/ Mariana Campos y Jorge Cano*/
SemMéxico/México Evalúa, 5 de diciembre, 2022.- Parece clara la estrategia gubernamental de debilitamiento de la sociedad civil organizada. Los recortes al financiamiento de las agrupaciones ciudadanas a lo largo de esta administración lo demuestran. Ya en 2019 los recursos que les llegaban del Presupuesto de Egresos se cortaron de tajo, y el estrangulamiento se agudizará en 2022, con las políticas administrativas recién aprobadas, que van a reducir la cantidad de donativos que se dirigen hacia dichas organizaciones (eso, hay que subrayarlo, a pesar de que el propio Gobierno se beneficiará poco de la medida, pues esos donativos tienen un potencial recaudatorio limitado).
¿Cuál es el estado de las cosas que comenzó a disolverse en 2019? Desde 2006 existen lineamientos para que las dependencias federales puedan otorgar donativos a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), universidades públicas o secretarías estatales, con los recursos de su presupuesto autorizado para un año fiscal[1]. De 2010 a 2018 en promedio se otorgaron 2,179 millones de pesos (mdp) en donativos a OSC dedicadas a resolver necesidades sociales tan diversas como las relacionadas con violencia de género, trata de personas, atención al cáncer, desarrollo agrícola, educación, casas hogares, derechos indígenas, derechos reproductivos, medio ambiente, entre otros.
Con la llegada de la presente administración federal, el monto de donativos del PEF prácticamente se eliminó: fue 81% (1,775 mdp) menor al promedio observado en los ocho años anteriores, al ubicarse en sólo 165 millones de pesos. Y si 655 organizaciones en promedio recibieron anualmente recursos entre 2010 y 2018, en 2019 sólo recibieron recursos 76 organismos, en su mayoría secretarías en las entidades federativas.
En 2020 y 2021 esa política no cambió, lo que mermó la creación de nuevas organizaciones: sólo 185 nuevas organizaciones se enlistaron en el Directorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil, la cifra más baja desde 1993, época previa al inicio de la transición democrática de nuestro país. Esta cantidad también es 87% menor al promedio observado entre 1990 a 2018: 1,435 nuevas organizaciones registradas por año.
Eso sí: los donativos privados hacia las organizaciones aumentaron en 3% (1,500 mdp) de 2018 a 2020, debido principalmente a un crecimiento de 20% (1,026 mdp) de las donaciones provenientes del extranjero, pero no ha sido suficiente para compensar por completo el ‘hoyo’ de recursos para las OSC.
La evolución de los donativos gubernamentales
El otorgamiento de donativos gubernamentales a las OSC es un proceso susceptible de mejora, pero siempre a partir de la ley, que impone filtros y revisiones para controlar el riesgo de apoyar causas particulares o para evitar que se traslapen con los objetivos de programas sociales del Gobierno.
Desde la expedición de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en 2006, los donativos deben de cumplir con ciertas directrices, orientadas a controlar su discrecionalidad:
- Deben ser aprobados por el titular de cada ejecutor del gasto (secretaría o dependencia).
- Las asociaciones deben ser no lucrativas, demostrar estar al corriente en sus respectivas obligaciones fiscales y que sus principales ingresos no provengan del Presupuesto de Egresos.
- Debe presentar un proyecto que justifique y fundamente la utilidad social de las actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia.
- Deben verificar que los donatarios no estén integrados en algún otro padrón de beneficiarios de programas a cargo del Gobierno federal.
- En ningún caso pueden estar vinculadas a asociaciones religiosas o a partidos y agrupaciones políticas nacionales.
- Se otorgan sólo a las donatarias autorizadas, es decir, aquellas organizaciones avaladas por el Servicio de Administración Tributaria de expedir recibos por donativos. Actualmente hay 9,675 donatarias en un universo de 43,523 OSC registradas.
De todos modos, y como ya mencionamos, en 2019 se recortaron de tajo dichos donativos, debido a una orden directa del Ejecutivo a través de una circular firmada el 14 de febrero de 2019, que estipulaba “terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción”[2].
No obstante, algunas asociaciones civiles sí fueron apoyadas en 2019, como Fundación UNAM, A.C.; Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C. (AMIJ) y la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (Asofis), pero los recursos de estos donativos provinieron del Poder Legislativo y del Judicial. Es decir, ese año el Poder Ejecutivo efectivamente cortó de tajo todos los donativos a las OSC.
Para 2020 hubo una ligera recuperación en ese sentido: 404 mdp se donaron, ‘pulverizados’ entre 48 destinatarios. Se restablecieron algunos apoyos a OSC como la Fundación Elena Poniatowska Amor, A.C., el Festival de México en el Centro Histórico, A.C. y el Fideicomiso Público Museo del Estanquillo, entre otros.
Al primer semestre de 2021 la tendencia de donativos mejoró con respecto a 2019, pero no en comparación con lo observado en 2020. En lo que va del año se han erogado 95 mdp en donativos, 69% (216 mdp) menos que en el mismo periodo de 2020 o 83% menos que el promedio de 2010 a 2018 semestral (479 mdp).
Además, el Ejecutivo sólo ha otorgado 84 mil pesos a una OSC, la Fundación Maestro José Luis Cuevas Novelo, A.C. La Fundación UNAM y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C. han recibido 3.8 y 3.2 millones de pesos, respectivamente, pero, de nuevo, provenientes del Poder Judicial.
Ni los subsidios se han salvado
A partir de 2015 se reportan los subsidios que los ejecutores del gasto federal otorgan a las OSC. A diferencia de los donativos, su legislación está en el reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pero al igual que éstos, los subsidios son contemplados por varias normativas.
Para acceder a los subsidios se debe firmar un convenio con el ejecutor del gasto y competir a partir de convocatorias publicadas por los entes públicos. Todas las OSC pueden recibir subsidios, sin necesidad de ser donatarias, sólo necesitan su Clave Única de Inscripción (CLUNI), que se obtiene cuando se inscriben en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
En 2015 las federaciones deportivas fueron las más beneficiadas a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con 585 mdp: el 44% del total de subsidios de ese año (1,329 mdp).
Además, se otorgaron 32 mdp a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (Secretaría de Salud), para organizaciones como casas-hogar o asilos. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (Secretaría de Salud) también apoyó con 250 mdp a instituciones dedicadas a promover la equidad de género, combatir la violencia familiar y desarrollar refugios, entre otros.
Por su parte, en el año en que se empezaron a reportar los subsidios el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida otorgó 102 mdp a organizaciones enfocadas en el combate a la enfermedad. Finalmente, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) otorgó 205 mdp a OSC dedicadas al desarrollo agrícola, desarrollo de comunidades indígenas, incubadoras empresariales y protección ambiental, entre otros.
Pues bien, en 2019 los subsidios cayeron a 702 mdp, 53% (782 mdp) menos que en 2018 o 54% menos (837 mdp) frente al promedio de 2015 a 2018. Ese año se recortaron los subsidios otorgados por la Sedatu y se eliminaron gran parte de los recursos hacia las federaciones deportivas y las dedicadas a salud. Un año después los subsidios cayeron todavía más, hasta 361 mdp, un recorte de 49% (341 mdp) frente a 2019.
En 2021 esta tendencia se corrigió en su comparación semestral. Se han otorgado 543 mdp, el segundo mayor monto semestral desde 2015. No obstante, el 79% (433 mdp) está dedicado a federaciones deportivas, y el resto a instituciones educativas. Es decir, no se recuperaron los subsidios para medio ambiente, equidad de género, combate al VIH, orfanatos y asilos, entre otros.
Donaciones nacionales y extranjeras, al rescate
Recapitulemos: de 2018 a 2020 las donaciones y subsidios del Gobierno hacia las OSC cayeron 76% (1.91 mmdp). En el mismo periodo, las donaciones de entes privados nacionales y extranjeros a donatarias autorizadas aumentaron en 3% (1.5 mmdp), lo que ni de lejos alcanzó a compensar los recortes gubernamentales.
En promedio, de 2010 a 2020 los donativos nacionales representaron el 90% del total de los donativos (en 2020 llegaron a representar el 88%), un periodo en el que los donativos nacionales pasaron de 36.4 a 47.2 mmdp –un crecimiento de 30%–. Pero, ojo, los donativos extranjeros pasaron de 2.9 mmdp a 6.2 mmdp, lo que representa un aumento de 116%.
De hecho, de 2018 a 2020, cuando, como hemos visto, se han verificado los mayores recortes del de donativos y subsidios del Gobierno, las donaciones procedentes del extranjero han sido las que más se incrementaron: 20% (1 mmdp). En esos dos años los donativos nacionales crecieron 1% (0.5 mmdp).
Como pueden ver, no es exagerado calificar estos cambios como ‘asedio’ a la sociedad civil. Más allá de la retórica y la hiperpolarización, había que hacer números y, sobre todo, demostrar que el ataque es mucho más amplio que la célebre cuestión del límite a las deducciones por donativos. Es un asedio, si se puede decir, por todos los frentes y al corazón de la actividad de las organizaciones de la sociedad civil.
Finalmente, como expondremos en otro artículo, los cambios fiscales que se avecinan en 2022, y que limitarán la cantidad de deducciones por donativos de las personas físicas, tienen un bajo potencial recaudatorio –dichas deducciones representan sólo 1.1 mmdp o 1.8% del total de 2022–, pero un riesgo muy alto para las OSC.
[1] Previo a la expedición de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de 2006, los donativos estabas previstos en las Leyes de Presupuestos de Egresos, pero sin la obligatoriedad de ser reportados, exigir comprobantes fiscales a las donatarias o prohibición de dar donativos a organizaciones religiosas o políticas, entre otras normativas.
[2] Presidencia de la República (2019). Circular uno. Recuperado de: https://reunionnacional.tecnm.mx/RND_2019/sa/CIRCULAR%20UNO.pdf
* (@mariana_c_v) y (@Jorge_eCano)
