El ABC del Plan Nacional de Desarrollo 2030: ¿En dónde quedaron las mujeres?

Es así, que las mexicanas, desde su adolescencia, pueden llegar a dedicar hasta 40 horas semanales al cuidado de su hogar, mientras que los hombres dedican casi la mitad de este tiempo; 25 horas. Según la Agenda Estadística de la UNAM 2022, las mujeres representan el 51% de su plantilla estudiantil. Y si bien se puede celebrar que las mujeres son mayoría en la educación superior, su tránsito para concluir una carrera es totalmente distinto; su camino para graduarse será más complejo y las cooptará de un mejor futuro laboral.
Precisamente este apunte fue realizado en el Encuentro de Rectoras y Directoras de Instituciones de Educación Superior, avanzando hacia la igualdad de género del Colegio de México, donde 60 catedráticas universitarias exigieron un sistema de cuidados para que las estudiantes tengan la posibilidad de egresar y no abandonar su carrera, pues muchas de ellas, deciden maternar e incluso, se ven forzadas a dejar el estudio por complicaciones familiares que les demanda estar en casa y cuidar de otros.
Sí a la educación, siempre y cuando, el camino sea igual de laxo para todas y todos los estudiantes.
En este punto, hace falta mirar a este crisol, pues como apunta la catedrática Alexandra Haas, no sólo es hablar de inclusión, es tirar todas las barreras, pues el sistema patriarcal se alimenta de estas desigualdades; se beneficia de que las mujeres salgan de la universidad y cuiden en casa, las deja fuera de mejores oportunidades laborales, enfrentan la discriminación cuando años más tarde intentan incorporarse al mercado laboral forzándolas trabajar en la informalidad y finalmente, se les roba toda oportunidad de autonomía económica.

Asimismo, queda un vacío explicativo en saber qué son las “habilidades con perspectiva de género” y cómo estas habilidades pueden aportar a mejores oportunidades laborales, según refiere el mismo objetivo, se trata de garantizar un bienestar social y si bien se podría esbozar que la estrategia pretende apuntar a especialistas con mayores conocimientos en género, la realidad es que queda al aire cuáles son las especificidades de esto y si realmente repartir masivamente talleres de género implica una mejoría en la calidad de las atenciones.

Ejemplos son varios y las instituciones que han virado a la perspectiva de género como una “necesidad” en sus filas forzando a sus plantillas a tomar cursos no es novedoso. En el sistema judicial se tiene la responsabilidad de realizar el trabajo desde una óptica de género y derechos humanos, incluso, la Suprema Corte de Justicia goza de toda un área dedicada a la investigación y difusión de género y derechos humanos; La Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos que despliega cursos y capacitaciones todo el año. Los resultados: La Asociación Mexicana de Juzgadoras en México, a través de una encuesta realizada por World Justice Project (WJP) dio a conocer que en 2022 sólo 1 de cada 4 juezas encuestadas, consideró que se utiliza la perspectiva de género de forma adecuada entre sus colegas, en otras palabras, el 75% de jueces, juezas, magistradas y magistrados, no hace uso de esta herramienta en el tratamiento de sus casos.

La llegada de la NOM 020 implica, entre otras cosas, una división de las parteras, desdibuja lo que es una Casa de Partería y prohíbe a las parteras tradicionales el uso de medicamentos; la vida de mujeres corre peligro con la llegada de un marco normativo que, más que contemplar las necesidades de las mujeres durante el parto emprende una división y apremia su incapacidad para brindar una atención humana y de cuidados a las madres y sus bebés.

El primer punto para deshilar los puntos débiles de esta norma es saber que pretende limitar y excluir a las parteras tradicionales, en su lugar, serán las enfermeras obstétricas y perinatales quienes ocuparán el espacio, sin embargo, resulta evidente la pérdida de conocimientos; las y los enfermeros no son parteros, ni poseen las herramientas de una partera tradicional para garantizar un nacimiento seguro, saludable y acompañado.

Pero, si en esencia podría parecer que el Estado defiende la seguridad de las mujeres y que, no hay nada mejor que atenderse en manos de «profesionales», ¿entonces, cómo golpea a las parteras? El asunto es que, las personas de enfermería no tienen idea de cómo laborar la partería; esa carrera no les da las herramientas suficientes para ejercer como parteras y las clases que toman durante su formación, las da, precisamente, las parteras tradicionales. No es nuevo que se criminalice el trabajo de las mujeres parteras, pues desde mediados del 1800, cuando se instauró la ginecología los saberes de estas mujeres fueron relegados; considerados faltos de ciencia, incluso, se sabe de documentos donde los doctores les llamaban sólo “ancianas de vecindad”.

Graciela Freyermuth Enciso escribe para Cimacnoticias en Entre la autonomía y la norma: partería tradicional frente a la NOM-020 que la pretendida regulación -desde el sector- salud fue denunciada como una forma de apropiación institucional, sin consulta previa, que pone en riesgo no sólo la continuidad de sus prácticas, sino también los derechos culturales, reproductivos y territoriales de las comunidades.

A pesar de que el Artículo 2º de la Constitución mexicana reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, a preservar sus sistemas normativos internos y a ejercer sus propias formas de organización, incluida la atención a la salud, la NOM-020-SSA-2024 omite por completo este marco jurídico.

La norma no establece distinciones entre parteras indígenas y mestizas, ni entre aquellas que ejercen en contextos rurales, urbanos o comunitarios, diluyendo así la especificidad del derecho colectivo a la autodeterminación. Al ignorar este sustento constitucional, la NOM uniforma el tratamiento normativo de la partería tradicional y desvincula su ejercicio de los sistemas de salud propios de los pueblos indígenas.

En este sentido, resulta contradictorio el discurso a favor de las comunidades indígenas -hablando, incluso, del llamado Año de la Mujer Indígena-, así como las estrategias de este objetivo de reconocer los saberes tradicionales cuando se tiene en el mapa la NOM 020 que más que producir un bien comunitario, ejerce el extractivismo sobre el trabajo y conocimiento de las parteras de nuestro país.

Sólo en un repaso breve, en este objetivo resulta vital que se reconociera la falta de mastógrafos en México. De acuerdo con datos abiertos de los Recursos en Salud Sectorial 2023, actualmente hay 803 mastógrafos en todo el país para atender a mujeres de 50 años y más que representa al 23.8 % de las 67 millones mil 958 mujeres reportadas en el país a mediados del año pasado.

Se estima que en México al menos la mitad de los casos de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama son detectadas en etapas avanzadas o metastásicas, es decir, cuando el tumor maligno invade otras áreas del cuerpo.
Entre las razones por la que las mujeres llegan tarde a un diagnóstico de Cáncer de Mama, se debe a que la cobertura para su detección en México es limitada.

La mastografía es uno de los principales mecanismos para detectarlo -principalmente en las mujeres de 40 años en adelante-. Sin embargo, el sistema de salud mexicano no se da abasto para producir las mastografías suficientes para un buen diagnóstico.

De acuerdo con el estudio exploratorio que correlacionó la cantidad de mastógrafos del sector público existentes en 2020 con la cantidad de mujeres de entre 40 y 69 años, actualmente se cuenta con el número de mastógrafos suficiente sólo para elevar la oferta de estudios de tamizaje al 50% a nivel nacional. También se observó que la distribución de estos equipos no es equitativa, pues hay estados con grandes necesidades de inversión en equipo y que han sido dejados a la deriva con apenas un grupo reducido de mastógrafos -entre 6 y 10 en todo el Estado- donde figuran Chiapas, Colima o Oaxaca.

Por su parte, la estrategia 2.8.2 apunta a los avances científicos y estudios oportunos, nuevamente, no se se hace alusión a la perspectiva de género y a la necesidad de sacar el androcentrismo de la medicina.  Los avances científicos no siempre representan una mejoría en la calidad de vida de las mujeres, pues la medicina tiene una sólida raíz en el androcentrismo y en el desconocimiento del cuerpo de las mujeres.
Como ya se apuntaba, ejemplos concretos se encuentran en los años que tarda la medicina en diagnosticar, por ejemplo, una endometriosis; más de una década en que una mujer sepa qué sucede con su cuerpo, pues hasta hace unos años, poco se sabía sobre el padecimiento y sus efectos según el MDS Manuals.

Esto se replica en otras enfermedades autoinmunes como la artritis que tiene una tasa mayor en mujeres. En terrenos de padecimientos mentales, se encuentran las dificultades para que especialistas logren dar un diagnóstico certero de autismo, pues las pruebas de investigación se han realizado teniendo como modelo único los signos de los hombres, por ello, existe una tasa altísima de mujeres que utilizan el «masking» (forzarse a ser funcionales y disfrazar sus conductas).

En la psiquiatría, Cimacnoticias ha conversado con la doctora Gisel Cano especialista en adicciones quien ha apuntado para la investigación Muertes en Custodia que, con frecuencia, la industria farmacéutica asume que la humanidad es sinónimo de hombre. Esto quiere decir que, en materia de adicciones, muchos fármacos fueron diseñados exclusivamente para hombres, por lo tanto, las y los psiquiatras andan a «tientas» hasta encontrar la mejor dosis para erradicar ciertas adicciones; no hay ninguna basal que le permita saber cuáles funcionan mejor en el cuerpo de las mujeres.
Por ello, tampoco resulta sorprendente apuntar a que hay un desconocimiento sistémico en la medicina sobre cuáles son las mejores respuestas para atender y erradicar la ola de cáncer que implican el fallecimiento -prevenible- de miles de mujeres anualmente.

Según la revista Revisiones en Cáncer (2024), en el mundo, el cáncer de ovario es más frecuente a partir de los 50 años. Además, en la revista se ha dedicado todo un apartado a los factores «menos claramente establecidos»; las preguntas aún son muchas y tampoco hay pista alguna sobre con qué elementos externos se relaciona el cáncer de ovario.

No se sabe qué tanto influye la alimentación, la actividad física, el consumo de alcohol, ni de tabaco, ni de terapias hormonales y tampoco qué tanto ciertos fármacos podrían representar la creación de células cancerígenas en los ovarios: «No hay evidencia sólida que respalde las hipótesis», sostiene la revista especializada.
Este hecho, asoma una verdad sostenida: La perspectiva de género debe ser una herramienta de estudio que se cruce, sí o sí, en la materia de salud y ciencia. Resulta preocupante que en un objetivo de bienestar tan importante no se contemple, ni se mencione a las mujeres.

Caso similar sucede con el acceso a créditos de banca múltiple (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2022). Todo esto a pesar de que las mujeres tienen una mayor participación en la fuerza laboral, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, INEGI 2023).
La brecha de género no radica solo en el ingreso por el trabajo, sino en el acceso a sistemas de financiamiento para la vivienda.

Tener un techo seguro es fundamental para la estabilidad mental, familiar y social de todas las personas, pero más aún para las mujeres, pues en una sociedad profundamente machista, a ellas se les encomiendan las actividades de cuidados.
No obstante, esta responsabilidad extra, en México el 32 por ciento de los hogares tienen jefas de familia, es decir, más de 11 millones 400 mil hogares cuentan con una mujer responsable de proporcionar vivienda, alimento y cuidados. De acuerdo con información del último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020a), esta cifra presenta un aumento significativo respecto a una década atrás.

Asimismo, estos datos deben ser cruzados con los elementos de la violencia -particularmente la doméstica-, donde la falta de una vivienda y un espacio seguro implica una estructura de la violencia. Esto quiere decir que, sin autonomía, ni un hogar propio, las mujeres tienden a experimentar con mayor incidencia las agresiones físicas, psicológicas y sexuales de sus parejas, en añadidura, son ellas quienes quedan en vulnerabilidad al escapar de estos hogares.

Sin hogar, contención y seguridad, la calidad de vida de las mujeres se ve fuertemente mermada.
Por esto, resulta cuestionable que no se nombre a las mujeres en las estrategias de vivienda y tampoco se añada el enfoque de género en la repartición de programas de acceso a créditos.

Ahora bien, ¿todo está perdido en este apartado? Sí y no. Si bien aquí no se habla expresamente de mujeres, sí podemos encontrar un indicio en la reforma al Infonavit lanzada en diciembre del 2024.

Según sostiene el dictamen, el beneficio principal recaerá sobre 3 grupos poblacionales:

1.- Madres autónomas
2.- Personas jóvenes
3.- Personas trabajadoras que reciben ingresos bajos por su trabajo

Sobre esta misma línea, se ataja que la creación de esta empresa filial pondrá el foco sobre la clase trabajadora y sus necesidades de vivienda, conformando así, una opción no regresiva que ofertará diversas modalidades de acceso a la vivienda (como por ejemplo. créditos flexibles u operaciones de contado) y con ello, la reforma promete eliminar las barreras económicas que han cooptado a la población de acceder a sus derechos.
Concretamente, se prevé que el Instituto podrá llevar a cabo programas de arrendamiento social, sin fines de lucro o especulación comercial considerando el nivel salarial de las personas trabajadoras derechohabientes. En papel el plan se lee bien y también, podría ser una victoria que uno de los ejes prioritarios sean las madres autónomas, sin embargo, a cuatro meses de la aprobación del decreto la reforma al Infonavit ha quedado en un cajón y se desconoce exactamente cómo beneficiará a las mujeres, cuáles secretarías estarán involucradas y los primeros pasos para garantizar el acceso a la vivienda.

La iniciativa fue aprobada este mes de abril por la Comisión de Trabajo y Previsión Social y parte de las condiciones de trabajo que ha generado el empleo informal, el cual es definido como aquellas «actividades realizadas por empresas sin personalidad jurídica que no están registradas bajo formas específicas de la legislación nacional, caracterizadas entre otros elementos, por un alto déficit de trabajo seguro y bien remunerado» por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Ante este panorama, la iniciativa establece la necesidad de garantizar salarios mínimos de todas las y los trabajadores de hoteles, restaurantes, bares, empresas deportivas, de entretenimiento, estaciones de combustible y otros establecimientos análogos.
En diciembre de 2024 se registró que la Población Económicamente Activa (en edad de conseguir un empleo) alcanzó los 60.8 millones de personas, de las cuales, la tasa de participación de mujeres fue de 46%. Asimismo, la población ocupada llegó a los 59.3 millones en donde hubo 24.6 millones de mujeres. De ellas, la tasa de informalidad en la que algunas laboran llegó a ser de 54.2%, según la Encuesta Nacional de Ocupación de Empleo (ENOE).

La conversación en este asunto oscila en que, no sólo basta al hablar de equidad en las compañías, sino en los motivos esenciales por los cuales las mujeres no logran acceder a espacios de tomas de decisión; no basta con más mujeres en el trabajo, si éstas, no logran desarrollarse, hacer carrera, reconocimiento y obtener cargos gerenciales.

Según el informe “Mujeres en los negocios 2023: Los avances hacia la paridad”, realizado por de Grant Thornton”, se proyecta que para este 2025 las mujeres ocupen sólo 3 de cada 10 cargos gerenciales / ejecutivos. Y aunque los motivos son varios -como por ejemplo, la violencia laboral, el acoso, el pacto patriarcal, el sexismo-, se debe apuntar a que el cuidado es una de las claves más importantes. Según registró el IMCO, en México, 31.6 millones de personas de 15 años y más brindan cuidados sin recibir una remuneración a cambio, esto representa 32% de la población total. Sin embargo, tres de cada cuatro personas cuidadoras son mujeres, en específico madres, quienes tienden a pausar sus carreras profesionales por este motivo.

Asimismo, apuntan a un hallazgo preocupante: 9 de cada 10 personas que abandonan el trabajo por motivos de cuidado son las mujeres. En aras de repensar esto, se recuerda que el Sistema Nacional de Cuidados ya ha comenzado a desplegarse y ha puesto el acento en las infancias, por lo que en este objetivo, resulta fundamental no sólo hablar de equidad en el mercado formal, sino también, de que el piso sea parejo al momento de ejercer una carrera profesional.

En el estudio “Futuro Equitativo: Pensiones y Brecha de Género” del mismo instituto, se expone que, de acuerdo con las proyecciones demográficas, se espera que para 2050 el número de adultos mayores se duplique en comparación con 2024: pasará de 11.2 a 26.7 millones. Se estima que de esta población, 14.7 millones serán mujeres mayores de 65 años o más, mientras que 12.0 millones serán hombres. Esto significa que las medidas adoptadas en el presente respecto a las pensiones, en algunos años tendrán un impacto directo en los ingresos y en el sustento de una población envejecida, en su mayoría compuesta por mujeres.

Según Daniela Balbino, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C, (IMCO) la disparidad de ingresos se registra en los ahorros acumulados en las Afores pues, en promedio, las mujeres tienen en sus cuentas individuales alrededor de 75 mil 208 pesos, 24% menos que los hombres, que tienen 98 mil 891 pesos. A esto se suma el considerable tiempo que ellas dedican al trabajo no remunerado, una labor que recae mayormente en manos de las mujeres en forma de cuidado de hijos, personas adultas mayores, enfermos y que no es reconocido por el sistema de pensiones.

Aunque su valor económico se ha calculado en 24% del Producto Interno Bruto (PIB), la participación de las mujeres en estas tareas, a menudo, se traduce en una disminución aún mayor de sus ingresos destinados para la vejez. Las interrupciones en sus carreras profesionales, así como la ocupación en empleos a tiempo parcial o informales para atender estas responsabilidades, no se reflejan adecuadamente en sus registros de cotización.

Ahora bien, se recuerda que dentro de las reformas de López Obrador se encuentra el dictamen busca que los ahorros para el retiro y vivienda de los trabajadores de 70 años o más que no hayan sido reclamados o que se encuentren inactivos sean enviados a este nuevo Fondo de Pensiones y se usen para que las y los mexicanos puedan recibir 100 por ciento de salario en la edad de jubilación, aunque cualquier reforma en la materia, para ser verdaderamente justa y equitativa, debe contemplar una perspectiva de género, dado que en México hay más de 67.6 millones de mujeres.

El decreto de reforma fue firmada por el presidente el pasado primero de mayo del 2024  y contempla modificar el segundo párrafo del artículo 302 de la Ley del Seguro Social, agregando la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual será un “fideicomiso público no considerado entidad paraestatal”.

Adicionalmente, este fondo prevé utilizar recursos incautados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), así como de las utilidades de proyectos gubernamentales.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, las mujeres rurales que se encuentran en estado de pobreza, presentan a nivel mundial, un alto índice de deserción escolar, ya que generalmente son requeridas para ayudar en actividades asociadas con los roles de género conservadores que aún predominan en muchas comunidades rurales.

Sin embargo, a pesar de estas cifras donde las mujeres son una parte indispensable de la industria agroalimentaria, en este objetivo, no se nombra la perspectiva de género, a pesar, de que resulta urgente hacerlas benefactoras del mejoramiento de ingreso, inclusión social, la dignificación de su trabajo, reconocimiento y formalización.

En América Latina, 40% de las mujeres no están conectadas o no pueden pagar el acceso a Internet.  Estos retos son particularmente agudos si además se consideran otras circunstancias y condiciones de vulneración como la pobreza, discriminación, racismo y situación migratoria, entre otras, según documenta la Unesco.

Asimismo, el órgano internacional advierte que, en México el 63%  de las mujeres que nunca han hecho uso del internet es porque no saben cómo hacerlo. Esta segregación constituye un acto de discriminación y la cooptación a derechos como la formación académica, acceso a la información y profesionalización.

Ante ello, se pone bajo la lupa que ninguno de los objetivos que promueven la conectividad eficiente, así como el acceso a internet, nombra en ninguna de sus estrategias a las mujeres o el cierre de la brecha digital.

Esto último, cobra especial relevancia pues se sostiene que se pondrá el foco en las comunidades indígenas, su bienestar y la conservación del territorio, la transversalización de las mujeres aquí es fundamental, a sabiendas, de que son ellas quienes cargan con fuertes labores de defensa, protección y lucha por salvar los recursos de sus comunidades. Ellas, en muchos casos serían las cuidadoras de la tierra, de la cultura, de la lengua, de la historia, de la vida silvestre y de las plantas, todos los aspectos que constituyen un territorio.

Y en muchos casos, la amenaza de afuera también resultó en un proceso de empoderamiento de las mujeres en sus propias comunidades.
En este tenor, se nombra a Irma Galindo, mujer indígena Ñuu Savi (Mixteca) defensora de los bosques desaparecida en octubre del 2021 en Oaxaca.

Las mujeres son un aliciente ante las crisis climáticas, las actividades productivas sustentables, la conservación de los territorios indígenas, sin embargo, en ningún momento es reconocida su participación en este importante trabajo y tampoco son contempladas en ningún otro punto del Desarrollo Sostenible.