*IMPRONTA.
/Carlos Miguel Acosta Bravo/
El impacto de las acusaciones de presunta corrupción del empresario José Alfredo Hernández Casillas y los vínculos con la actual Consejera Presidente sobre la imagen del INE es alto y potencialmente duradero, no porque los señalamientos demuestren por sí mismos responsabilidad de Guadalupe Taddei, sino porque tocan el activo más valioso del Instituto, la percepción de imparcialidad, transparencia y autonomía. En un momento previo al proceso electoral de 2027, la controversia convierte un problema de contrataciones en un riesgo de legitimidad electoral.
Las investigaciones periodísticas vinculan a personas cercanas a la presidencia del INE con empresas proveedoras de material electoral, en particular Corporativo Zeg y Cajas Graf. Se reporta que Jonathan Navarrete Torres, identificado como chofer de Taddei, figura como apoderado de Corporativo Zeg; y que Jesús Octavio García González, exdirector de Administración del INE, habría sido representante legal de ambas empresas.
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a siete empresas proveedoras por presunta simulación de competencia, triangulación de recursos y uso de empresas factureras. Según los reportes, se han bloqueado preventivamente cuentas vinculadas con la indagatoria.
Taddei ha negado que existan proveedores favoritos o actos de corrupción, sostuvo que las personas señaladas ya no laboran en el Instituto y anunció que pedirá a la Auditoría Superior de la Federación revisar las licitaciones, también informó que los antecedentes fueron turnados al Órgano Interno de Control.
El INE no se juzga únicamente por sus resultados técnicos, sino por la confianza de que sus decisiones no responden a intereses privados, partidistas o personales. Por eso, un escándalo de proveedores tiene un efecto desproporcionado frente a otras dependencias públicas.
El daño opera en tres niveles, en primero lugar confianza en la imparcialidad, si el público percibe que proveedores con vínculos con la cúpula obtienen contratos millonarios, la pregunta deja de ser si hubo o no un delito y pasa a ser si el árbitro electoral tiene intereses propios.
En segundo la credibilidad, aun cuando las licitaciones fueran formalmente válidas, la apariencia de conflicto de interés basta para debilitar la legitimidad de las decisiones administrativas.
Y por último en tercero se abre espacio para la vulnerabilidad política, los partidos y actores que pierdan elecciones o decisiones pueden utilizar el caso para cuestionar la autoridad moral del INE.
Para Taddei, el costo político es inmediato. Aunque no existe una resolución que la responsabilice penal o administrativamente, los reportes colocan el problema en su entorno directo, su chofer, un exdirector de Administración y empresas proveedoras del Instituto.
Su respuesta ha sido defensiva, negó favoritismo, atribuyó las acusaciones a intentos de desestabilización política y presentó un portal de transparencia. Esa estrategia puede contener el daño si va acompañada de auditorías externas, entrega de expedientes y sanciones efectivas en caso de irregularidades; pero, por sí sola, puede reforzar la percepción de que el Instituto reacciona más a la presión política que a la exigencia de rendición de cuentas.
El riesgo central para Taddei es que el caso se convierta en una prueba de doble estándar, si el INE exige transparencia a partidos, candidatos y autoridades electorales, pero no resuelve con rapidez y contundencia las dudas sobre sus propias contrataciones, pierde autoridad para exigir lo mismo a los demás.
El proceso electoral de 2027 exigirá al INE una capacidad extraordinaria de organización, neutralidad y comunicación pública. Una crisis de confianza en sus adquisiciones puede afectar varios frentes.
El costo reputacional en la logística electoral, los contratos de material electoral no son un asunto menor; de ellos depende la operación de jornadas, casillas, credenciales y documentos oficiales.
La magnitud del problema se explica porque los señalamientos no se refieren a un gasto secundario, sino a contratos por cientos de millones de pesos y a empresas que, según las publicaciones, habrían participado en licitaciones con posibles simulaciones de competencia.
La única salida institucionalmente sólida no es negar ni politizar el caso, sino someterlo a verificación externa y pública. El INE necesita demostrar, con hechos verificables, que no protege a nadie.
Las medidas mínimas serían entregar a la ASF, al Órgano Interno de Control y, en su caso, a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción todos los expedientes de licitación, adjudicación y supervisión de contratos, así como publicar contratos, montos, proveedores, fechas, dictámenes técnicos y razones de adjudicación directa o por invitación.
Separar preventivamente a servidores públicos con conflictos de interés potenciales mientras duran las investigaciones, informar con precisión qué personas fueron contratadas, en qué puesto, con qué salario y bajo qué procedimiento; Establecer un mecanismo de auditoría externa e independiente para las adquisiciones de material electoral previas a 2027 y evitar que la defensa institucional se convierta en una defensa personal de la consejera presidenta.
Las acusaciones periodísticas y las indagatorias de la UIF son señales de alerta graves, pero no equivalen a una sentencia. Hasta ahora, no hay una resolución definitiva que acredite delitos o faltas administrativas contra Taddei o contra el INE como institución.
Sin embargo, en materia de confianza electoral, la presunción de inocencia no elimina la necesidad de transparencia. Un organismo que organiza elecciones no puede pedir a la ciudadanía que confíe solamente en su palabra, debe ofrecer evidencia, auditorías independientes y consecuencias claras si se comprueban irregularidades.
El verdadero riesgo para el INE no es únicamente el escándalo actual. Es que, de cara a 2027, la discusión pública deje de centrarse en las reglas electorales y se concentre en si quienes administran esas reglas pueden beneficiarse de los recursos del propio Instituto. Esa duda, aunque no se confirme jurídicamente, ya erosiona el capital político y moral del organismo, responsable de organizar y garantizar la democracia en el país.