*Retrovisor.
/ Ivonne Melgar /
El beso que el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, le tiró a su compañera congresista Martha Aracely Cruz del PT el martes 25 de noviembre, cuando ella lo cuestionó por tener la desfachatez de estar ahí, no es sólo una repulsiva estampa del machismo empoderado.
Ese gesto de burla de quien fue exonerado de rendir cuentas frente a la justicia, ante las acusaciones de su hermana Nidia Fabiola por intento de violación, es, sobre todo, una prueba pública de la instalada impunidad que el Estado mexicano otorga a los agresores.
La legisladora petista se desahogó contando que siempre que se encuentra al exgobernador de Morelos le recrimina el que siga ahí, tan campante. Pero en realidad él sigue disfrutando de su curul porque así lo determinó el partido que representa.
Se trata de una impunidad sistémica porque ni las instituciones gubernamentales ni las fiscalías ni los juzgados cuentan con los recursos y la voluntad política para atender el reclamo de justicia de las mujeres.
No hay respuestas para las buscadoras; no hay escucha para las acosadas sexuales no existe atención para las despojadas de sus hijos, madres que enfrentan una de las violencias más crueles y solapadas por el Estado, la vicaria.
Tampoco hay seguridad ni futuro para las niñas y adolescentes que son levantadas donde manda el crimen organizado ni prisa por frenar las desapariciones, escandalosamente altas entre las más jóvenes.
Según datos de la Segob, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre el 1 de octubre de 2024 y el 23 de noviembre de este año, desaparecieron diariamente 43 personas, sumando un total de 16,657, la mayor cifra reportada hasta ahora.
Al analizar estas cifras, el estudioso del fenómeno delictivo Francisco Robles Berlanga señala que las mujeres son la cuarta parte del total de las personas desaparecidas, 26.1 por ciento.
Muestra que las entidades con la mayor incidencia de mujeres desaparecidas son la CDMX con un mil 15 y el Estado de México con 853. Nos dice que, sumados, éstos representan 43% de los 4 mil 349 reportes de desaparición de mujeres en el periodo.
“Por cada 100 hombres desaparecidos existen 35.4 mujeres reportadas como tales. Llaman la atención entidades cuyo índice de feminización supera con creces el promedio nacional, siendo: la CDMX con 69.4; Edomex, 57.2; Tabasco, 56.2; Puebla, 53.4; Hidalgo, 51.5, y Morelos, 50.0 mujeres desaparecidas respectivamente por cada 100 hombres desaparecidos”, detalla Robles Berlanga.
Al compartirnos tan espeluznantes cifras, el estudioso del impacto de la violencia en la vida comunitaria nos muestra un subrayado que debería llamarnos a la acción urgente. Por favor vean esto:
“Las mujeres adolescentes y jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 10 y los 29 años, representan más de la mitad -57.3%- del total de desapariciones de mujeres. Incluso, sólo el grupo etario de 10 a 19, registró mil 584 reportes, 36.4 por ciento”.
De manera que, entre las adolescentes, la desaparición de mujeres representó 43.4% de las desapariciones sumadas de hombres y mujeres de esta edad.
Habla entonces Francisco Robles de una triste nueva realidad: el índice de feminización de las desapariciones en México se dispara entre las más pequeñas, las que deberían estar jugando, estudiando, formándose en el deporte, cultivando sus talentos.
“Es decir que, por cada 100 hombres adolescentes desaparecidos, existen 77 mujeres menores de 20 años reportadas, también, como desaparecidas. Una tragedia”, nos advierte.
Y prende las alertas para las cinco entidades donde ese índice es mayor y por lo tanto las niñas y las jovencitas están más en riesgo: Puebla, Estado de México, Hidalgo y Chiapas.
¿Qué puertas están tocando sus hermanas, madres, abuelas, padres o tías? ¿Y quién puede ayudarlas en un país donde la propia diputada Cruz, de un partido aliado a Morena, no ha logrado que la Secretaría de las Mujeres escuchen su ruego para que se abra la investigación contra la desaparición y feminicidio de la activista Sandra Domínguez en Oaxaca?
“Hoy en la mañanera de nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum, aparece cínicamente nuestro gobernador Salomón Jara Cruz, el principal violentador de mujeres y niñas en el estado de Oaxaca”, se quejó la petista en conferencia de prensa.
“No está bien proteger a violentadores”, se leía en el cartel que las diputadas de MC desplegaron en ese nublado 25N.
Las legisladoras Xitlalic Ceja (PRI) y Eva María Vásquez (PAN) reclamaron a Morena que guardara silencio frente a la violencia política del senador Gerardo Fernández Noroña contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, tildándola de ambiciosa y fascista.
Ni la Presidencia ni la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, condenaron el agravio de Fernández Noroña como ameritaba, frenando ese tipo de expresiones. Como si ignoraran que las palabras y las omisiones tienen consecuencias en un Michoacán donde mandan las balas.
Porque más allá de la legítima competencia que vendrá y el temor del partido gobernante al perfil de la viuda de Carlos Manzo, que ya encabeza las encuestas hacia la gubernatura, salta a la vista la irresponsabilidad del gobierno y de sus representantes.
Les preocupan sus cuentas electorales. Y ocupados en éstas, ignoran que ejercen la peor de las violencias contra las mujeres, la violencia del Estado.
