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/Ana Laura Magaloni Kerpel/
El jueves pasado, la Presidenta inauguró la Convención Bancaria 2026 con un discurso sólido, técnico, tranquilizador. No obstante, en el salón se sentía que había un elefante que inquietaba a todos, pero que, la Presidenta y los banqueros, preferían no hablar de él. Me refiero a la desconfianza que persiste entre el gobierno y las élites empresariales y financieras del país.
Es importante diferenciar la desconfianza de la incertidumbre. La confianza es una expectativa sobre el comportamiento del poder: que no habrá arbitrariedades, que no se castigará selectivamente, que no se romperán acuerdos por razones políticas. Es, en esencia, una apuesta sobre la buena fe del gobierno. La certeza, en cambio, es la posibilidad de anticipar resultados con independencia de quién gobierne. Es saber que, si hay un conflicto, existe un tercero que aplicará las reglas de manera consistente. Lo que llama la atención en México es que, por primera vez en muchas décadas, la certeza y la confianza están seriamente cuestionadas al mismo tiempo. Es indispensable entender bien las razones para poder encontrar el camino que nos permita desatorarnos.
Los gobiernos de Morena, a diferencia de los del PRI y los del PAN, se definen, discursiva y políticamente, en oposición a las élites. Un gobierno anti-élite no es sólo aquel que critica a los grupos económicos dominantes, sino que además construye legitimidad confrontándolos. Un gobierno anti-élite convierte la desigualdad en un conflicto moral y ve en las élites no sólo a actores con intereses, sino a beneficiarios de un orden injusto que debe corregirse. Desde esa lógica, la desconfianza de los gobiernos de Morena con las élites económicas es su punto de partida.
Del otro lado, la reacción es simétrica. Las empresas y el sector financiero tampoco confían en un gobierno que se construye discursivamente en su contra. Ven riesgo en cada cambio regulatorio, en cada decisión discrecional, en cada mensaje político. No leen al gobierno como un garante de reglas, sino como un actor arbitrario capaz de cambiar unilateralmente el tablero del juego.
En este punto de equilibrio de desconfianza mutua, lo que podría servir como un sustituto es la certeza institucional: reglas claras, jueces independientes, mecanismos que obliguen al poder a cumplir incluso cuando no quiera. Sin embargo, nunca hemos tenido cabalmente este tipo de certeza a prueba de balas y la reforma judicial la ha debilitado gravemente.
Toda economía descansa, en el fondo, en una ficción compartida: que los conflictos se resolverán de manera predecible. No necesariamente justa. No necesariamente rápida. Pero sí predecible. México ha tenido, en los últimos 50 años, dos formas distintas de producir esa ficción. La primera fue el viejo régimen priista. No había jueces independientes ni instituciones judiciales sólidas, pero había algo igual de poderoso: la certeza de que el poder político administraba los conflictos bajo reglas informales pero estables. La ley importaba menos. Las relaciones personales ofrecían certidumbres razonables a todas las partes.
La segunda fue la transición democrática. El pluralismo político y la apertura económica rompieron la posibilidad de que un solo actor siempre pudiera imponer su voluntad. Y en esa imposibilidad, los tribunales se volvieron el lugar donde se procesaban los desacuerdos. No porque fueran perfectos ni impolutos, sino porque eran necesarios. La elección judicial está desmontando este arreglo institucional sin haber construido otro.
La parálisis de la inversión y el crecimiento económico en México está asociada a que nos hemos quedado, al mismo tiempo, sin asideros para la confianza entre el gobierno y los empresarios y sin cimientos para la certeza institucional. ¿Cómo movernos rápido de este equilibrio tan paralizante para la economía del país? Estoy convencida de que la segunda elección judicial abre una ventana de oportunidad para ello, pero hay que tomarla a tiempo y encauzarla con determinación por buen camino.
