*Red Feminista Anticarcelaria.
/ CEA Justicia Social /
Hace doce años, una joven de 19 años fue interceptada a la fuerza en Tehuacán, Puebla, antes de entrar a clases. Le cubrieron el rostro. La mantuvieron incomunicada. Fue torturada. Y desde entonces, Mónica Yuliana Espinoza Balderas permanece en prisión preventiva por el delito de secuestro. Sin sentencia. Sin condena. Sin que el Estado mexicano haya probado que cometió un delito. Hoy tiene 31 años. El sistema la tiene atrapada.
El caso de Mónica no es excepcional. Según el INEGI, al cierre de 2024 el 36,3 por ciento de las 236 mil personas privadas de la libertad en México no tenía sentencia. La brecha de género es reveladora: casi una de cada dos mujeres en prisión está ahí sin condena. Y 2.426 personas —311 de ellas mujeres— llevan más de diez años en esta situación. Personas que, en términos constitucionales, siguen siendo inocentes.
Cuando inició el proceso de Mónica, el propio juzgado descartó los cargos más graves por falta de elementos. El Ministerio Público apeló y logró mantenerla sujeta a proceso por secuestro, con base en una sola prueba: una declaración obtenida mientras era torturada. No existe evidencia independiente que la vincule con ningún hecho delictivo. Doce años después, esa declaración sigue siendo el cimiento de su encierro. Esto no es un error del sistema. Es su lógica. Angela Davis lo señala en ¿Son obsoletas las prisiones?: el complejo carcelario no existe para hacer justicia, sino para contener a quienes el orden social considera prescindibles. Juliana Borges lo profundiza desde América Latina: el sistema penal selecciona a sus víctimas con base en género, clase y territorio. Mónica —mujer, joven, del sur global— era el perfil de esa selección.
Sin embargo, la defensa de Mónica solicitó el cambio de medida cautelar para que pudiera continuar su proceso en libertad. La jueza Teresita Sosa Berthely, del Juzgado Primero de Distrito en Puebla, lo negó. Doce años, tortura documentada y ausencia de pruebas independientes no fueron suficientes. Hoy el caso está en manos de un tribunal. Esperamos que tome una decisión diferente: que Mónica pueda llevar el proceso en libertad. No pedimos impunidad. Pedimos lo que la ley ya garantiza y el sistema le ha negado doce años: la presunción de inocencia.
En CEA Justicia Social hemos aprendido que hay otras formas de hacer justicia. Nuestro Mecanismo de Liberación —que articula análisis jurídico, coordinación interinstitucional y acompañamiento integral— logró en 2025 la liberación de 18 mujeres en situaciones similares a la de Mónica. Dieciocho mujeres que hoy llevan su vida en libertad y que en muchos casos han levantado la voz por los derechos de quienes siguen adentro.
Creemos que la justicia no puede reducirse al encierro. Reparar el daño, restituir derechos y reconstruir el tejido comunitario son caminos más dignos —y más eficaces— que una prisión que castiga sin resolver. Pero antes de hablar del futuro, necesitamos hablar de Mónica. De la mujer que tenía 19 años cuando el Estado decidió que no importaba. Que hoy tiene 31 y sigue esperando que alguien le diga, por fin, que sí importa.
Exigimos que el tribunal de alzada otorgue el cambio de medida cautelar. Exigimos que la Fiscalía cumpla con su deber constitucional de actuar con imparcialidad y conforme a derecho. Exigimos que cese la criminalización contra Mónica. Exigimos el fin de la prisión preventiva como castigo anticipado.
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