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/Juan José Rodríguez Prats/
Mi generación no está respondiendo a los retos del fin de la transición porque no tiene respuestas
Soledad Loaeza
El filósofo del derecho Ronald Dworkin escribió en uno de sus más celebrados textos: “Podemos reclamar que se tome los derechos en serio, que siga una teoría coherente de lo que son tales derechos, y actúe de manera congruente con lo que él mismo profesa”. Esa misma idea fue expuesta hace 2750 años por el gran legislador Licurgo: “Lo importante de las leyes no es que sean buenas o malas, sino que sean coherentes”.
La racionalidad de un sistema jurídico radica en que no incurra en contradicciones que compliquen su entendimiento y la observancia de gobernantes y gobernados. Para alcanzar ese fin, el derecho debe elaborarse conforme una teoría y respetando principios rectores. Los estudiosos en la materia hablan de conceptos jurídicos fundamentales sin los cuales es imposible concebir los ordenamientos en sus diversas materias.
Eso no ha sucedido en nuestro país. De 1917 a la fecha, nuestra ley de leyes ha tenido (el término idóneo sería sufrido) 753 cambios realizados con poca responsabilidad, la gran mayoría improvisaciones, y, en no pocos casos, con mala fe.
La primera característica que deben cumplir las normas es su generalidad; se legisla para todos. Sin embargo, nosotros lo hacemos para el caso, con dedicatoria, en respuesta a un asunto particular. También se han convertido en derecho vigente ocurrencias del más variado estilo.
Ante una embestida del país vecino contra nuestra soberanía, respondemos con una innecesaria reforma, una erosión más a nuestra carta magna. El atropello no se frena, por el contrario, persiste. La ley contra el nepotismo constituye un oprobio legal. Se pospuso su vigencia cinco años para no dañar a un partido. En el sector energía se introducen mecanismos para proteger a las incompetentes empresas estatales. ¿Dónde está el bien común? Relegado, como siempre.
Nuestra Constitución es una miscelánea. Ahí cabe todo, desde la prohibición a vapeadores y al maíz transgénico, el maltrato a los animales, hasta el derecho a un medio ambiente sano. A la incoherencia de nuestros abultados textos se agrega, como consecuencia lógica, la incongruencia evidente en la falta de cumplimiento. La maraña legal y la burocracia del Estado aportan su cuota al enredo. La corrupción también contribuye puntualmente con su aportación. Enderezar todo lo torcido será tarea ardua de varias generaciones.
El próximo primero de junio se propiciará un golpe más a nuestro Estado de derecho. De esa fecha al primero de septiembre aún tenemos oportunidad de hacer un intento para evitar males mayores.
A la anterior situación se agregan los serios conflictos entre la clase gobernante, la ingobernabilidad y el resquebrajamiento de la estrategia de seguridad. A eso se refiere Soledad Loaeza, la fundadora de la ciencia moderna como ha sido clasificada: estamos en uno de los momentos más turbios de nuestra trayectoria hacia el proyecto de nación de nuestra ley fundamental. Tiene toda la razón. Sus hermanas, la política y la ética andan igual.
América Latina es nuestra realidad más próxima. ¿Cuál será nuestro futuro? ¿Venezuela, El Salvador, Colombia, Perú? Ahí están los modelos. La dictadura, la autocracia, la anarquía y el desmoronamiento. Usted elija. Me faltó Chile, ejemplo y faro de vida institucional, de cambio con orden, liderazgo que corrige y madurez que gobierna.
¡Qué dramático dilema para Claudia Sheinbaum! Tenemos un derecho eventual, ocasional, efímero. Necesitamos darle respetabilidad, fortalecer instituciones. Huir de los reflectores de las mañaneras y olvidar sus excursiones por nuestro amplio territorio para dedicarse a gobernar. Desde su inicio, no definió su gobierno con un sello de estilo personal. Cada día que pase sin hacerlo traerá su debilitamiento. Solamente su conciencia le hará decidir entre su deber y la obediencia abyecta.
