*Escrito por Arantza Día.
16.05.2025 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- Las primeras elecciones judiciales se acercan y a menos de un mes de esta celebración democrática, los cuestionamientos hacen eco y empujan a cuestionar qué tan a salvo la población se encuentra, cuando las candidaturas han estado exentas de filtros que permitan identificar claramente a deudores alimentarios o agresores de mujeres e infancias y que estarán en las boletas electorales del 1 de junio quienes se auspician de pactos patriarcales que hoy podemos llamar: el clan de las togas.
Estos grupos de hombres en el poder están regados por todo el país y como resistencia está el trabajo de las mujeres que están construyendo registros de alerta y precaución rumbo a las próximas elecciones que han avanzado de forma veloz.
Cimacnoticias conversó con la activista e impulsora de la Ley Sabina, Diana Luz Vázquez sobre cuáles son los patrones que se repiten entre los agresores que ha reunido su colectiva, los puntos endebles y la necesidad urgente de que las instituciones responsables de este proceso electoral estrechen un canal de comunicación con las organizaciones civiles a cuentas, de que se produzcan políticas de protección; políticas que permitan arrebatarle la victoria a cualquier persona juzgadora a la que se le compruebe que es violentadora, agresora sexual, deudora alimentaria o tiene relación con el crimen organizado.
Los tiempos han sido demasiado cortos desde el momento en que se lanza la reforma judicial, dice Diana Luz, hasta ahora, donde tenemos menos de un mes para la elección, La ciudadanía no hemos tenido tiempo de conocer quiénes son las y los candidatos que compiten. Desde la óptica de la activista, las campañas, vídeos, spots publicitarios y simulaciones del INE han resultado muy pobres e insuficientes para que las personas realmente se animen a votar y es que, es una obviedad, ¿cómo votar por personas que no conoces?
Pero no sólo se trata de este desconocimiento y falta de conexión con la población que producirá un inminente abstencionismo, sino además, podría ser la apertura para prácticas no democráticas como la compra de votos, un hecho que apremia a defensoras, pues si existe una conexión más íntima entre el patriarcado y la violencia, es el poder.
Esto quiere decir que, los candidatos mejor perfilados para ganar una banca en el Poder Judicial son aquellos que tienen mayor recurso económico e influencias para empujar su campaña y de ser necesario, comprar los votantes suficientes.
Y de aquí, se desprende el juego de poder más preocupante: Contar con juezas o jueces que han gozado de privilegios, de carreras fraudulentas y un sinfín de sentencias con sesgos machistas.
«No sólo es peligroso para la democracia, pues también considero que hay muchos señores con poder que aspiran al poder y que han sido evidenciados claramente como agresores, como violentadores, como deudores alimentarios»
La llamada de urgencia: ¿Cómo estos pactos patriarcales pueden afectar la vida de las mujeres e infancias?
Existe una clase de «redención» colectiva entre las organizaciones, es sabido que no existe forma de meterle freno a los candidatos que, en las 32 entidades federativas ya se han colado en las boletas electorales. Por más que la vigilancia y la lucha se ha mantenido activa, tampoco se ha logrado torcer por completo al sistema y sólo se tiene una escueta respuesta del INE que promete no permitir a ningún agresor acceder a estas elecciones.
Ante esto, se ha colocado en el visor la posibilidad de la revocación electoral. Para Diana Luz, lo que se avizora es exigir una legislación urgente para que los agresores, aún siendo electos, justo como sucedió con el candidato del Verde Ecologista en el estado de México donde se comprobó que era deudor alimentario, se les pueda echar para atrás su victoria, aunque tenga una brecha electoral favorable.
«Entonces, nosotras sí apostaríamos o sí exigiríamos un trabajo legislativo. Sobre todo de estas bancadas feministas y también hombres que han lucrado con la bandera feminista o que se llaman feministas a que también estuvieran de este lado de una legislación con una perspectiva de infancia así como de género que pueda sancionar a estos señores quitándoles el poder, aún habiendo ganado el espacio como jueces, juezas o magistrados. Que al comprobarse que son agresores, se les quite la acreditación desde el INE»
Y mientras se cocina este golpe desde la organización feminista, no se debe perder del margen los impactos que podrá tener en la vida cotidiana estos hechos; hechos que implican el encubrimiento entre jueces y el silencio colectivo de las personas juzgadoras.
Cimacnoticias conversó en «¿Y qué tiene qué ver conmigo la Reforma al Poder Judicial? Fátima Gamboa te explica», con la directora de EQUIS JUSTICIA, Fátima Gamboa, quien esclareció algunas de las dudas más preocupantes.
¿Por qué no atiende realmente la injusticia y los fenómenos que nos atraviesan, específicamente, a las mujeres?: Porque la reforma no atiende, ni de cerca, estos problemas de violencia, discriminación, desigualdad e inseguridad. Es una reforma totalmente estéril para garantizar los derechos de las mujeres y personas en vulnerabilidad de nuestro país.
Ninguna reconfiguración interna del sistema judicial será lo suficientemente poderosa, si en el actuar, se continúa perpetuando la impunidad, el clasismo, el nepotismo, el sexismo, la revictimización y otros sistemas de opresión que atraviesa a las mujeres, personas indígenas, racializadas y migrantes.
Para Fátima Gamboa, esta discusión es de carácter público y compartió para Cimacnoticias un escenario hipotético para entender mejor el impacto que tiene la reforma para la población civil.
Por ejemplo, el derecho a la tierra y territorio cuando el Gobierno decide que va a emprender un megaproyecto, que va a expropiar territorio y que en ese proceso, las fuerzas armadas detienen ilegalmente a las personas que se oponen. Necesitamos que alguien haga un control de esas acciones y ese poder, es el Poder Judicial entonces necesitamos mirar que esta reforma podría abrir un camino a la total arbitrariedad, corrupción e impunidad sin que la población pueda tener algún tipo de defensa.
La conversación va más allá de defender el Poder Judicial, que también ha sido protagonista histórico de la violencia punitivista, de criminalización y segregación contra las mujeres; la apuesta por reformar este Poder es un necesario, pero la justicia no llegará mientras el planteamiento no tenga como base una justicia feminista e interseccional.
A las personas en nuestro país les está matando y acallando la impunidad e injusticia, pero el remedio que se ofrece a través de esta reforma no sanará, si el poder judicial está plagado de jerarquías, de burocracia, de valores patriarcales, asimetrías y exclusión. Acá dos datos importantes:
- La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), en 2022 el 35.3% de las mujeres mayores de 18 años fueron discriminadas, en contraste, sólo el 9.6% de los hombres reconocieron haberlo vivido también. ¿En dónde se les discriminó con mayor incidencia? En tribunales, juzgados y oficinas gubernamentales a causa de su forma de vestir, peso, estatura y género.
- El Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2020, contabilizó a un total de mil 473 personas dedicadas al área magisterial y el enjuiciamiento judicial, de este total, el 78.6% de los jueces y magistrados son hombres; sólo 21.4% son juezas y magistradas mujeres.
- El 47% de las y los jueces invisibilizan la violencia
- El 69% no protegen a las mujeres
- El 80% de las personas juzgadoras no analizan los contextos donde se reproduce la violencia, ni tienen conocimiento sobre los problemas estructurales
- El 70% no recaba pruebas con perspectiva de género
- El 86% no reparan de manera integral los daños para las mujeres
- *Con información (IN)Justicia Abierta: Ranking de la opacidad judicial en México. México, 2019.
Diana Luz refiere en entrevista que, a las mujeres les ha costado mucho la democracia y la justicia en México; ha sido una historia de picar piedra para crear condiciones de piso igualitario para todas.
Implica reconocer una lucha por una vida libre de violencia, no sólo para ellas en toda su diversidad, sino también, para las infancias y otras personas en situaciones de vulnerabilidad. Por ello, la activista ataja que el hecho de que lleguen hombres agresores es un despropósito, pero también, un peligro que trastocará la vida de todas al obstaculizar el acceso a la justicia.
«Es un peligro para la impartición de justicia. Imagínate un deudor, un agresor, qué tipo de sentencias o con qué mirada va a aplicar la justicia?, pues desde desde la machista, patriarcal y de protección al agresor. Entonces, ¿a cuántos agresores más se les va a estar encubriendo y solapando?
De por sí también es difícil la denuncia en este país, denunciar requiere no solamente valor, sino un estoicismo de resiliencia y de resistencia, pues ahora ninguna mujer se va a atrever a denunciar porque van a saber que habrán jueces con esta mirada, ¿para qué gastan tiempo, esfuerzo y además de todo arriesgando su propia integridad? Ahí adentro, hay machistas con toga» (Diana Luz Vázquez)
Elección sin un Registro Nacional de Deudores
Existe una deuda pendiente que Diana Luz dice, «fue sólo una tomada de pelo para las madres»: El Registro Nacional de Deudores Alimentarios.
Se cumplen ya 2 años desde esa reforma del 2023 donde se reconoció que este registro debía ser de carácter público, además de que no constituía una violación a los derechos humanos de los deudores. Sin embargo, los meses avanzan y no se vislumbra para cuándo esta información será de libre acceso para toda la población, una espera que se recrudece aún más con una elección judicial en puerta.
A la publicación de este artículo, sólo 16 entidades han anunciado el registro, sin embargo, sólo 2 son públicos. Esto implica que no exista ningún rastro que permita saber con exactitud si las personas por las que se votará son deudores morosos y alimentarios.
«Prácticamente no tenemos un registro, hallazgo o información de estos personajes que están aspirando a ser jueces y juezas y que nosotras desde el activismo vamos recopilando información en la medida en la que nos dan nuestras capacidades y que aún así son muy limitantes.
Estamos seguras que hay muchísimos hombres que son ahorita candidatos, son deudores alimentarios y que no tenemos la información de ellos precisamente por la ausencia de registros y porque también en los lugares donde ya existen los registros es un peregrinar, poder subir a estos hombres a los padrones estatales»
Sin información pública, ni alguna pista para conocer los antecedentes específicos de estas personas, nace el trabajo colectivo de las organizaciones por recopilar toda la información posible antes de que el tiempo se termine. Una apuesta por mapear a las personas juzgadoras con antecedentes violentos como por ejemplo, prácticas revictimizantes, conocidos por liberar feminicidas, realizar comentarios agresivos y/o sexistas, así como desconocer los procesos para juzgar con perspectiva de género.
Son las madres una de las fuentes de información más próximas, pues se han encargado de acercarse a las organizaciones como la de la Ley Sabina para narrar y demostrar sus malas experiencias con los jueces que llevaban sus casos. Pero el trabajo tampoco es sencillo y en los últimos meses, el sistema se ha encargado de recordarle a las activistas que su trabajo es un peligro latente. Diana Luz, oriunda de Oaxaca, nombra a Sandra Domínguez quien expuso a un político de su región por compartir contenido pornográfico en un chat.
«Venimos viendo el caso de Sandra Domínguez, activista que se pronuncia contra un chat porno y bueno, hacer activismo en este país es muy riesgoso. Nosotras hemos también recibido denuncias, amenazas de muerte y tú sabes si hacer activismo en este país, pues pone en riesgo tu vida. Por ejemplo, E.P. -morenista acusado por deudor alimentario y violencia vicaria-, el hermano es presidente municipal en Veracruz y se han dado a conocer por varios medios de comunicación posibles nexos con el narcotráfico. Entonces, pues claro que somos incómodas lo somos tanto, que tampoco somos llamadas a hacer y diseñar políticas públicas.»
Pero, si tenemos una Ley 3 de 3 que fue elevada a rango constitucional desde hace 2 años, ¿qué está sucediendo?, Diana Luz refiere que existe una falta de contundencia por parte de la presidencia; es urgente que mande un mensaje fuerte en torno a las personas que participan como juezas y jueces siguiendo la línea de cero tolerancia contra agresores al poder. Asimismo, la activista coloca la fe en las ministras de la Suprema Corte de Justicia que hoy compiten y que tienen una responsabilidad social de no permitir el paso a los agresores.
Así, lo único que queda ante el avance peligroso de una elección judicial plagada de personas agresores y con antecedentes de prácticas violatorias a los derechos humanos, es continuar en la organización. En hacer el llamado colectivo a compartir información, a continuar mapeando a los «machistas con toga» que hoy, gozando de poder, buscan más.
«Tenemos que estar nuevamente organizadas, nuevamente en resistencia, nuevamente arriesgando nuestra vida por defender los derechos que mucho trabajo le han costado a nuestras antecesoras y que nosotras pues lo que estamos haciendo ahora pues es vigilar, proponer otros derechos, pero como repetimos insistentemente hay una gran, gran resistencia.
