/ Mónica Garza /
Hace unos días la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación cumplió 18 años de haber sido aprobada en la entonces Asamblea Legislativa de la capital del país.
Encontraron autonomía reproductiva no sólo las mujeres que habitan la Ciudad de México, sino muchas otras que han enfrentado obstáculos en sus estados de residencia y por ello han viajado a la capital a encontrarse con sus derechos.
Tuvo que pasar más de una década para que, luego del ejemplo capitalino, otros estados comenzaran a legislar al respecto. Lo hizo Oaxaca en 2019 y en 2021 Hidalgo, Veracruz y Coahuila, y la discusión legislativa trascendió a nivel nacional.
En septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó inconstitucionales varios artículos del Código Penal de Coahuila (196, 198 y 199, una acción promovida desde 2017 por la entonces PGR) que castigaban a las mujeres que abortaran de forma voluntaria, a quien practicara los abortos y a quien facilitara el procedimiento, aun con el consentimiento de la persona gestante.
Esa sentencia fue la primera en la que la SCJN se pronunció en favor de garantizar el derecho a decidir de las mujeres y aunque no despenalizó el aborto en todo el país, sí obliga a hacer precedente en el sistema judicial para resolver casos futuros.
Sin embargo los retos persisten…
En Coahuila por ejemplo, sólo hay seis unidades de salud pública en el directorio de Aborto Seguro del Gobierno Federal que practican la ILE. La colectiva feminista Acompañantes Laguna señala que en algunas unidades sólo se da atención dos días a la semana, mientras que en otras no siempre se cuenta con el abasto de medicamentos necesarios.
Otro problema es el embarazo infantil y adolescente, pues según la Dirección General de Información en Salud sólo en 2024, 7 mil 855 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres, siendo Chiapas, Estado de México, Veracruz y Puebla los estados con mayor incidencia, con 500 partos de menores en promedio durante el año.
Al respecto la Asociación Civil Equifonía pone la lupa en Veracruz, donde los registros de partos en menores alcanzaron 831 casos y se detectó que en el 70 por ciento de ellos, las niñas llegaron a los servicios médicos durante el primer trimestre de gestación sin que se les haya brindado la opción de un aborto seguro.
Y es que muchas de estas menores son obligadas a tener partos vaginales, lo que es un acto de violencia, y más si la evidencia médica demuestra el alto riesgo de muerte (cuatro veces mayor) en una gestante menor de 14 años.
Baja California y Colima también despenalizaron el aborto en 2021, al igual que Sinaloa que es el único estado que lo permite hasta las 13 semanas de gestación; Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo hicieron lo propio en 2022, seguidos de Aguascalientes que lo despenalizó en 2023 hasta las 12 semanas y luego lo limitó a 6 semanas en 2024, mismo año en que se legisló en Puebla, Jalisco, Michoacán, Chiapas, San Luis Potosí, Zacatecas y Estado de México.
Este año ya se han sumado Nayarit, Chihuahua y Campeche.
Son 22 estados en el país los que han legislado en favor del derecho a decidir de las mujeres, sin embargo se han abierto 6 mil 731 carpetas de investigación por aborto en contra de 7 mil 117 de ellas en los últimos 9 años.
En 2024 la entidad que más denuncias registró fue irónicamente la Ciudad de México con 187 carpetas en contra de 293 personas; le sigue Nuevo León, con 175 carpetas contra 176 personas y Estado de México, con 108 carpetas y 108 personas.
Mucho tiene que ver el que no todos los estados permiten un aborto por simple voluntad sino que lo limitan a ciertas causales como riesgo de muerte, situación económica grave, siempre y cuando la madre tenga ya 3 o 4 hijos; por malformaciones, trastorno ginecológico, abuso o estupro.
Cada estado lo regula diferente y con ello se vuelve a limitar la voluntad de las mujeres (muchas veces niñas) o personas gestantes.
El llamado urgente es para que el aborto sea tratado como el tema de salud que es y se regule desde lo correspondiente, no desde las leyes penales que siguen poniendo el dedo acusador sobre las mujeres que exigen su derecho a decidir sobre un cuerpo, que les pertenece a ellas y a nadie más.
