Francisco Cabral Bravo.
Con solidaridad y respeto a Ricardo Ahued Bardahuil.
Los hombres siempre desaprueban lo que no son capaces de hacer (Cristina III).
Ruego al lector me permita expresarle lo siguiente, vaya tiempos. Vaya. Ahora sucede que la democracia ocurre un día y no en cada jornada. Veamos: treinta y tantos meses después de los comicios presidenciales sucede que opta vamos por Meade (mon dieu) o por Anaya (onaceptabol). No, pues por mi culpa, por mi enorme culpa.
Hubo un voto mayoritario por un cambio. Por una promesa en donde se ponía por delante una agenda para reparar la desigualdad, la atroz miseria de decena de millones durante tanto tiempo menospreciada por el bipartidismo prianista, por detener las componendas de una corrupción descarada, ¿faltan pruebas de ello? Y de una impunidad sin fin.
El cambio ha quedado a deber, qué duda cabe. Pues para empezar, ha traicionado la agenda de la justicia o con iniciativas como la militarización a la seguridad y de tantos otros sectores.
Ha defraudado algunas promesas y en otras no hay manera de que cumpla.
Encima desprecia toda rendición de cuentas. Pero no fue el único que no ha estado a la altura.
La democracia, verdad de perogrullo, requiere demócratas. Gente que además de votar un día se mantenga en el renglón de sus compromisos cívicos. Demócratas con algo más que el “se los dijimos”, ciudadanos que asumen un voto no es un cheque en blanco, sino todo lo contrario.
No digo, para que quede claro, que todos los que no pudieron resistir la presión con amenazas, sean poco demócratas. En el mismo sentido, hay otros que al no renunciar, al convalidar aberraciones gubernamentales, fallan a la democracia.
Como en el 2000, el cambio se frustró.
Peor que en 2000, el de hoy tiene una peligrosa deriva. Se requiere otra vez demócratas.
El chantaje es el arma con que se asesina la democracia. Pero Incluso en la democracia, todo tiene un límite. Ya hablarán las urnas.
Recordemos que bien se dice que a la política juegan todos, a sabiendas de que en los tiempos que corren ahora el voto cuenta y se cuenta, aunque después del proceso comicial no sean tomados en cuenta.
Es momento de sacar la bola de cristal.
Tantas preguntas y tan pocas respuestas.
Tenemos que dar sólo pasos para adelante.
Quien pide que desaparezca el INE, como el caso del empresario Ricardo Salinas, no tienen idea de lo que ha sido el proceso de desarrollo de la democracia mexicana. No entendió el movimiento de 1968, ni las reformas político electorales que arrancaron en 1977, ni las elecciones de 1988, me las reformas de 1994, con Tribunales Electorales y Padrón confiable.
No entendió la alternancia en el 2000, ni en el 2012 o el 2018. Los cambios registrados por acuerdo y sin violencia. Con problemas sí, pero ha sido una profunda transformación por consenso y con nuevas reglas.
La democracia no es una panacea, pero permite la sana convivencia con respeto a lo diverso.
La pluralidad la nutre. Lo diferente no es disfuncional, es una visión distinta que puede resolver viejos problemas. La crítica forma parte de la democracia, al igual que el debate. Las libertades sólo son posibles en la democracia, y el Estado laico las garantiza, al igual que los Derechos Humanos.
La libertad de expresión, de manifestación, de prensa, de preferencia sexuales, de no violencia contra las mujeres, sólo tienen cabida en sociedades democráticas.
Por eso debemos evitar las falsos debates. El INE garantiza las elecciones y su legalidad.
Su Consejo sólo puede aplicar la ley, no interpretarla. Para eso está el TEPJF cuyas sentencias no son apelables. La ley de Instituciones y Procesos Electorales establece con claridad que los informes de precampaña deben entregarse a más tardar 7 días después de concluido el proceso, Y si este requisito no se cumple, el precandidato no podrá ser registrado legalmente como candidato. Hay empero en el Libro Octavo, un señalamiento de que las sanciones a los precandidatos pueden ser en términos de amonestación pública, multa o pérdida de registro.
Así las cosas, el INE sólo aplica la ley.
Quién puede interpretar de distinta forma las sanciones es el TEPJF y en este proceso se deben evaluar responsabilidades y actuaciones.
Para pedir la destitución de los Consejeros el proceso debe justificar se cumplan las causas que estipula la Ley, lo cual no parece aplicable.
El tema es político pero de gran importancia para la autonomía del INE en el mayor proceso electoral de la historia. Descalificar al árbitro es la antesala para no reconocer derrotas electorales y Morena parece muy preocupada porque disminuirán sus votos.
El TEPJF y el INE coincidieron en que las leyes electorales deben cumplirse puntualmente.
Salvo al presidente del Tribunal, plenamente desacreditado, todos coincidieron en que el monto no es significativo, pero la violación con dolo constituye un motivo para imponer la pena de pérdida de registro.
La democracia mexicana ha evolucionado, pese a la confrontación y la polarización que el propio Ejecutivo federal promueve con sus actos de provocación.
Pese a que la ley es muy clara en el sentido de que los gobiernos federales y estatales no deben intervenir en los procesos electorales el Ejecutivo federal insiste en confrontar y descalificar a las autoridades responsables.
Lorenzo Córdova ha sido muy claro. Como árbitros no van a caer en provocaciones porque deben ser imparciales y sus fallos siempre se apegarán al marco legal, aunque no todos queden satisfechos. Al violar la ley el Ejecutivo federal promueve condiciones de confrontación y descalificación de las autoridades electorales, como previsión de posibles resultados adversos. Calificar como exceso de fallo del TEPJF, como golpe a la democracia, es intervenir en el proceso electoral, contra la ley.
Afirma que la cancelación es un golpe contra la democracia porque no se respetó la voluntad del pueblo, que es quien manda. Pero insisto la democracia tiene reglas acordadas y votadas por el Congreso de la Unión, que representa la voluntad popular, por eso no se afecta ningún derecho democrático.
Si se violan las normas, hay una sanción.
Interponerla no es antidemocrático, es simplemente cumplir con las obligaciones de hacer respetar las leyes.
No hay agravio de las autoridades electorales, no hay de Morena, que tras transgredir las leyes se llaman víctimas por ser sancionados conforme al derecho.
La voluntad del pueblo será válida el 6 de junio. El Ejecutivo federal dice se debe cumplir con la sentencia, aunque sea arbitraria y lleva a una provocación.
¿Qué quiere provocar?
La descalificación de las autoridades electorales, garantes de la democracia, a fin de poder crear conflictos post electorales. Si pierdo, arrebato, ese es un mensaje. No importa nada más, si hay muertos o desaparecidos. El poder todo lo justifica.
Los órganos autónomos no se crearon para proteger empresas o sectores. Fue una necesidad de poner en manos de expertos las decisiones técnicas y complejas que exigían independencia de los intereses de grupos privados. Decir que consejeros y magistrados no son demócratas y decir que conspiran contra la democracia, es descalificarlos y exponerlos a la violencia.
Es la primera vez que vemos que desde el poder se amenaza a las instituciones, se les socava, se les impide funcionar, con absurdos recortes presupuestales.
Es impensable llegar a esta situación. Acorrala a las autoridades. Ya el INE le habrá hecho un exhorto para no utilizar la mañanera para hacer proselitismo electoral. No escuchó.
O quizá piensa que la prudencia del INE le da margen a brincarse las reglas democráticas, sin consecuencias.
Le gusta voltear la tortilla, como reza un refrán popular. El presidente juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes que de ella emanan. Esto incluye tratados internacionales. Sin embargo, sus actos y leyes son inconstitucionales, opinar en la manera sobre el proceso electoral es ilegal, provocador y un golpe antidemocrático.
