/Sandra Romandía /
Martha se acomoda con dificultad en el colchón inferior de la litera. Apenas alcanza a poner su cadera en la cama para encorvarse y semirecargar el cuello y la cabeza en la parte superior para no golpearse. No puede sentarse derecha, la pierna izquierda la estira sostenida en el piso. Está enyesada hasta la rodilla. “Me la quebré al caer del cerro después de una caminata de una hora”, me cuenta en un tono apesadumbrado. Calcula le faltaban unas cinco horas más de camino, en plena frontera entre Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, para lograr entrar a territorio estadounidense. Pero falló. Se dobló el pie, cayó y rodó en una de las empinadas veredas de ese desértico territorio entre rocas y cactus. El “pollero” le dijo que él no podía detenerse y siguió su camino con unos cincuenta migrantes más.
Martha reflexionó. Era quedar ahí y quizás morir, o caminar con la pierna fracturada para entregarse a las autoridades migratorias.
Había gastado ya 4 mil dólares para alcanzar el sueño americano, de un total de 12 mil que se suponía debía liquidar. Estaba ilusionada por la posibilidad de volverse a reunir con sus hijos de 11 y 16 años de edad a quienes dejó en Atlanta en 2019 cuando fue deportada a su natal Guatemala.
El gobierno de Trump le arrebató su vida, dice. Había aplicado para la regulación migratoria, pero en lugar de ello, la capturaron y mandaron de vuelta a su país a la mitad del proceso, tras vivir 17 años en Estados Unidos.
Conversamos en el Albergue San Juan Bosco ubicado en Nogales. Esa es su casa por lo pronto mientras decide qué hará. Si intentar cruzar de nuevo, o no. O regresa a Guatemala. O se queda ahí. O quién sabe. En cierto momento duda dar su nombre o permitirse retratar por temor a ser detenida por agentes de migración mexicanos; pero luego reflexiona: “no creo que me reconozcan”.
Gilda Esquer, representante del albergue que brinda techo y comida a los que van a su paso hacia Estados Unidos, reclama que desde la administración de Andrés Manuel López Obrador les cortaron los apoyos federales. Y dice que nota tres fenómenos: con la llegada de Joe Biden a la presidencia han llegado más centroamericanos que tienen la esperanza de cruzar; los traficantes de personas cobran el doble; y ahora son detenidos más rápida y fácilmente los que se aventuran a cruzar el desierto de manera ilegal.
Su observación coincide con los datos oficiales: en febrero de 2019 fueron capturados y deportados 36 mil 687 migrantes, mientras que en el mismo periodo de 2020, 100 mil 441. En este año la cifra ronda los 171 mil 000.
En México la política de persecución y detención de migrantes se agudizó con López Obrador debido a la presión del país vecino. Los números también lo muestran: entre el 1 de enero y el 21 de marzo de 2021, las autoridades federales detuvieron a 31 mil 492 centroamericanos, lo que representa 18% más con respecto al mismo lapso del año anterior.
El panorama es complejo para los migrantes.
México y Estados Unidos sostendrán en las próximas semanas una reunión para tratar el tema, en un encuentro que se prevé de presión por parte del gobierno norteamericano para aumentar más estos números. Ya hace unos días Tylor Moran, consejero de Biden, afirmó que México, Honduras y Guatemala habían aceptado reforzar sus fronteras con miles de elementos más para detener migrantes en su paso al norte. Aunque los mandatarios matizaron esta resolución, lo más probable es que en realidad, efectivamente, los cuerpos policiacos estén encaminados a esa tarea.
Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, es la encargada de lograr resultados en este tema. “Es muy dura. Si le encomiendan algo hace todo lo posible por que se cumpla, aunque eso conlleve decisiones duras y determinantes”, me comenta una fuente que ha trabajado de cerca con la funcionaria.
Mientras esto ocurre, el gobierno mexicano presume el programa Sembrando Vidas que consiste en que personas sin trabajo en comunidades pobres planten árboles y reciban un pago por ello que los desaliente a migrar por el desempleo. Esta fue la propuesta que más intentó impulsar López Obrador en la Cumbre del Cambio Climático llevada a cabo esta semana, pero no tuvo eco.
La crisis humanitaria por la migración parecería encender una alerta para que por primera vez los gobiernos no solo se centren en detener y deportar, sino en crear políticas realmente efectivas para mantener a los ciudadanos en sus países de origen con fuentes de ingresos estables.
Es un trabajo de todas las naciones involucradas.
Desde su albergue y con su pierna fracturada, Martha aún sonríe de vez en vez, aunque cierra las frases con un gesto de dureza. Ella, en realidad, posee el rostro de los todos fenómenos y los problemas migratorios recientes: tiene el rostro de los que creyeron que con la administración de Biden podrían cruzar. Tiene el rostro de los deportados de Trump. Tiene el rostro de los que viven en comedores donde con trabajos hay alimento debido al retiro de apoyos federales. Tiene el rostro de los que viven con miedo de ser deportados por agentes mexicanos. Tiene el rostro del hambre y de la necesidad de reunirse con sus hijos que le fueron arrebatados por una frontera.
En el dilema de Martha está el dilema de varias naciones.
Ojalá que por primera vez las relaciones entre los países generen una luz de esperanza para ella y los miles más que siguen en el camino.
*Sandra Romandía, es periodista de investigación. Coautora de Narco CDMX (2019) Grijalbo; y Los 12 Mexicanos más pobres (2016) Planeta y ganadora de la beca María Moors Cabot, de la Universidad de Columbia
