*Zona de Reflexión.
/ Escrito por Lucía Lagunes Huerta /
Conforme el nuevo gobierno federal avanza en su gestión, la coherencia con su supuesto compromiso con los derechos humanos de las mujeres se vuelve un reto cada vez más complejo.
Si bien en materia de política social se consolidan avances del sexenio anterior, la deuda con los derechos humanos de las mujeres persiste y se profundiza. Un caso emblemático de esta incongruencia es el de Doña Ernestina Ascencio Rosario.
Pues al igual que el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, sostiene que no fueron los militares quienes agredieron sexualmente a la mujer Náhuatl de 73 años.
Y tratando de apoyarse en la institución que ha servido de parapeto al gobierno Morenista, desde el 2018, el tiro le salió por la culata, en la pasada Audiencia Pública sobre el caso de Doña Ernestina se llevó a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a 18 años después de los hechos.
Me refiero a que en su intervención uno de los representantes del gobierno mexicano, asesor por cierto, aseguró que “No existe evidencia directa” de que en la violación de Doña Ernestina hubieran participado “agentes del Estado” y para demostrarlo hizo referencia al informe que en agosto de 2021 emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el cual asegura que Doña Ernestina “fue agredida sexualmente por soldados establecidos cerca de su comunidad”.
Ni para adónde hacerse el actual gobierno federal, pues no hay evidencia directa de que niegue que fueron los militares quienes torturaron sexualmente a Doña Ernestina.
Pues desde la primera declaración hecha en febrero de 2007, Doña Ernestina aseguró que fueron los militares quienes la amarraron, le taparon la boca y la violaron. Las autopsias realizadas encontraron semen de por lo menos 3 hombres. La brutalidad del trato contra esta mujer adulta mayor, quedó registrado en la lesión en su cráneo, los golpes en su cuerpo y los daños de la violencia sexual.
Para esta mujer indígena, adulta mayor monolingüe, la violencia sexual se sumó a la violación a su derecho a la salud y a la justicia, derechos que están en litigio en el proceso que ante la Corte Interamericana se está llevando.
Para Doña Ernestina, como para la gran mayoría de las mujeres indígenas, la salud no está a la vuelta de su casa, por ello tardaron 12 horas para lograr la atención médica que requería la señora Ascencio Rosario.
La justicia que merecía fue enterrada con la declaración presidencial de Felipe Calderón de que la muerte de Doña Ernestina había sido producto de «una gastritis crónica mal atendida», a esta declaración se ciñó la entonces Procuraduría Estatal de Veracruz y la CNDH de José Luis Soberanes.
A ello se sumó una andanada de descalificaciones sobre su dicho por haber hablado en su idioma, incluso el entonces Instituto de las Mujeres (Inmujeres), deslegitimó la declaración de la víctima porque habló en Náhuatl.
Hoy, la Presidencia de la República y la Secretaría de las Mujeres guardan silencio.
Como bien dijo la propia presidenta, «lo que no se nombra no existe». Omitir un posicionamiento en el Año de la Mujer Indígena no es solo invisibilización, sino aquiescencia. Es una muestra más del pacto patriarcal con el ejército para garantizar su protección. Como señaló Patricia Torres, representante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami), este es un claro caso de racismo patriarcal.
El gobierno de la República está atrapado entre su discurso y sus acciones. Si realmente quiere estar del lado correcto de la historia, debe asumir una postura clara en favor de las víctimas. Actuar con congruencia significa reconocer y reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado.
De lo contrario, el silencio y la omisión seguirán siendo cómplices de la impunidad.
Cimac Noticias.com
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
