**Secretaría de Gobernación ofrece disculpas a víctimas de la Guerra Sucia.
**realizaremos acciones para que nuestras instituciones tenga siempre perspectiva de género como eje transversal de su actuar.
/ Redacción /
Cdmx 23 septiembre 2019.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofrece disculpas públicas por parte del Estado mexicano a Martha Alicia Camacho Loaiza, Miguel Alfonso Millán Camacho y José Manuel Alapizco Lizárraga, víctimas del periodo histórico conocido como Guerra Sucia.
La Segob ofreció una disculpa de Estado en un acto público para dar cumplimiento a las medidas de reparación derivadas de los actos de tortura de los que fueron víctimas la señora Martha Alicia Camacho Loaiza, su hijo Miguel Alfonso Millán Camacho y su esposo José Manuel Alapizco Lizárraga, quien producto de estos lamentables hechos fue privado de la vida por miembros del Ejército Mexicano.
En el caso de la señora Martha Alicia Camacho Loaiza Olga Sánchez Cordero expuso que la violencia de Estado, cuando se ejerce sobre las mujeres, tiene un alto componente de género y de sometimiento que lesiona de manera diferenciada sus cuerpos y sus derechos, buscando generar un agravio profundo a su dignidad, tal como lo evidencian la tortura sexual y la violencia obstétrica.
“Por lo cual, señora Martha Camacho, su incansable labor en la búsqueda de justicia y verdad, deberá ser precedente para el reconocimiento de los agravios que muchas mujeres padecieron en este lamentable periodo y las cuales fueron silenciadas” sentenció.
Tras 42 años de los hechos, la señora Martha Alicia Camacho Loaiza y su hijo Miguel Alfonso Millán Camacho no han descansado en su lucha por el acceso a la justicia y la verdad sobre lo que les ocurrió a ellos de manera directa, así como en la búsqueda de justicia y verdad para dar con el paradero del cuerpo de su esposo y padre, respectivamente, refirió la funcionaria.
Sánchez Cordero destacó que se observaron en este proceso omisiones importantes y falta de diligencia por parte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de la entonces Procuraduría General de la República, pues el 07 de febrero de 2013 se les notificó el no ejercicio de la acción penal, al determinar la prescripción de los delitos de allanamiento de morada y privación ilegal de la libertad.
Lo anterior quedó evidenciado en el Amparo en Revisión 209/2014 resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer circuito, quien determinó que estas conductas en realidad constituyen los medios comisivos para el delito de tortura, por lo cual sostuvo se realizará una investigación diligente y efectiva para esclarecer la verdad de los hechos.
En ese contexto, señaló la titular de la SEGOB, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en junio de 2017, confirmó su carácter de víctimas de violaciones a derechos humanos por los siguientes hechos relatados en la Resolución que finalmente determina el Plan de Reparación Integral del Daño en su favor emitida por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima en junio del presente año:
El día 19 de agosto de 1977 la señora Martha Alicia Camacho Loaiza, con ocho meses de embarazo, y su esposo José Manuel Alapizco Lizárraga, quienes fueran integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, movimiento armado con carácter de Guerrilla Urbana, fueron detenidos con violencia por elementos de la Policía Judicial del estado de Sinaloa y agentes de la entonces Dirección Federal de Seguridad que integraban la llamada “Brigada Blanca o Brigada Especial”.
Ambos fueron llevados a la novena Zona Militar, en Culiacán, Sinaloa, lugar donde José Manuel Alapizco fue torturado y ejecutado extrajudicialmente sin que su cuerpo fuera restituido a sus familiares o a la autoridad competente, y donde también Martha Alicia Camacho Loaiza fue torturada, desaparecida por un lapso de 49 días en los que se le trasladó por lo menos a dos casas de seguridad y donde dio a luz a su hijo bajo condiciones precarias de salubridad y realizando prácticas médicas, que por la naturaleza de su implementación podrían constituir actos de violencia obstétrica.
Así mismo, su hijo Miguel Alfonso Millán Camacho, fue sometido a actos de tortura desde los primeros instantes de su vida, lo cual resulta uno de los agravios más lacerantes de los que una persona y una familia pudieran dar cuenta en su calidad de sobrevivientes.
A lo anterior se agrega el perjuicio a la justicia y a la verdad, así como los actos de re victimización que ocasionara la notificación de prescripción realizada por la FEMOSPP, misma que hizo evidente la falta de diligencia por parte de la autoridad ministerial investigadora, la cual impidió que la verdad histórica y la reparación real y efectiva llegaran finalmente a las víctimas.
Con fundamento en la Ley General de Víctimas, en el Plan de Reparación Integral del Daño en su favor y bajo la convicción institucional e histórica por la justicia, la verdad y el respeto a la dignidad humana. Olga Sánchez Cordero les expresó:
Señora Martha Alicia Camacho Loaiza:
Señor Miguel Alfonso Millán Camacho:
A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por la transgresión a sus derechos en el marco de las violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos humanos ocurridas en un contexto de violencia política del pasado, en el periodo histórico conocido como “Guerra Sucia”, por el que usted señora Martha Camacho fue detenida arbitrariamente, torturada y desaparecida de manera transitoria, por el que usted señor Miguel Alfonso fue torturado y desaparecido de manera transitoria y por el que el señor José Manuel Alapizco fue detenido de manera arbitraria, torturado y privado de la vida extrajudicialmente, hechos perpetrados por parte de la Policía Judicial del estado de Sinaloa, de la Dirección Federal de Seguridad y por el Ejército Mexicano.
Le ofrezco una disculpa por la violación a su acceso a la justicia y a conocer la verdad sobre los hechos, así como el paradero del cuerpo del señor José Manuel Alapizco Lizárraga, ante los obstáculos y la dilación de las instituciones encargadas de impartir justicia.
Les ofrezco una disculpa pública por el daño a la imagen, el honor y a la dignidad en agravio de su familia, derivadas de la criminalización realizada en su contra por diversas instituciones del Estado mexicano.
Por mi conducto, el Estado mexicano hace un compromiso por garantizar la reparación integral de los daños que provocaron las autoridades desde el 19 de agosto de 1977, y a su vez, reitero el compromiso de este gobierno de implementar las medidas necesarias para la no repetición de los actos que violentaron sus derechos humanos, para que con ello ninguna otra persona tenga que pasar por estas atrocidades”.
La ex magistrada refrendó el compromiso de este gobierno por respetar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, trabajaremos para capacitar en materia de derechos humanos a nuestras fuerzas armadas y realizaremos acciones para que nuestras instituciones tenga siempre perspectiva de género como eje transversal de su actuar.
“Prevenir es también un acto de justicia y, como se ha comprometido el presidente de la República, el actual gobierno habrá de garantizar en todo momento la vida, la libertad y la integridad personal de todas y todos, pues aspiramos a ser un país donde nunca más se vuelva a torturar. Por eso implementaremos programas para prevenir y sancionar la tortura con la firme convicción de que la erradicación de esta cruel práctica es posible”.
“Garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales es y será la principal tarea del Estado mexicano. Sin importar el tiempo que haya pasado o la institución que haya violentado estos derechos, la justicia llegará a todas las personas en el país”, concluyó.
