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13.10.2026.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a una red empresarial presuntamente utilizada por el Cártel del Noreste (CDN) para canalizar dinero a campañas electorales de candidatos favorecidos por la organización criminal, en un esquema que también habría involucrado contratos públicos, subcontrataciones y operaciones financieras ilícitas en Tamaulipas.
El departamento del tesoro @USTreasury está sancionando a 4 personas y 11 empresas vinculadas al Cártel del Noreste—dirigiéndose a una red que, según funcionarios, utiliza carreras de caballos, construcción, empresas de transporte y compañías de combustible para apoyar las operaciones del cártel.
El Departamento del Tesoro califica esto como su acción más grande hasta ahora contra la red financiera del CDN—El bastión del cártel está en Nuevo Laredo, justo frente a Laredo, Texas.
Entre los objetivos: Club La Molienda, una pista de carreras de caballos, restaurante y bar fuera de Nuevo Laredo. El Tesoro dice que la pista genera ingresos para el CDN y sigue bajo el control del presunto fundador del cártel Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales, quien actualmente está encarcelado en EE.UU.
La acusación fue difundida este 13 de octubre de 2026 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que anunció sanciones contra cuatro personas y 11 empresas relacionadas, según sus investigaciones, con las actividades económicas del grupo criminal. Entre los señalados se encuentra Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V. (CEGESA), una compañía que, de acuerdo con Washington, habría servido como vía para hacer llegar recursos a campañas de aspirantes políticos respaldados por el cártel.
El señalamiento coloca en el centro de la investigación la posible utilización de empresas formalmente constituidas para conectar recursos de origen ilícito con procesos electorales y negocios financiados con dinero público. La acusación estadounidense no identifica en el comunicado a los candidatos que presuntamente recibieron esos recursos, por lo que no es posible atribuir el financiamiento a una persona o partido político específico con base en esa información.
La empresa señalada y el empresario bajo sanciones
De acuerdo con el documento del Tesoro, Gamaliel Garza García, empresario mexicano relacionado con el negocio de las carreras de caballos, habría utilizado CEGESA para transferir recursos a las campañas electorales de los candidatos que el CDN buscaba favorecer. La dependencia también sostiene que la constructora obtuvo contratos gubernamentales mediante prácticas corruptas y después subcontrató parte de los trabajos a personas vinculadas con la organización criminal.
La investigación estadounidense apunta a una posible relación entre el financiamiento político, la adjudicación de obra pública y el control territorial del crimen organizado. Bajo ese esquema, una empresa que participa en el mercado formal puede convertirse, según la acusación, en un instrumento para colocar recursos en campañas y obtener beneficios económicos a través de contratos gubernamentales.
El señalamiento también involucra a Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario, a quien el Tesoro identifica como participante en las operaciones cotidianas de CEGESA. Según la dependencia, habría entregado dinero en efectivo para financiar campañas de los candidatos preferidos del cártel en México. Sin embargo, el comunicado no precisa los montos destinados a cada campaña ni identifica a sus presuntos beneficiarios.
La red empresarial incluye a COPASA, Concretos y Productos Asfálticos del Norte, una compañía de Nuevo Laredo que, según la investigación, suministraba los materiales para las obras ejecutadas o subcontratadas por CEGESA. El Departamento del Tesoro afirma que, a principios de 2026, ambas empresas se encontraban entre las pocas constructoras autorizadas por el CDN para realizar trabajos en esa ciudad fronteriza.
El señalamiento es relevante porque Nuevo Laredo constituye uno de los principales cruces comerciales entre México y Estados Unidos. Para las autoridades estadounidenses, la capacidad del cártel para influir en actividades empresariales, contratos públicos y procesos electorales representa una forma de extender su poder más allá del tráfico de drogas.
Las sanciones anunciadas el 13 de octubre no se limitaron a CEGESA y COPASA. La OFAC incluyó en su lista a empresas dedicadas a la construcción, el desarrollo inmobiliario, el suministro de combustibles y gas, así como al transporte de estos productos.
Entre las compañías señaladas figuran Construaceros del Fuerte, Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo. El Tesoro las relaciona con la red empresarial que atribuye a Garza García.
También fue incluida Cuadra San Dibanh, un establecimiento dedicado a la crianza y participación de caballos cuarto de milla en competencias, que el organismo estadounidense vincula con el empresario y con las carreras organizadas en México.
Las actividades hípicas ocupan un lugar importante en la investigación. El Departamento del Tesoro sostiene que el CDN ha utilizado las carreras de caballos para lavar recursos ilícitos y financiar sus operaciones. Asimismo, identifica al Club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo, como un establecimiento controlado por la organización.
La dependencia recuerda que el uso de las carreras de caballos para mover dinero relacionado con el narcotráfico tiene antecedentes en la estructura de Los Zetas, organización de la que surgió el Cártel del Noreste. Entre 2008 y 2012, según las autoridades estadounidenses, personas y empresas vinculadas con Los Zetas gastaron 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas para sostener operaciones hípicas, mientras que el grupo habría lavado más de 22 millones de dólares. En junio de 2012, el Gobierno estadounidense incautó 455 caballos en instalaciones ecuestres de Oklahoma. Estas cifras corresponden a ese periodo histórico, no a las operaciones actuales atribuidas al CDN.
Las sanciones también alcanzaron a Pablo César Guajardo Álvarez, conocido como “Takia”, a quien el Tesoro identifica como responsable de la plaza del CDN en Nuevo Laredo y antiguo jefe de sus sicarios. Asimismo, fue incluido Francisco Javier Inzunza Partida, despachador de la empresa de transporte Tamex, a quien Estados Unidos relaciona con el envío de cargamentos de cocaína ocultos en remolques que tenían como destino su territorio.
En total, la acción comprende cuatro personas y 11 entidades. El organismo estadounidense la describió como su operación financiera más amplia hasta ahora contra las redes del Cártel del Noreste durante la Administración de Donald Trump. Las medidas bloquean los bienes e intereses patrimoniales de los sujetos sancionados que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses, además de restringir las transacciones que involucren esos activos, salvo las excepciones o autorizaciones aplicables.
El Departamento del Tesoro informó que la investigación fue coordinada con distintas agencias estadounidenses y que la OFAC trabajó con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, encargada de analizar operaciones que pudieran estar relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con información difundida sobre las acciones de la UIF, el análisis financiero, fiscal y corporativo permitió detectar movimientos relevantes de efectivo, transferencias nacionales e internacionales, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, además de inconsistencias fiscales y operaciones que no corresponderían con los perfiles financieros reportados por algunos de los sujetos investigados.
Estos indicadores pueden justificar investigaciones adicionales, pero por sí solos no equivalen a una sentencia penal ni demuestran que cada operación identificada tenga un origen delictivo. La información divulgada tampoco permite establecer que todas las personas sancionadas hayan participado directamente en el presunto financiamiento electoral.
El Cártel del Noreste tiene su principal zona de influencia en Tamaulipas y otras áreas del noreste mexicano. Estados Unidos lo considera una organización terrorista extranjera desde febrero de 2025, designación que amplió las herramientas legales utilizadas por Washington para perseguir sus redes financieras. La organización mantiene antecedentes de narcotráfico, tráfico de personas, extorsión y violencia en la región fronteriza.
La acusación sobre CEGESA abre una línea de investigación especialmente delicada: el posible uso de dinero del crimen organizado para favorecer a aspirantes a cargos públicos y, a través de ellos, obtener influencia sobre las decisiones gubernamentales.
Si los recursos ilícitos llegan a campañas electorales, el problema no se limita a la procedencia del dinero. También involucra la posibilidad de que los grupos criminales busquen asegurar protección, contratos, acceso a información o capacidad de decisión dentro de las instituciones. En este caso, el Tesoro sostiene que existió una relación entre el financiamiento de candidatos favorecidos por el CDN y la obtención de contratos de construcción, aunque el comunicado no identifica a los políticos presuntamente beneficiados ni presenta una relación individualizada de aportaciones electorales.
Por ello, la información disponible no permite concluir que un partido político determinado o algún funcionario específico haya recibido dinero del cártel. Para establecer responsabilidades individuales serían necesarias pruebas sobre las transferencias, los destinatarios, el conocimiento del origen de los recursos y la participación de cada persona involucrada.
La denuncia estadounidense deja así bajo escrutinio una estructura que, según sus investigaciones, combinaba negocios privados, obra pública, operaciones financieras y presunto financiamiento político. Las sanciones representan una medida administrativa y financiera contra las personas y empresas designadas, pero no sustituyen por sí mismas los procedimientos judiciales necesarios para determinar responsabilidades penales.