- Comunidades impiden la entrada de las fuerzas armadas, a quienes acusan de estar aliadas con el crimen organizado y estar «vendidas».
25.01.2024 . Ciudad de México | Desinformémonos. Al menos 2 mil 300 personas han sido desplazadas de manera forzada por la violencia del crimen organizado y las fuerzas armadas en los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia, en la región Sierra y Frontera de Chiapas, alertó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
El Frayba señaló que la situación de violencia «no es nueva», pues en la zona se ha agudizado la presencia de los grupos delincuenciales que disputan el territorio y utilizan el desplazamiento forzado «para el control de la población». Los pobladores, agregó el Frayba, además han sido víctimas de «desaparición de personas, homicidios, reclutamiento forzado, así como impactos psicosociales expresados en pánico colectivo generado por el miedo permanente y la violencia».
Los desplazados se han trasladado a las cabeceras municipales de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango, Tzimol, La Trinitaria, La Concordia y Comitán, y algunas más han migrado hacia lugares como Playa del Carmen, en el estado de Campeche, precisó el centro de derechos humanos.
«Lamentamos que ante esta emergencia sea la sociedad civil de los municipios receptores quienes estén abrazando a familias enteras y brindándoles techo, cobijo y alimentos, en medio de un irresponsable discurso de la Secretaría de Protección Civil del Estado Chiapas, que minimiza la situación de desplazamiento al llamar “personas en situación de vulnerabilidad ante un evento socio-organizativo”», denunció el Frayba.
De acuerdo con el centro, la mayoría de los pobladores que «no lograron salir de sus hogares» son personas mayores, población enferma o sin capacidad de movilidad, así como algunos que decidieron quedarse para cuidar sus propiedades.
El desplazamiento masivo en la Sierra y Frontera de Chiapas se agravó desde el pasado 15 de enero, cuando dos cárteles del narcotráfico se enfrentaron en la zona y un día después las fuerzas armadas irrumpieron en el municipio de Chicomuselo, donde acusaron a los pobladores de ser parte del crimen organizado.
Una semana después, el pasado 22 de enero, la Guardia Nacional y el ejército replegaron con gases lacrimógenos a los habitantes de los municipios de La Grandeza y El Porvenir, en la Sierra Madre de Chiapas, que instalaron bloqueos para impedir la entrada de las fuerzas armadas, a quienes acusan de estar aliadas con el crimen organizado y estar «vendidas».
Ante el clima de violencia en la región, el Frayba exigió a los gobiernos federal y estatal atender «urgentemente» a las víctimas de desplazamiento forzado, así como las causas que dieron origen al mismo.
A continuación el comunicado completo:
En las primeras semanas del mes de enero del 2024 la violencia se ha agudizado en las regiones Frontera y Sierra de Chiapas; la documentación realizada apunta a una verdadera crisis humanitaria traducida en al menos 2,300 personas en situación de Desplazamiento Forzado originarias de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia. Estos hechos se enmarcan en el contexto de violencia que emana de la disputa por el control del territorio entre la delincuencia organizada. El Desplazamiento Forzado es parte de las formas de acción que utilizan los grupos criminales para el control de la población.
El pasado 15 de enero en los límites de Nuevo Chejel (Municipio de Socoltenango) y Nueva América (Chicomuselo) se presentó un intenso enfrentamiento entre grupos armados; testimonios refieren: la desaparición de personas, homicidios, reclutamiento forzado, así como impactos psicosociales expresados en pánico colectivo generado por el miedo permanente y la violencia.
El 16 de enero, con la llegada de las Fuerzas Armadas, la población civil de Nueva América intentó evitar su ingreso al territorio ejidal, siendo reprimidos con uso excesivo de la fuerza por parte de los efectivos castrenses, dejando a su paso personas heridas, detonaciones de armas de fuego y estragos por la inhalación de gas lacrimógeno.
A pesar del reto, dificultad y límites que representa la documentación del fenómeno actual derivado del miedo, desconfianza, incertidumbre y dispersión de la población afectada; logramos documentar la existencia de al menos 2 300 personas que se desplazaron de manera forzada para resguardar la vida e integridad personal de las comunidades: Alfonso Corona del Rosal, Julio Sabines, Benito Juárez, Nueva América, Pablo L. Sidar, Raizal, Francisco I. Madero, Nueva Morelia, Limonar, La Lucha, La Unión, San Francisco, La Pinta, San Ignacio, Sabinalito, Las Flores, San Antonio Ocotal, 20 de Noviembre, Piedra, Labrada, Lázaro Cárdenas (Municipio de Chicomuselo), El Retiro, Rizo de Oro, Guadalupe Maravillas, Perlas del Grijalva, Resplandor, Retiro, y San Isidro (Municipio de La Concordia), así como de Nuevo Chejel, Puerto Rico y Nuevo Resplandor (estos tres últimos del municipio Socoltenanco). Todas estas personas están refugiadas en cabeceras municipales de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango, Tzimol, La Trinitaria, La Concordia y Comitán, algunas más han migrado hacia lugares como Playa del Carmen, en el estado de Campeche.
Mayoritariamente, quienes no lograron salir de sus hogares son personas mayores, población enferma o sin capacidad de movilidad, así como algunas que decidieron quedarse para cuidar sus propiedades.
Esta situación no es nueva, hemos denunciado con antelación la agudización de la violencia en las regiones Frontera y Sierra, que sigue en aumento generando de manera continua una diáspora constante de desplazamiento forzado. Tan solo en el mes de junio del año 2021 a la fecha han sido víctimas de desplazamiento forzado más de 10,000 personas, que han huido de sus hogares para salvar sus vidas.
Lamentamos que ante esta emergencia sea la sociedad civil de los municipios receptores, quienes estén abrazando a familias enteras y brindándoles techo, cobijo y alimentos, en medio de un irresponsable discurso de la Secretaría de Protección civil del Estado Chiapas, que minimiza la situación de desplazamiento al llamar “personas en situación de vulnerabilidad ante un evento socio-organizativo”, por lo que les recordamos el marco legal, particularmente el articulo 3 de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas[1].
Exigimos a los gobiernos Federal y Estatal, atender urgentemente a las personas víctimas de desplazamiento Forzado, así como las causas que dieron origen al mismo, aplicando los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la ONU, y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.
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[1] Se considera como desplazados internos a las personas o grupos de personas asentadas en el Estado de Chiapas que se han visto forzadas u obligadas a abandonar, escapar o huir de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado los límites territoriales del Estado.
