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09.01.2026 Ciudad de México.-El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, instruyó al Departamento de Estado a realizar un análisis jurídico sobre las vías legales que podrían sustentar una eventual intervención militar en México con el objetivo de enfrentar a los cárteles de la droga.
La orden, emitida la mañana del viernes, busca identificar marcos normativos nacionales e internacionales que permitan justificar una acción armada fuera del territorio estadounidense en el contexto del combate al crimen organizado transnacional. Aunque hasta ahora no se ha tomado una decisión formal, la revisión abre un escenario de tensión diplomática y política en la región.
El encargo se produce en un momento delicado para América Latina, tras el ataque estadounidense contra Venezuela que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro. Este antecedente ha generado preocupación en Sudamérica por la posibilidad de nuevas incursiones militares en la región.
En paralelo, Trump declaró en entrevista con la cadena Fox News que los cárteles “dirigen México” y adelantó que, tras meses de operativos marítimos en el Pacífico y el Caribe, su gobierno pasará a acciones terrestres contra estas organizaciones criminales. Las palabras del mandatario han sido interpretadas como una señal de endurecimiento en la política exterior y de seguridad.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó cualquier intento de intervención militar extranjera y subrayó que la seguridad nacional corresponde exclusivamente a las instituciones mexicanas. Analistas advierten que una acción unilateral de Washington sería considerada una violación a la soberanía y podría escalar la tensión diplomática entre ambos países.
Además, especialistas en derecho internacional señalan que justificar una incursión armada requeriría invocar figuras como la “legítima defensa” o la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas, lo que abriría un debate jurídico complejo y con consecuencias de largo alcance.
La relación bilateral en materia de seguridad tiene antecedentes que ayudan a dimensionar el alcance de este escenario. Desde la década de los noventa, ambos países han cooperado en programas como la Iniciativa Mérida, que canalizó recursos y entrenamiento para combatir al narcotráfico en México.
Sin embargo, esa cooperación siempre se mantuvo dentro de los límites de la soberanía mexicana, con participación estadounidense restringida a asesoría y apoyo técnico. Una intervención militar directa marcaría un giro radical respecto a esa tradición, rompiendo con décadas de acuerdos basados en colaboración y respeto mutuo.
Históricamente, las tensiones por la intervención estadounidense en México han sido recurrentes. Desde la invasión de 1846 hasta episodios como la expedición punitiva contra Pancho Villa en 1916, la presencia militar de Estados Unidos en territorio mexicano ha dejado huellas profundas en la memoria colectiva.
Por ello, cualquier intento de justificar una acción armada actual despierta recelos y resistencia política, tanto en el gobierno como en la sociedad mexicana. La posibilidad de que Washington busque un marco legal para intervenir revive esos antecedentes y coloca la discusión en un terreno de alta sensibilidad histórica.
Por ahora, el proceso en el Departamento de Estado se limita a una revisión preliminar sin plazos definidos ni anuncios oficiales sobre despliegues militares. Sin embargo, la combinación de declaraciones presidenciales y análisis legales mantiene abierta la posibilidad de que Estados Unidos busque mecanismos formales para intervenir directamente en el combate a los cárteles mexicanos.
De concretarse, sería un giro drástico en la relación bilateral y en la política de seguridad regional, con implicaciones que van desde la cooperación en inteligencia hasta la estabilidad diplomática en América Latina.
