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/Darío Pale y Redacción/
08.09.2025.- Xalapa, Ver.— Docentes y directivos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) han manifestado su inconformidad ante las recientes decisiones administrativas impulsadas por el rector Sergio Torres Mejía, entre ellas la orden de abrir el nivel bachillerato en cada sede que actualmente imparte licenciaturas, bajo la condición de reunir entre 25 y 30 nuevos alumnos por grupo.
La medida ha generado molestia entre el personal académico y administrativo, quienes consideran que la exigencia es irracional y difícil de cumplir, especialmente en comunidades con baja densidad estudiantil. “No podemos obligar a las personas a inscribirse. Con 10 alumnos es suficiente para sostener un grupo”, señalaron directivos de distintas sedes.
Solicitan audiencia con la Secretaría de Educación.
Representantes de las más de 500 sedes que conforman la UPAV han solicitado una reunión con la secretaria de Educación de Veracruz, Claudia Tello Espinosa, para exponer una serie de anomalías que, aseguran, están afectando gravemente el funcionamiento de la institución.
Entre las principales denuncias se encuentra la falta de pago a docentes correspondiente al semestre anterior, la ausencia de apoyo operativo para las sedes, y lo que consideran una estrategia de desarticulación institucional para colocar personal afín al rector Torres Mejía.
Retrasos en pagos y déficit financiero.
De acuerdo con los inconformes, sólo algunas sedes recibieron pagos por los semestres concluidos en mayo, mientras que la mayoría continúa en espera de remuneración. El problema se ha agravado con el cierre del ciclo de agosto, cuyo pago debía realizarse en los primeros días de septiembre.
La rectoría ha justificado los retrasos señalando que, al asumir el cargo el 7 de diciembre de 2024, Torres Mejía encontró un déficit financiero de 40 millones de pesos. Sin embargo, docentes y directivos consideran injustificable esta situación, dado que los alumnos cubren sus cuotas puntualmente y que la UPAV, aunque pública, opera bajo un esquema similar al de una institución privada. El presupuesto estatal asignado es de apenas 19 millones de pesos anuales.
Cuotas fuera del sistema fiscal.
Otro punto de preocupación es el manejo de los recursos. Las cuotas estudiantiles no ingresan al sistema fiscal del estado, sino que son administradas por un patronato constituido como asociación civil, responsable de cubrir las nóminas. La administración anterior cambió tres veces de entidad pagadora, y la actual rectoría utiliza los servicios de la “Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente, Edal”, que retiene un porcentaje por realizar dichos pagos.
Impacto en estudiantes y estructura académica.
Además de los problemas financieros, los docentes denuncian que se pretende modificar el sistema de bachillerato, extendiéndolo de año y medio a tres años, lo que implicaría el cierre de sedes y el traslado de estudiantes a otras localidades. Por ejemplo, alumnos de Rinconada serían enviados a Miradores o Xalapa, lo que representa un gasto adicional y una afectación directa a su derecho a la educación.
Los directivos advierten que estas decisiones, sumadas al desorden administrativo, el caos en el manejo de archivos y la pérdida de documentos oficiales, ponen en riesgo la estabilidad académica de la UPAV y la continuidad de sus programas educativos.
