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/ Ana María Salazar/
Ojalá que renuncie la persona que desinformó y convenció a la presidenta Claudia Sheinbaum de retomar el debate sobre las lealtades de quienes tienen doble nacionalidad. Ese debate quedó resuelto hace 30 años; reabrirlo rumbo a 2027 solo genera dudas sobre funcionarios actuales y futuros candidatos. ¿Nadie le advirtió a la presidenta que una decena de funcionarios de Morena tienen doble nacionalidad? ¿Sus asesores jurídicos no señalaron que la reforma propuesta crea más confusión, resulta innecesaria y posiblemente debilita al gobierno? ¿Nadie previó la molestia y desconfianza que podría provocar entre millones de méxico-estadounidenses volver a cuestionar sus lealtades, la soberanía y la injerencia extranjera?
Debilitaron a la Presidencia y a Morena en su enfrentamiento con Estados Unidos y con el exgobernador Cabeza de Vaca. Este último salió fortalecido.
La reforma constitucional publicada el 20 de marzo de 1997 y vigente desde el 20 de marzo de 1998 estableció que los mexicanos por nacimiento no perderían su nacionalidad al adquirir otra ciudadanía.
La prioridad del presidente Ernesto Zedillo y su equipo fue proteger a millones de mexicanos en el extranjero —sobre todo en Estados Unidos— para que pudieran naturalizarse y ejercer derechos plenos donde vivían sin renunciar a sus raíces mexicanas. Gracias a esa reforma, millones regularizaron su situación jurídica, pudieron estudiar, obtener empleos mejor remunerados y ofrecer una vida más estable a sus familias en ambos países. También abrió la puerta para que sus hijos nacidos fuera de México fueran reconocidos como mexicanos por nacimiento, con los derechos y obligaciones correspondientes. Ante los ataques y la persecución que enfrentan mexicanos en la era Trump, hay que reconocer la visión y el valor del Presidente Zedillo y sus asesores al entender la importancia de proteger mexicanos que salieron del país por distintas razones.
Hoy día poco puede hacer el gobierno mexicano para proteger los connacionales que son perseguidos por ICE.
La doble nacionalidad tuvo detractores hace 30 años y generó un debate sobre ciudadanía, patriotismo, soberanía y lealtades. La reforma permitió que una persona pudiera participar y ejercer derechos políticos en dos países: votar, buscar cargos públicos e incluso aspirar a puestos de seguridad nacional o a la Presidencia en México o en Estados Unidos.
Una preocupación central en 1997 fue evitar conflictos de lealtad en los cargos más sensibles del Estado mexicano. Por eso, el artículo 32 constitucional y la Ley de Nacionalidad establecieron que, cuando la Constitución o una ley exija ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, el aspirante debe presentar un certificado de nacionalidad mexicana y renunciar expresamente a la nacionalidad extranjera, así como a cualquier protección, obediencia o lealtad hacia otro Estado. Esa reserva abarcó —según el diseño legislativo original— la Presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados, gubernaturas, secretarías de Estado, la Suprema Corte y cargos vinculados con soberanía y seguridad nacional. Lo trágico de la discusión de esta semana es que la iniciativa de Sheinbaum parecería limitarse a quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en vez de fortalecer las salvaguardas previstas en 1997.
Con la legislación actual, quien busque ser electo o nombrado en puestos clave debe declarar formalmente su renuncia a la nacionalidad extranjera y a cualquier vínculo de lealtad con otro Estado. Sin embargo, esa declaración no necesariamente implica que el país extranjero cancele jurídicamente su ciudadanía. Ese es el problema que preocupa a la Presidencia: México no puede ordenar a Estados Unidos, Guatemala, Cuba, España, China, Chile, Israel, Colombia u otros países aceptar o no la renuncia de uno de sus ciudadanos.
Aunque no existe una cifra oficial sobre cuántas personas poseen ambas nacionalidades y viven en México o Estados Unidos, las estimaciones legislativas iniciales hablaban de millones de posibles beneficiarios. Un porcentaje importante vive en la frontera. Esto explica el número de políticos y gobernantes fronterizos, de todos los partidos, que tienen doble nacionalidad.
Por eso, gobiernos y partidos en ambos lados de la frontera han buscado aprovechar esa binacionalidad para favorecer algún proyecto político o a ciertos candidatos. No han tenido mucho éxito. Es irónico que, mientras la presidenta Sheinbaum cuestiona las lealtades de algunos políticos por su doble nacionalidad, el presidente Trump promueva la idea de que millones de indocumentados votan ilegalmente en su país. Este debate incluso podría alcanzar a uno de los casos más emblemáticos de las nuevas generaciones de políticos y gobernantes con doble nacionalidad: el primer nieto del expresidente Andrés Manuel López Obrador nació en Estados Unidos, hijo de José Ramón López Beltrán y la estadounidense Carolyn Adams. Algún día podría decidir competir por la Presidencia en México o en Estados Unidos. Inevitablemente, tendrá que definir a qué nacionalidad renunciar.