*Escrito por Lucía Melgar Palacios .
El 30 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia pública sobre el caso Ernestina Ascencio Rosario, indígena nahua de 73 años, quien murió por falta de atención médica tras ser presuntamente violada por militares en febrero de 2007 en la Sierra de Zongolica, Veracruz. Como en casos anteriores ante esta Corte, el Estado mexicano pretendió acotar su responsabilidad. Esta vez se atrevió a cuestionar la admisibilidad del caso respecto a violaciones al derecho a la información, y descalificó las acusaciones de violencia sexual contra el ejército. Sus risibles propuestas de reparación del daño, además, confirman el desprecio del gobierno hacia las víctimas de violaciones de derechos humanos en México. Como se recordará, la muerte de Ernestina Ascencio estremeció a la sociedad en 2007, al inicio de la “guerra contra el narco”. Se trataba de una mujer mayor, indígena, pobre y monolingüe, muerta a consecuencia de un ataque sexual y por falta de atención médica oportuna. La indignación aumentó cuando el presidente Calderón declaró que ella había muerto de “gastritis crónica”, aun cuando, durante el trayecto de diez horas en busca de un hospital que la atendiera, Ernestina había repetido “Hombres de verde se me echaron encima”, y la fiscalía de Veracruz y SEDENA habían iniciado investigaciones por presunta violencia sexual. La palabra presidencial bastó para torcer las investigaciones y cerrar el caso. La familia, a su vez, no pudo apelar porque, justo cuando podía hacerlo, fue “invitada” a visitar la Basílica en la capital, lo que especialistas interpretaron como secuestro encubierto.
Ante semejante negación de justicia, organizaciones sociales de Veracruz iniciaron un largo proceso para acceder a la verdad y reabrir el caso. Agotadas las instancias nacionales, lograron que la Comisión IDH lo admitiera en 2017; el Estado reabrió el caso y accedió a proporcionar una versión pública del expediente (2022), inadecuada porque se ocultaban los nombres de los funcionarios involucrados en la investigación. En 2023, la Corte IDH admitió el caso.
En la audiencia, Marta Inés, hija de Ernestina, dio su testimonio (en náhuatl) y pidió justicia; las representantes de las víctimas insistieron en la responsabilidad del Estado por violar el derecho a la salud de Ernestina, el derecho a la información, indispensable para conocer la verdad, y el derecho a la justicia. Los representantes de la Comisión IDH coincidieron en estas responsabilidades y afirmaron la validez del testimonio de la víctima cuando se denunció violencia sexual.
Para acotar su responsabilidad, el Estado pretendió justificar la falta de acceso a la información (en 2022) en nombre de la protección de datos personales (de funcionarios), aunque el perito Ernesto Villanueva había precisado que es “más flexible” cuando se trata de éstos. Los “argumentos” del Estado (que recién desmanteló el INAI) confirman su preferencia por la opacidad.
En cuanto a las violaciones al derecho a la salud, las víctimas propusieron que se instalara una clínica en la comunidad para reparar el daño, pero el Estado ofreció reparaciones ridículas como incorporar a la familia al ineficaz Mecanismo de Atención a Víctimas y el acceso comunitario al (futuro) programa de visitas médicas “Casa por casa”. Como sugirió la jueza Verónica Gómez, tales visitas no aseguran la atención oportuna en una emergencia.
Penoso papel jugaron también los burócratas mexicanos al pretender descalificar las acusaciones de violación contra los militares. Para ellos, ni las palabras de Ernestina, ni el testimonio de su hija, ni los peritajes iniciales que describían signos de violencia sexual y semen en el cuerpo de la víctima, ni la proximidad del campamento militar al sitio donde se encontró a Ernestina son indicios suficientes. Con tal de proteger al Ejército, los gobiernos, siguen minimizando las denuncias en su contra por graves violaciones de derechos humanos.
Mientras la CoIDH dicta su sentencia, habrá que insistir en la obligación del Estado (de este gobierno) de garantizar los derechos a la salud, a la verdad, a la justicia.
