciones locales de distintos estados del país.
De acuerdo con el régimen transitorio aprobado, la instalación de la Comisión de Verificación de Integridad deberá concretarse antes del arranque del proceso electoral federal de 2027.
La reforma aún deberá discutirse y votarse en el Senado de la República antes de entrar en vigor.