*Es importante señalar la brecha de vivienda a la que se enfrentan las mujeres, lo cual se agrava frente a la gentrificación.
/ Escrito por Wendy Rayón Garay /
08.07.2025 /Cimac Noticias.com/ Ciudad de México.- En el país, mexicanas enfrentan serias dificultades para acceder a una vivienda. Por esta razón, diversas mujeres de la Ciudad de México y municipios conurbados del estado de México, se reunieron en el Parque México de la colonia Condesa para realizar la primera manifestación contra la gentrificación, un fenómeno urbano que privilegió los intereses económicos por encima de sus derechos, y que se intensificó debido al auge de aplicaciones de alojamiento turístico, lo que detona las brecha de género de vivienda para las mujeres.
Con lemas como «Nuestra identidad no es negocio», «El barrio no se vende» o «Gentrificar no es progreso, es despojo» diversas jóvenes se movilizaron en las calles de la capital para poner en el centro la defensa del derecho a una vivienda digna, el arraigo comunitario y la denuncia de los procesos de desplazamiento que afectan a sectores populares, principalmente a las mujeres de todos los frentes (indígenas, afromexicanas, jefas de familia, estudiantas y trabajadoras precarizadas.
Es importante señalar la brecha de vivienda a la que se enfrentan las mujeres, lo cual se agrava frente a la gentrificación. En Ciudad de México, el 39.8% de los hogares tiene una jefatura femenina (INEGI, 2020) y de la población asalariada, según la condición de prestaciones laborales, el 22.95% de mujeres no tenía prestaciones y el crédito para vivienda era, en promedio, la segunda prestación laboral con el porcentaje de acceso más bajo (76.53%); es decir que, incluso entre las mujeres con trabajo formal y prestaciones.
El ingreso promedio trimestral de las mujeres de Ciudad de México fue de 26, 563 pesos (ENIGH, 2022) –cifra que disminuye a mayor número de hijas o hijos, menos años de escolaridad y según características como ser indígena o hablar una lengua indígena.
Durante el tercer trimestre de 2024, la población ocupada alcanzó las 4.89 millones de personas, de las cuales el 46.9% eran mujeres. El salario promedio mensual de la población fue de 6,900 pesos; sin embargo, para las mujeres fue de 5,700 pesos, pudiendo aumentar o disminuir según el nivel de escolaridad y el tipo de empleo (Data México, 2024).
Según la Secretaría de las Mujeres CDMX, el 27% de la vivienda particular habitada en la Ciudad de México es rentada (ENVI, 2020). Entre los motivos principales de arrendamiento se encuentran el económico –no tener acceso a un crédito hipotecario o bancario, la falta de recursos, o que el pago mensual es menor al de una hipoteca– y personales – preferencia por invertir en otras necesidades (viajes, estudios, negocio), el desinterés por comprar y la facilidad de mudarse–. En ese sentido, las mujeres, debido al tipo de empleos a los que tienen acceso –muchas veces desde la informalidad– , en mayor proporción, suelen arrendar una vivienda.
Actualmente, existen diversas barreras que impiden a una mujer tener un hogar propio, producto de desigualdades estructurales profundamente arraigadas. La propiedad de un lugar, lejos de ser solo una cuestión económica, esta atravesada por relaciones de poder, género, clase y raza que históricamente han relegado a las mujeres a posiciones de dependencia y expulsión.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 del INEGI, se estima que en México existen 35 millones 259 mil 433 viviendas, de las cuales más del 67 % son viviendas propias (57.1 % ya pagadas y10.7 % en proceso de pago), 16.4 % se encuentra en condición de renta y el 14.2 % se ocupa en calidad de préstamo. De las propiedades declaradas como propias, el 72.9 % a nivel nacional cuenta con escrituras, pero varía según la localidad.
Para 2020, el promedio de pago mensual por arrendamiento era de 5,525.2 pesos –en los últimos años la plusvalía en algunas zonas ha incrementado considerablemente– . Actualmente, las rentas en la Ciudad de México oscilan entre los 6,000 y los 40,000 pesos mensuales, según la demarcación territorial en la que estén ubicadas; es decir, si son más cercanas al centro o a la periferia y, dentro de la propia demarcación, según la colonia en la que se encuentren. Las más costosas suelen ser ofertadas como ubicaciones “privilegiadas” con infraestructura y desarrollo urbano – acceso a vías de comunicación y transporte, servicios educativos, centros de trabajo, oferta cultural y recreativa, áreas verdes, parques y otros espacios públicos–.
La obtención de una escritura presenta una brecha de género que se acentúa dependiendo del entorno. En las localidades rurales, el 64.1 % de las viviendas con escrituras pertenece a hombres, frente al 34.0 % de mujeres. En áreas urbanas, aunque la diferencia es menor, persiste la desigualdad: el 55.1 % son propietarios hombres y el 43.4 % mujeres.
A esta desigualdad se suma que, datos de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi, 2018) registraron que solo el 35.6% de los financiamientos otorgados por los Organismos Nacionales de Vivienda (Onavis) y 31.6% de subsidios federales se otorgan a mujeres, en contraposición al 60 y 66.8 por ciento respectivamente, para los hombres, según el informe «Vivienda para todas. Estudio del contexto de las mujeres en la vivienda autoproducida y en alquiler en México».
Algo similar sucede con el acceso a créditos de banca múltiple (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2022), aun cuando, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) las mujeres tienen una mayor participación en la fuerza laboral (INEGI, 2023) existe una brecha en el acceso a sistemas de financiamiento para la vivienda. Es esta desigualdad que provoca que la atención al derecho de la vivienda sea un punto focal, siendo que es la base directa o indirecta para otros derechos.
Solo 35% de créditos para financiar vivienda son para mujeres – cimacnoticias.com.mx
Aunque la participación de las mujeres ha aumentado estadísticamente en su ingreso al mercado laboral, la realidad es que el tiempo dedicado al trabajo doméstico y a las labores de cuidado en general no han disminuido. Esto implica una carga excedente y que problematiza dinámicas de acceso y seguridad al ver vulnerable su tiempo para el trabajo remunerado y su reconocimiento en la gestión del acceso a la vivienda, según explica el informe. Sin embargo, a esto se suma todavía un fenómeno más grande: la gentrificación.
Los casos de Carolina y Rosina
Carolina Ramos es una joven que, como muchas otras mujeres, busca independizarse de su núcleo familiar y construir un proyecto de vida propio. Con esa intención se mudó al centro de la Ciudad de México, específicamente, en la colonia Peralvillo de la alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, descubrió que esta zona, como muchas de la capital, esta atravesada por procesos acelerados de gentrificación y desplazamiento.
En su entorno abundan nuevos desarrollos inmobiliarios que ofrecen departamentos diminutos con precios que superan los 2 millones de pesos, los cuales son inaccesibles para la mayoría de la población. La especulación del suelo (la compra de terrenos vacíos que se pretenden vender una vez que su precio aumente), la llegada de aplicaciones de alojamiento e incluso la colocación de megaproyectos, transformó el paisaje urbano y expulsó silenciosamente a quienes no pueden sostener el nuevo costo de habitar la tierra, aun cuando han vivido en ella por décadas.
México apostó por atraer población extranjera, particularmente personas de poder adquisitivo que realizan negocios en dólares o trabajan de forma remota. Esta estrategia ha impactado directamente en el mercado inmobiliarios, elevando los precios de las viviendas en zonas urbanas de alto interés turístico y cultura. Datos del Censo de Población y Vivienda 2020 señalan que, en México hay un millón 168 mil personas nacidas en el extranjero provenientes principalmente de Estados Unidos y Españas que viven en Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco, Tlaxcala, Tabasco y Campeche.
Esto fue posible, en parte, gracias al auge de las aplicaciones de alojamiento turístico quienes crearon una oportunidad de negocio rentable para propietarios e inmobiliarias. A través de estas plataformas (Airbnb, Vrbo, Booking, Expedia, Trivago, TripAdvisor) muchos optaron por desalojar a inquilinos de largo plazo junto a sus familias para convertir sus viviendas en espacios destinados al turismo internacional. Esta práctica incentivó el despojo habitacional, priorizando la renta en dólares por encima del derecho a la vivienda, y contribuyó a la aceleración de la gentrificación.
Este contexto genera que muchas personas, particularmente mujeres, enfrenten costos desmedidos en la adquisición de alimentos, bienes esenciales y servicios básicos. En el caso particular que Carolina, ella vive en un departamento rentado y, tras años de insistencia, logró convencer a su arrendataria para que le vendiera el inmueble. Aunque aún no han concretado un acuerdo, la joven paga una renta mensual de $4,000 pesos, monto que se vuelve cada vez más difícil cubrir junto con otros gastos esenciales como el transporte, la vestimenta, la alimentación, internet, electricidad o agua.
En casos extremos, muchas personas son desalojadas de forma violenta, como le ocurrió en 2022 a Rosina Galindo López, una costurera y adulta mayor, quien fue despojada del edificio donde vivía, ubicado en la calle Isabela Católica, en la colonia Roma. La operación de desalojó involucró a más de 800 granaderos y dos helicópteros, y culminó con la expulsión forzada de al menos diez familias, muchas de ellas con años de arraigo en el ligar.
Para Rosina, como para muchas mujeres mayores, encontrar otro hogar fue extremadamente difícil. No solo por su edad, sino por su condición de mujer en un sistema que históricamente ha limitado su acceso al empleo formal, a la propiedad y al crédito. Esto se profundiza pensando que, muchas de ellas son cuidadoras de sus nietas y nietos, lo que agrava su situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con la colectiva Claudia Cortés, enfocada en el desarrollo urbano de la Ciudad de México, la gentrificación tiene «múltiples tentáculos» que implican en los derechos humanos como el deslazamiento forzado de los habitantes ante la llegada de personas con mayor poder adquisitivo, violaciones a derechos territoriales y derechos ambientales. Según ha observado el colectivo, el «tsunami inmobiliario» se apoderó de los barrios, colonias, pueblos y de la ciudad.
Esto motivado por el cartel inmobiliario, un término para describir una red de corrupción entre funcionarios públicos, desarrolladoras inmobiliarias, empresarios y gestores privados para apropiarse de terrenos a costa de los derechos humanos de habitantes originales que, en términos precisos, es una estructura de poder económico y político que opera bajo la sombra.
La colectiva apuntó que, desde la alcaldía Cuauhtémoc se ha denunciado la existencia del cartel incluso antes que se viralizara su existencia en la alcaldía Benito Juárez y identificaron dentro de las consecuencias el acaparamiento de recursos como el agua; afectaciones a la calidad de vida; privatización del espacio público; así como el control de gobiernos, policías y comercio.
«Para todos aquellos que creen el cuento de que la gentrificación es mejoría o progreso, lamentamos muchísimo informarles que esto es una gran mentira y que tienen que esta mentira para legitimar el despojo, el desarraigo, el robo y el desprecio por la cultura de un barrio, una colonia y su gente» -Colectiva Claudia Cortés.
Aunque al inicio puede parecer que la gentrificación genera empleo y beneficia a algunos locatarios, ella advirtió que, en poco tiempo, esas supuestas ventajas desaparecen. Las ganancias reales, dijo, terminan en manos de grandes capitales y monopolios que aprovechan su poder económico para imponer sus intereses en las zonas más vulnerables.
La colectiva denunció directamente a plataformas como Airbnb, que, en sus palabras, han sido erróneamente percibidas como herramientas amigables que permiten rentar una habitación extra. En la realidad, dijo, existen edificios enteros destinados únicamente a este modelo de negocio, operando como hoteles encubiertos, evadiendo impuestos y vaciando colonias para favorecer el turismo y la especulación inmobiliaria.
Agregó que muchos de estos edificios permanecen desocupados hasta en un 50%, pues no están pensados para la vida cotidiana sino para generar ganancias a través del valor del suelo. “Se encarcelan las viviendas, se vacían las comunidades, se destruye el derecho a habitar”, afirmó la colectiva Claudia Cortés.
Finalmente, señaló que las aplicaciones de alojamiento turístico no solo se benefician del despojo local, sino también de contextos internacionales marcados por la violencia. Mencionó que hace apenas unos días, la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, acusó a más de 60 empresas de lucrar con la economía del genocidio en Palestina, entre ellas Airbnb y Booking. Específicamente, acusó a Airbnb promueve hospedajes de colonos israelíes en territorios ocupados como Tecoa, en Cisjordania, y contribuye así al encubrimiento de la violencia y el desplazamiento del pueblo palestino.
Si las políticas públicas continúan ignorando las experiencias, necesidades y propuestas de las mujeres sobre todo de aquellas que viven en condiciones de pobreza, el futuro de las ciudades estará marcada por una desigualdad más profunda. No se puede hablar de soluciones reales a los problemas de acceso a la vivienda sin incluir perspectiva de género que reconozca las barreras que enfrentan para obtener un hogar digno.
