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18.08.2026 Ciudad de México.- La dirigencia nacional de Morena confirmó este martes que Alejandro Enrique Arcos Romero, señalado en investigaciones financieras como presunto operador de la organización encabezada por el rumano Florian Tudor, sí aparece registrado como militante del partido desde 2013, en una rectificación que contradice la primera versión ofrecida por la propia presidenta nacional morenista, Ariadna Montiel.
El reconocimiento ocurrió después de que la dirigencia partidista había sostenido la semana pasada que Arcos Romero no pertenecía a Morena. Ahora, Montiel explicó que solicitó una revisión del padrón y recibió la confirmación de que el nombre del empresario aparece incorporado desde los primeros años del partido.
“Me reportó el coordinador del Padrón que estaba afiliado desde el 2013, como en el inicio”, declaró Montiel al ser cuestionada nuevamente sobre el caso.
La dirigente agregó que no existe constancia de un refrendo reciente de esa militancia, pero explicó que Morena no elimina automáticamente del padrón a quienes fueron afiliados en años anteriores.
“No tenemos el refrendo, pero está porque está desde el 2013. Y nosotros no bajamos a la gente, sino manifiesta su intención de no estar. No funciona así para ningún partido”, sostuvo.
La confirmación adquiere relevancia porque Arcos Romero no sólo aparece relacionado con el entorno político de Rafael Marín Mollinedo, aspirante de Morena a la gubernatura de Quintana Roo, sino que durante la primera gestión de Marín al frente de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), entre diciembre de 2022 y junio de 2023, fue identificado por funcionarios y exservidores de la dependencia como parte de su círculo cercano y secretario particular.
Una investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó su paso por la ANAM mediante documentos oficiales. Uno de ellos corresponde a un oficio emitido desde la oficina de Marín Mollinedo en el que Arcos Romero aparece incluido como destinatario, identificado como director general adscrito a la agencia.
La relación no habría terminado con la salida de Marín de Aduanas. Durante los últimos meses, Arcos Romero fue visto nuevamente junto al exfuncionario federal en actividades relacionadas con su búsqueda de la candidatura de Morena al gobierno de Quintana Roo, lo que colocó el caso en el centro de la disputa política interna por la sucesión estatal.
El antecedente que explica la polémica se remonta a las investigaciones financieras realizadas en México y Estados Unidos contra la estructura atribuida a Florian Tudor, conocido como “El Tiburón”, quien fue detenido en México en mayo de 2021 con fines de extradición a Rumania.
De acuerdo con información difundida a partir de investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y expedientes citados por medios de comunicación, Arcos Romero fue identificado como uno de los presuntos operadores financieros de esa estructura. Sus cuentas fueron incluidas en el bloqueo realizado por la UIF en 2021 dentro de una investigación relacionada con la red de Tudor.
Las investigaciones lo relacionaron además con una red de empresas que, de acuerdo con los señalamientos financieros difundidos entonces, habría servido para mover o blanquear recursos atribuidos a la organización criminal. Diversas publicaciones han señalado la existencia de al menos 14 empresas vinculadas con Arcos Romero dentro de esa indagatoria.
Es importante precisar que esos señalamientos forman parte de investigaciones financieras y acusaciones difundidas públicamente y no equivalen, por sí mismos, a una sentencia penal contra Arcos Romero. De hecho, las fuentes consultadas señalan que no ha sido condenado por esos hechos.
La llamada mafia rumana adquirió notoriedad en México por las investigaciones relacionadas con la clonación de tarjetas bancarias y la manipulación de cajeros automáticos, particularmente en destinos turísticos de Quintana Roo. La estructura atribuida a Tudor fue investigada durante años por autoridades mexicanas y estadounidenses.
El vínculo entre Arcos Romero y Marín Mollinedo resulta particularmente sensible por el momento político que atraviesa Quintana Roo. Marín busca posicionarse dentro de Morena rumbo a la definición de la candidatura para 2027, por lo que la presencia de una persona señalada en investigaciones financieras dentro de su círculo político ha generado cuestionamientos sobre los filtros utilizados para integrar equipos de trabajo y promoción.
Hasta ahora, las fuentes consultadas no han presentado evidencia que permita afirmar que Rafael Marín Mollinedo haya cometido un delito por haber trabajado con Arcos Romero. Lo que sí está documentado es que ambos coincidieron en la ANAM y que posteriormente Arcos Romero apareció acompañándolo en actividades políticas.
El caso también representa un cambio importante en la posición pública de Morena. El 11 de agosto, Montiel había asegurado que Arcos Romero no era militante del partido y había rechazado que la sola cercanía con Marín Mollinedo significara una relación orgánica con Morena.
En aquella ocasión sostuvo que el partido no podía responder por personas que no fueran integrantes de su estructura y que, ante cualquier acusación de carácter delictivo, correspondía a las autoridades investigar.
Ahora, después de la revisión del padrón, la dirigente tuvo que reconocer que el registro partidista existe desde 2013.
“Nosotros le pedimos a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, como en todos los temas, que tenga conocimiento y actúe como considera la comisión”, declaró Montiel este martes.
Con ello, el expediente político de Arcos Romero pasó de ser un asunto que Morena consideraba ajeno a su militancia a convertirse en un caso que deberá ser revisado por el órgano interno de justicia partidaria.
Montiel explicó que ella misma dio aviso a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para que determine lo que corresponda, sin anticipar cuál podría ser la resolución.
La controversia deja además una pregunta política de fondo: cómo fue posible que una persona cuyo nombre había aparecido años atrás en investigaciones financieras relacionadas con la organización de Tudor conservara un registro partidista y posteriormente tuviera acceso al entorno de un alto funcionario federal como Marín Mollinedo.
También permanece pendiente conocer qué determinará la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena sobre su militancia y si el partido cuenta con elementos suficientes para iniciar un procedimiento formal.
Por ahora, la dirigencia nacional no ha anunciado una expulsión ni una suspensión. Lo que existe es la confirmación de que Arcos Romero aparece en el padrón desde 2013 y el envío del caso al órgano encargado de resolver las controversias y posibles infracciones de los militantes.
La revelación ocurre además en un contexto de creciente competencia interna por la candidatura de Morena en Quintana Roo, donde varios grupos buscan posicionarse de cara al proceso electoral de 2027. En ese escenario, la relación política entre Marín Mollinedo y Arcos Romero coloca bajo escrutinio no sólo al propio aspirante, sino también los mecanismos con los que el partido revisa los antecedentes de quienes participan en sus estructuras.
La propia Montiel resumió la posición actual de Morena al señalar que la Comisión de Honestidad deberá conocer el caso y actuar conforme a sus atribuciones. La diferencia con la declaración de la semana pasada es sustancial: entonces el partido negó que Arcos Romero fuera militante; ahora reconoce que su nombre permanece registrado desde 2013.
El siguiente capítulo dependerá de la resolución del órgano interno de Morena y, en su caso, de las autoridades competentes respecto de las investigaciones que desde años atrás han señalado a Arcos Romero por su presunta relación con la estructura financiera de la llamada mafia rumana.