FELIPE DE JESÚS FERNÁNDEZ BASILIO.
DESDE A JANELA.
En México es costumbre violar la ley recurrentemente y más si quien lo hace está en el poder y esa violación es ignorada o hasta es bien vista por la población, ya que por lo general se tiene más fe en el gobernante en turno que es una persona palpable que en un intangible sistema jurídico que organice tanto al Estado como las relaciones de éste con sus gobernados, lo que se conoce como un orden constitucional.
Operando esta idiosincrasia en el ámbito del derecho público, es decir al interior de los órganos del Estado y en la relación de éstos entre ellos mismo y entre ellos y los gobernados mas no en las cuestiones privadas, ya que ahí sí operan tanto un derecho como una moral basados en las costumbres, las religiones y hasta usos ancestrales, mismos que son aplicados de manera inflexible por la comunidad y hasta son norma suprema en comunidades rurales del país, en donde a guisa de ejemplo podemos mencionar que por más marchas feministas que haya con o sin violencia, las muchachas siguen siendo formadas para buscar marido y una vez que lo encuentren ponerse a sus órdenes y para ellas no hay otra forma de pensamiento posible, es decir con esas convenciones no se juega.
Mas en las cuestiones que tienen que ver con el Estado, el derecho público que menciono al principio, la cosa es total y absolutamente diferente, ya que ahí el derecho que se ha dictado con el paso del tiempo casi siempre ha sido ficticio o bien se ha modificado tanto a capricho de quienes lo aplican o están sujetos a él, tal y como ocurre con las leyes electorales en las que cada gobierno ha traído su propia agenda haciendo que prácticamente ninguna elección tenga el mismo marco legal que la anterior.
Por ello no es extraño que en este último año se hayan violado tantas leyes que regulan la autonomía de organismos, los derechos procesales de la población en contra del gobierno (juicio de amparo), que se amedrente a juzgadores o que se designe a personas que no tienen ni si quiera el más mínimo perfil para desempeñar altos cargos en el sistema de impartición de justicia (ministros de la Suprema Corte de Justicia o magistrados estatales) o así mismo que tal o cual funcionario de gobierno ignore o hasta se burle de una ley que le impide ser o hacer algo y que a pesar de todo ello la gente no diga nada o hasta aplauda lo que sucede.
Y no es extraño que eso suceda, porque el respeto a la ley por encima de las personas que gobiernan simplemente no existe ni ha existido en la formación cultural del mexicano, ya que en épocas prehispánicas las leyes eran o bien por costumbre o bien por decisión del gobernante en turno, situación que varió muy poco en la Nueva España en donde los gobernantes eran representantes a quienes el Rey que gobernaba a todos por “La Gracia de Dios” les delegaba parte de sus poderes y los únicos límites que tenían para ejercer esas facultades eran el rendir cuentas al Soberano y las facultades que eran delegadas a otros personajes u órganos, siendo cierto que al menos había una división de poderes, la Real Audiencia podía ser un serio obstáculo para un Virrey, pero que en poco se reflejaba hacia los gobernados.
Con la independencia la situación poco cambió a pesar de que hubo fuertes conflictos para establecer si el gobierno de la nueva nación iba a ser monárquico o republicano, centralista o federalista; en realidad no se trató más que de adoptar teorías muy elaboradas de gobierno pero con nula aplicación en la práctica y como ejemplo de ello tenemos al federalismo que solo se ha ejercitado a medias hasta en los últimos tiempos y eso solo si el gobierno local es de un signo político diverso al del gobierno central y siempre sujeto a presiones presupuestarias y/o de seguridad.
Sucediendo exactamente lo mismo con la división de poderes o el derecho público de última generación que consiste en crear la mayor cantidad de organismos públicos autónomos para reducir o para revisar al gobierno central, ya que tanto la primera como los segundos solo existen en el papel, ya que tanto el legislativo como el judicial están conformados por personas que siguen ciegamente al gobierno o por personas que solo cobran sin desempeñar a cabalidad su función, ya que si estorban a quien gobierna son cesados legal o ilegalmente y hasta perseguidos judicialmente.
Mas al público en general, lo anterior nunca le ha importado y con la misma ha sido monárquico o republicano, centralista o federalista y creyendo que todos esos inventos eran para acomodarse en el poder y cobrar un buen sueldo siempre complaciendo al mandamás, por ello todas las teorías de gobierno que se han aplicado, no son más que eso, pura teoría sin aplicación práctica, porque aunque tengamos un CNDH, un INEGI o un poder judicial con un marco legal de primera, en la práctica de nada sirven, porque están ocupados por personas que o bien son serviles o bien solamente están para cobrar sin hacer nada y así llevar una vida cómoda y todo ello con la complacencia de los gobernados.
Por ello la reflexión que quiero dejar a quienes leen estas líneas es que mientras más allá de filias y fobias partidistas permitamos que la ley sea violada por nuestros gobernantes nunca vamos a progresar y esto es así porque la base del progreso está en que la ley esté por encima de quien sea que gobierne, ya que se debe tener incertidumbre en quienes o con que programas van gobernar pero nunca en los derechos y obligaciones que éstos tiene; ya que haciendo una metáfora deportiva no podemos saber de antemano que equipos juegan en el torneo ni mucho menos quien lo gana pero sí debemos de saber cuáles son las reglas del juego y tener la certeza de que esas reglas se van a aplicar en todos los torneos; ésa es precisamente la legalidad.
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