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/ Eduardo Sadot /
Si asumimos una actitud juridicista, siendo congruentes, habríamos de hacerlo con todo, pero el ejercicio del gobierno obliga – en beneficio de los gobernados – a no ser tan estrictos, con ellos, pero sí con el gobernante. Comencemos con aquella burla de un gobernante, al decir “soy dueño de mi silencio” sí en lo particular y como ciudadano ¡sí! somos dueños de nuestro silencio, ah pero en un cargo público ¡no! Porque al asumirlo, se jura de acuerdo al artículo 87 Constitucional observar una conducta apegada al derecho y cada pregunta ciudadana obliga al gobernante a contestar, inclusive la misma constitución en su artículo octavo, garantiza al ciudadano el derecho a una respuesta – derecho de petición – pero ese artículo se refiere a que sea “por escrito” Y es aquí precisamente donde está el centro del análisis, un gobernante oscuro e irresponsable, puede escudarse en la constitución para evadir una responsabilidad ¿lo puede hacer? Sí lo puede hacer ¿lo debe hacer? ¡Claro que no! Porque desde un cargo público se tienen todos los elementos, herramientas e instrumentos para investigar la verdad y proporcionar la respuesta correcta, ello nos lleva a otra actitud, pretender que una investigación no forma parte de su responsabilidad y evadirla diciendo que esa información la tienen otra instancia ¡también es una burla a la sociedad! porque se entiende que la sociedad no tiene los mismos recursos que la autoridad administrativa para dar con la verdad, pero confía en su autoridad para que ésta busque y encuentre la respuesta que responda a la inquietud ciudadana ¡y que no le mienta!, ya sea que la ciudadanía la haga la pregunta por sí o por interpósita persona que son precisamente los medios de comunicación. Responder diciendo que “no te voy a contestar porque no voy a caer en provocaciones” denota una actitud mezquina y egocentrista del gobernante, porque evidencia que le preocupa más su imagen que servir al ciudadano.
Aún más, cuando en una comparecencia pública a nivel nacional se dice ¡no hay pruebas! Entonces vuelve a evidenciar incongruencia, porque se ostenta con la autoridad para calificar si hay o no hay pruebas, eso sin decir que manifiesta una conducta parcial y defensora – sin tener un sustento jurídico – de sus simpatizantes o compañeros de partido. Esa actitud hace perder autoridad frente a sus gobernados.
Tratando de ser más ilustrativos recordemos, cuando una persona que atiende al público, ante la inconformidad de una persona, le espeta “usted está en su derecho de quejarse” además de insultante porque evidentemente la persona sabe que puede hacerlo, el prestador de servicio – público o privado no importa – le está retando y con la expresión le está diciendo que en esa instancia va a continuar con su actitud insolente, más aún, el prestador de servicio evidencia su estupidez, toda vez que si le están reclamando una conducta que a todas luces es errática, incurre en la necedad de retar que acuda a otra instancia para que se le obligue a cumplir con su responsabilidad, es necedad y estulticia porque una persona capacitada y con actitud de servicio privilegia servir y servir a los demás ¡nunca sacar ventaja ni para su imagen!¡eso es lo que hace la diferencia! El poder no se ejerce ocultando información ni rehuyendo preguntas. El poder se legitima sirviendo, dando respuestas y asumiendo responsabilidades. Porque lo que un presidente puede callar jurídicamente, muchas veces no debe callarlo políticamente.
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