PARALAJE /
/Liébano Sáenz/
Lo menos que se puede decir del magistrado José Luis Vargas es su incapacidad para actuar con responsabilidad y el descuido que debe a la institución a la que sirve. Por elemental dignidad y por compromiso institucional de hace tiempo debió retirarse de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No solo es un tema de una deplorable reputación, hecho por sí mismo un problema para la institución, sino de los documentados cargos de enriquecimiento ilícito.
No se condena a partir de presunciones, se requieren pruebas, pero el magistrado debió dar paso a las investigaciones y para ello era indispensable retirarse de la presidencia del tribunal. Un caso más de impunidad y en una entidad responsable justamente de combatirla en el ámbito electoral. Ahora se espera que el juzgador sea juzgado.
El país vive, como siempre, una rampante impunidad. Esa es la causa de muchos de los males. La misma corrupción a la que alude el presidente López Obrador tiene como origen la impunidad. Muy poco ha hecho el actual régimen para abatir la impunidad y de allí que no haya, fuera de la retórica presidencial, un antes y un después en materia de justicia, de legalidad o de probidad en el servicio público.
Abatir la impunidad se perfila como la tarea fundamental para superar buena parte de los problemas nacionales. La corrupción entre éstos. Un país de leyes persiste como aspiración fundamental. Una justicia confiable, accesible, pronta y expedita.
En este sentido la pasada consulta aludía a un tema sensible que es el de la legalidad a la que deben estar sujetas todas las personas, particularmente los que están en la jerarquía política. La cuestión es que la ley no se vota y la justicia no requiere permiso. Si hay elementos para proceder, es obligación de las autoridades actuar en consecuencia. No hacerlo también conlleva responsabilidad penal.
Es inevitable que el gobierno en funciones vaya a ser señalado en su responsabilidad por las faltas cometidas en su desempeño. Por ahora no se sabe con claridad las que se asocien a la corrupción. Así es porque este tipo de revelaciones ocurren al final del gobierno o cuando concluye. El descuido en esta materia ha sido mayúsculo como lo muestra la práctica indiscriminada y generalizada de asignaciones directas. Lo que desde ahora sí es evidente es la gestión criminal de la pandemia, la omisión en materia de seguridad o de investigar casos de evidente corrupción pasada o presente.
Abatir la impunidad es la madre de todas las batallas, pero supone autenticidad, participación de todos los órdenes de autoridad, poderes públicos y de la misma sociedad. Debe quedar claro que no es un medio para saldar cuentas ni para reivindicar causas, proyectos o personajes. Simplemente se trata de aplicar la ley mediante los estrechos y con frecuencia sinuosos cauces de la justicia formal. Vivir bajo la norma es un freno al abuso, venga de donde venga y se acompaña, necesariamente, de la sanción, consecuencia derivada del incumplimiento.
