*Zurda.
/ Ruth Zavaleta Salgado /
En esta semana, una vez más se impuso la mayoría legislativa oficialista en el Congreso de la Unión, y aprobaron las reformas a las leyes del Infonavit y la Federal del Trabajo para que el gobierno federal pueda usar los ahorros de los trabajadores.
Construir un millón de viviendas no está mal, por el contrario, es un objetivo disruptivo porque en México hay un déficit de 8.2 millones (Inegi e Infonavit), y porque en los últimos seis años la construcción cayó en 48 por ciento, pero, sobre todo, porque el sector de la construcción de la vivienda tiene un impacto directo en la reactivación económica y en el desarrollo sostenible, genera empleo y mejora las condiciones de vida de las personas, sobre todo, de las que menos tienen.
En 2021, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calculó que el sector de la construcción suponía 13.1 por ciento del PIB nacional en la región, del cual la construcción residencial representaba 45 por ciento del total, además, cuando se construye se benefician otras 78 ramas de la economía.
No obstante, los numerosos beneficios que se pueden generar, hay un gran problema para lograrlo, que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene los recursos financieros porque heredó de su antecesor las arcas públicas vacías. Bajo ese contexto, la Presidenta decidió utilizar los ahorros de los trabajadores que cotizan al Infonavit para, teóricamente, fondear la construcción de las primeras 500 mil viviendas. Pero no sólo eso, sino, además, tal y como ya lo habíamos escrito en este mismo espacio en diciembre quiere crear su propia empresa filial para hacerlo al estilo de ciertas empresas de energía, que siempre están en números rojos. Por si cabe duda, designó a la cabeza de este importante proyecto al extitular de Pemex.
Fue así que, para lograr su objetivo, el 12 de diciembre del año pasado, presentó en el Senado de la República una iniciativa de reformas a las leyes mencionadas. Complacientes, los senadores, de inmediato la dictaminaron en las comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda y de Estudios Legislativos. Un día después, siendo la última sesión del periodo ordinario, se presentó el dictamen en los mismos términos de la iniciativa, para ser aprobada con 67 votos a favor y 27 en contra. Así, el día 14, la minuta fue recibida en la Cámara de Diputados, en donde no tuvo eco para aprobarse en fast track, porque, al mismo tiempo se detonó el conflicto político entre los dos líderes parlamentarios de Morena del Congreso de la Unión, es decir, el diputado Ricardo Monreal y el senador Adán Augusto López, por lo que la conversación pública se concentró en el conflicto y sirvió de cortina de humo de lo que había detrás de las reformas.
Es preciso señalar que la iniciativa de la Presidenta, no salió de la nada, sino, se deriva de la reforma constitucional al artículo 123, propuesta en febrero del año pasado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que fue aprobada en octubre por la nueva mayoría legislativa, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre.
Con esa reforma se obliga a las empresas a realizar aportaciones a un fondo nacional que es administrado por un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de las personas trabajadoras y de las empleadoras, para, teóricamente, otorgar créditos a los derechohabientes para adquirir una vivienda o suelo para construirla, o arrendar o mejorar la que ya tienen.
El planteamiento es muy bueno, pero no se conocían los verdaderos planes: usar el ahorro de los trabajadores.
Al respecto, surgen varias dudas. ¿Quién va a garantizar que si la empresa fracasa los trabajadores recuperen sus recursos? ¿Quién va a decidir a quién se le otorga el crédito de vivienda? ¿Se hará por tómbola? ¿Se entregarán las viviendas sólo a sus simpatizantes de Morena? ¿Sin órganos autónomos cómo podremos saber si se hizo o no un buen uso de los recursos? Frente a los riesgos ¿los trabajadores se quedarán de brazos cruzados?
