La pluma.
/Ricardo Monreal/
Hace casi medio año, el presidente de la República presentó una iniciativa de modificación a la Constitución, en sus artículos 25, 26 y 27, en materia eléctrica. Para este propósito decidió que la Cámara de Diputados fuera la cámara de origen, y durante este tiempo han sido amplios la deliberación y el análisis en torno a la misma, no sólo en esa instancia legislativa, sino en los distintos círculos económicos, empresariales o de discusión política y académica.
Hoy se encuentra en su etapa final, y se ha anunciado que el próximo domingo 17 de abril la Cámara Baja sesionará para aprobar o rechazar la reforma. Imprimamos un análisis serio, tratando de diseccionar los probables escenarios que se pueden presentar y que debemos valorar.
Primero. Para su aprobación y vigencia, la reforma constitucional requiere de mayorías calificadas en ambas cámaras del Congreso de la Unión y en la mayoría de los congresos locales.
Segundo. La composición de las cámaras, tanto de Diputados como de Senadores, hace necesario que legisladoras y legisladores del llamado bloque de contención (PAN, PRD, MC y PRI) respalden la reforma. Si no la avalara todo el bloque, al menos tendría que hacerlo uno de los grupos parlamentarios con mayor representación, en este caso, PAN o PRI.
Tercero. Por su naturaleza política y sus expresiones públicas, parece remoto que el PAN pudiera apoyar la reforma, no sólo porque así lo ha anunciado de manera reiterada, sino también por su plataforma política, su carácter opositor y su vinculación con el sector económico. Lo mismo ocurre con MC y el PRD, los cuales han anunciado su voto en contra.
Cuarto. El escenario se reduce a que la única posibilidad para que esta modificación prospere es que sea aprobada por el PRI, que éste la avale y la acompañe. En la historia de las alternancias políticas, el Partido Revolucionario Institucional actúa con mayor reflexión y de manera pragmática para avalar reformas del gobierno. Por su formación y tradición, es lo más cercano y probable.
Sin embargo, algo no está funcionando en su interior, si
interior, si atendemos al discurso de las últimas semanas y el reciente acuerdo de su Consejo Político, que advierte un alejamiento programático.
Es de esperar que su voto en contra será en conjunto y sólo pudieran presentarse sufragios aislados divergentes, como en el caso del diputado Carlos Miguel Aysa Damas, quien se pronunció a favor de la reforma, provocando el repudio de sus compañeras y compañeros de bancada y los dirigentes de su partido, despertando además un linchamiento mediático en su contra.
Quinto. Se advierte también que, por la connotación electoral que se vive con motivo de la próxima renovación de los gobiernos en seis estados del país (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas) y la alianza política que para ese proceso han formado el PRI, el PAN y el PRD en la mayoría de las entidades federativas en donde se realizarán estos comicios, se antoja difícil que las diputadas y los diputados del Revolucionario Institucional pudieran deslindarse del bloque y otorgar su aval.
En conclusión, podríamos afirmar que el comportamiento del Grupo Parlamentario del partido tricolor en la Cámara de Diputados es predecible, por lo que resulta difícil esperar que tengan una variación. Debemos recordar que si algún grupo político tiene experiencia en estos procesos son ellos, por lo que no habrá actores ni movilización social, ni deterioro, ni desprestigio, ni reclamos ciudadanos que hagan que modifiquen su decisión.
Sexto. El bloque opositor ve en esta reforma un filón enorme para consolidar su fortaleza política en el contexto de los procesos electorales locales de este año.
Séptimo. Se presenta también la coyuntura de construir una alianza duradera con el sector económico, nacional y extranjero.
Octavo. La lógica opositora que proviene del pasado es que, al no haber estímulos, no hay razones para validar una reforma de esa magnitud y naturaleza. En su concepción, acceder a la votación por separado los alejaría de la compactación del bloque y pondría en riesgo la coalición que participa en procesos electorales estatales, en algunos de los cuales son competitivos.
No obstante, pierden de vista que el rechazo a esta reforma eléctrica también podrá situarlos en un plano de adversidad y debilidad electoral, ya que el bloque opositor será ubicado como el responsable de la no aprobación de esta reforma fundamental para la vida del país.
Noveno. Atendiendo a la ortodoxia política del viejo régimen, estas etapas coyunturales se traducían en ventajas político-electorales, negociadas en mesas externas, sin importar la voluntad popular. Estos escenarios no ocurrirán en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no aceptará negociaciones subrepticias o ilegales a cambio de la aprobación de la reforma eléctrica planteada, porque, de hacerlo, cambiaría estructuralmente su pensamiento político sobre la democracia.
Décimo. La necesidad de celebrar acuerdos y consensos es indispensable, y esto implica aceptar y negociar propuestas de modificación a la iniciativa presidencial: salvar el espíritu del nuevo diseño constitucional que se propone para recuperar la rectoría del Estado en materia eléctrica es clave; sostener la propuesta presidencial intacta pareciera difícil. Será preferible avanzar en temas de soberanía, litio, rectoría del Estado y energías renovables que rechazar todo el proyecto.
Undécimo. Por los tiempos políticos adelantados y debido a la dinámica social que se presenta, se vislumbra mayor dificultad para alcanzar acuerdos y consensos.
El discurso político es cada vez de mayor confrontación, y el ambiente social, más polarizado.
Así entonces, ambas cámaras podrían entrar en un proceso de parálisis legislativa en temas fundamentales que requieren mayorías calificadas, tales como reformas constitucionales o incluso nombramientos, selección y ratificación de personas funcionarias de la administración pública y de poderes autónomos, que precisan de las dos terceras partes de las y los integrantes.
Duodécimo. Frente a esta realidad se encuentra el anuncio que el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó oportunamente en el sentido de que, de no prosperar la reforma constitucional en materia eléctrica propuesta, al día siguiente promoverá reformas a la Ley Minera, para poner a salvo el litio, considerado un recurso prioritario que el Estado debe reservarse, reforma secundaria que podría prosperar la semana próxima, dada la inminente conclusión del periodo ordinario de sesiones legislativas.
Sin embargo, aunque es una salida política, se debe insistir en lograr acuerdos para sacar adelante la reforma constitucional en materia eléctrica y, con ello, terminar con los abusos, atropellos y ganancias desmedidas en detrimento de la nación.
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