*
14.08.2024. Tlachinollan. Ciudad de México | Desinformémonos. Familiares de víctimas de desaparición forzada denunciaron que el ejército mexicano «ha ocultado toda la información relacionada con los vuelos de la muerte», uno de los programas de exterminio clandestinos de la época llamada «Guerra Sucia», luego de que se revelara una lista con 183 nombres de víctimas y 25 vuelos o viajes.
«Hemos analizado la lista que nos mandaron y vemos que muchos datos son reales: los nombres, las fechas de las desapariciones, los apodos y los lugares en que fueron detenidos. El mismo tipo de letra de la máquina de escribir y el formato que usaban corresponden a documentos que el ejército elaboraba en aquellos años», señalaron los hijos e hijas de las víctimas.
El pasado 7 de agosto, la periodista Marcela Turati publicó en el portal A dónde van los desaparecidos un reportaje en el que se revela el descubrimiento de «una lista con 183 personas detenidas en México entre 1972 y 1974, cuyos cuerpos habrían sido arrojados al mar desde aviones que salieron de la base militar de Pie de la Cuesta en Acapulco».
Ante la información, expertos y familiares señalaron la urgencia de verificar su contenido y de que la Fiscalía solicite «toda la información que el ejército tiene bajo su poder». «No podemos darle más vueltas a las investigaciones, el Ejército está obligado a proporcionar todas las bitácoras de vuelo que se encuentran en sus archivos», aseguró un grupo de familiares de las víctimas que pertenecen a un colectivo de desaparecidos en Atoyac.
«Al verificar la información varios familiares constataron que los datos coincidían con las fechas, nombres y seudónimos. En el recuento de la lista de los 183 tienen un registro de 42 personas de su organización. Es una información que deben de considerar, sin embargo, las autoridades tienen la obligación de investigar, de solicitar toda la información al ejército para contar con más pruebas», finalizaron.
A continuación el comunicado completo:
Tenemos mucho coraje y mucha rabia contra el ejército porque ha ocultado toda la información relacionada con los vuelos de la muerte. En esta semana tuvimos conocimiento de una carta que en el 2004 envió el señor Benjamín Apresa a doña Rosario Ibarra de Piedra, presidenta del Comité EUREKA. Ahí le comenta que estuvo comisionado en el 74 en Pie de la Cuesta bajo las órdenes del capitán Javier Barquín Alonso. En ese tiempo se dio cuenta cómo desaparecían los cuerpos de los guerrilleros que asesinaban y que eran subidos a un avión para arrojarlos al mar. Le envió una lista donde vienen los nombres de nuestros familiares y amigos. Registra las fechas, los números de viaje, los nombres de las personas que subieron en cada viaje, sus seudónimos, los lugares donde los desaparecieron y la unidad militar que intervino en sus desapariciones.
Como hijas e hijos que desde hace 50 años buscamos a nuestros padres hemos visto el desinterés de los gobiernos para investigar y castigar a los responsables. Todo ha sido una simulación, se han burlado de nosotros y nos tratan siempre con desprecio y engaños. Somos personas incómodas y tratan siempre de evadirnos. No están de nuestro lado, por el contrario, quisieran que no los molestáramos. No les agradan nuestros reclamos y mucho menos que les digamos lo que tienen que hacer. Somos los familiares quienes hemos investigado por ellos y los que hemos buscado a nuestros seres queridos. No nos queda de otra que presionar a los ministerios públicos para que pidan informes al Ejército, porque hay muchos testimonios de que los militares desparecieron a nuestros padres y hermanos.
Hemos analizado la lista que nos mandaron y vemos que muchos datos son reales: los nombres, las fechas de las desapariciones, los apodos y los lugares en que fueron detenidos. El mismo tipo de letra de la máquina de escribir y el formato que usaban corresponden a documentos que el Ejército elaboraba en aquellos años. Como parte de una organización de personas desaparecidas de Atoyac hemos identificado cerca de 40 familiares que están en la lista y en la mayoría de ellos se asientan datos reales. Por eso decimos que la Fiscalía debe solicitar toda la información que el Ejército tiene bajo su poder. No podemos darle más vueltas a las investigaciones, el Ejército está obligado a proporcionar todas las bitácoras de vuelo que se encuentran en sus archivos. Ahí se tienen que centrar las investigaciones y son los militares los que están obligados a declarar qué hicieron con nuestros familiares, a dónde se los llevaron, quienes fueron los responsables.
Como hijos vemos que esta lista que contiene 183 nombres y 25 vuelos o viajes, como ahí se nombra, son indicios importantes, son elementos de prueba que el Ministerio Público tiene que tomar muy en cuenta, con mayor razón, debe solicitar los informes a la Sedena. No hay pretextos ni justificación alguna para no entregar lo que está en sus archivos. No permitiremos que se siga perpetuando la impunidad y que como víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tengamos que soportar este castigo para toda la vida. Queremos que se aplique de verdad lo que dice el presidente de la República; que se entregue toda la información que existe en los archivos del Ejército. Esperamos que esto se haga realidad. Ya no podemos esperar más.
A mi padre Octaviano Gervacio Benítez ya lo estaba investigando el Ejército. Desde que en marzo del 74 Lucio Cabañas estuvo en San Juan de las Flores, mi abuelo Bruno Gervacio se atrevió a invitarlo a comer, por ser su sobrino. De inmediato como familiares quedamos fichados. Mi padre presintió que algo malo sucedería desde el momento en que llevó el mensaje de mi abuelo a Lucio. A los 3 meses, es decir, el 26 de junio de 1974 los militares lo detuvieron en el centro de Atoyac. Se lo llevaron al 27 batallón y de inmediato lo apartaron de los demás. Maurilio Castro Castillo, quien también está desaparecido y aparece en el vigésimo vuelo, comentó a Filemón Mata que a mi papá le dieron un trato despiadado. No sabemos cómo soportó la tortura. A los militares no les importó que mi padre estuviera al borde de la muerte. En esas condiciones lo trasladaron al campo militar número 1. Después tuve conocimiento que lo había regresado a Pie de la Cuesta. He podido revisar su expediente y constatar que la Fiscalía nunca pidió informes a la Sedena para saber el paradero de mi padre. Hoy corroboro que aparece en la lista de las 183 personas que el Ejército arrojó al mar. Lo subieron en el onceavo vuelo con otras 7 personas: 6 hombres y una mujer con el seudónimo de Adela. La familia y los amigos conocían a mi padre como El Prieto y así aparece registrado en la lista.
Aparte del coraje y del dolor que sientes al saber que un familiar es parte de las 183 personas que fueron arrojados al mar por los militares, tienes que sobreponerte a todo porque nadie ve por ti. Los del gobierno nos tratan como sus enemigos en lugar de que respeten nuestro dolor. Son indiferente a nuestro sufrimiento. No se preocuparon por venir a Atoyac para informarnos de esta lista. Para ellos no merecemos un trato digno, más bien se empeñan en hacernos sufrir más. Los mismos militares actúan con prepotencia. Recientemente cuando regresábamos de una diligencia en Atoyac, en la entrada de Acapulco, los militares nos pararon y nos encañonaron. De manera arbitraria nos querían bajar. Me opuse y empecé a filmarlos. No puedo permitir que sigan actuando con total impunidad, como si nosotros fuéramos los delincuentes.
Para la compañera Estela Arroyo, coordinadora de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades de Violaciones a los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables tiene un registro de 17 compañeros que aparecen en la lista de los 183. Uno de ellos fue su primo Raymundo Morales Gervacio alias Arsenio, originario de Tres Pasos, municipio de Atoyac. Fue detenido cuando trabajaba en el campo cerca del Ticuí. Junto con él, el Ejército también desapareció a su hermano Eloy, cuyo paradero se desconoce. Su mamá doña Guadalupe Gervacio fue hermana de doña Rafaela madre de Lucio. A Agustín, hermano de Raymundo y Eloy, le tocó levantar las denuncias en la Fiscalía especial dirigida por Carrillo Prieto. Su pesar es inconmensurable porque de Raymundo no saben cuánto sufrimiento le causaron con el vuelo de la muerte. Sufren al imaginar cómo lo torturaron y se estremecen al pensar que lo arrojaron vivo o que lo mataron con la tortura. De Eloy no tienen ningún indicio de su paradero.
Los datos que arroja la lista de los 183 coinciden con los nombres y seudónimos de Agustín Flores Martínez, originario de San Vicente de Benítez apodado El Sastre. Para Estela que es originaria de esa comunidad, don Agustín se dedicaba a componer y hacer pantalones. Por su parte, Marcelo García Leyva se dedicaba a matar toros y puercos, por eso lo conocían como El Carnicero. También se llevaron a un menor de edad Emilio Delgado Jiménez. A los 3 se los llevó el Ejército el 25 de abril de 1973. Ese día la niña Estela recuerda que bajó el helicóptero cerca de la casa de su abuelo. Para que no los identificaran los cubrieron con las capas que usan los militares para protegerse de la lluvia. Primero subieron a dos y dejaron a uno. Más tarde regresó el helicóptero para llevarse al tercero. En 1972 el Ejército transformó en cuartel la comisaría ejidal de San Vicente que la utilizó para detener y torturar a la gente de la misma comunidad. Su abuelo le comentaba que escuchaba los gritos de las personas que torturaban. A varios los mataron. A San Vicente lo tomó el Ejército porque decían que era el pueblo de la familia Cabañas. A don Alejandro Arroyo Cabañas, padre de Estela también fue detenido y torturado por el Ejército en la comisaría ejidal. Nada pudo hacer su abuelo para que ya no hicieran sufrir a su hijo. Soportó los tormentos más de 40 días. Ya nunca se repuso de los estragos de la tortura. Murió a causa de los golpes que le infligieron. Para los familiares de las personas desaparecidas tiene que terminar este calvario. Las autoridades están obligadas a investigar las atrocidades del ejército y a castigar severamente a los responsables.
Tita Radilla, ya tenía conocimiento de esta lista hace más de 2 semanas y a lo largo de 5 décadas había conocido otras listas de personas desparecidas, tuvo acceso a álbumes de fotografías que le proporcionó la FEMOSP y corroboró el horror al ver a decenas de personas que fueron torturadas y asesinadas. En el 2004 le llegó una lista de personas que supuestamente fueron arrojadas al mar. Desde ese tiempo dijo que no aceptaba que su padre Rosendo Radilla Pacheco, alias El Cantor, hubiera estado en la lista de los vuelos de la muerte. Ha conocido de todo y ha enfrentado momentos muy difíciles, sin embargo, esta noticia pone a uno de cabeza. Con el dolor a cuestas, pero con la sabiduría de los años y la experiencia en el trato con los familiares de personas desaparecidas, convocó a quienes pertenecen a la AFADEM para que en un ambiente de confianza pudiera compartirle esta información. Constató que nadie estaba enterado de la lista. Fue muy denso el momento, tremendo por la noticia. Por más que se trató de explicar que habría que corroborar la información, para las madres no hubo forma de contener el llanto. Es imposible permanecer impasible. Todo se derrumba. Al verificar la información varios familiares constataron que los datos coincidían con las fechas, nombres y seudónimos. En el recuento de la lista de los 183 tienen un registro de 42 personas de su organización. Es una información que deben de considerar, sin embargo, las autoridades tienen la obligación de investigar, de solicitar toda la información al ejército para contar con más pruebas. Solo espera que la Sedena actúe con transparencia y deje de ocultar la información que requieren las víctimas y todo el país.
Ilustración: Rocío Urtecho
Publicado originalmente en Tlachinollan
