/ Daniela Pacheco /
El feminicidio de Ana María Serrano Céspedes enluta a México y a Colombia, pero nuevamente tiene que ser un caso mediático para que haya justicia, nuevamente una mamá no puede quitar el dedo de la llaga para que su hija no se convierta en una cifra más. Difícilmente si no fuera una migrante de clase acomodada, sobrina de un exministro colombiano y de una familia con capacidad de llegar rápidamente a los medios de comunicación, habría engrosado rápidamente las listas de la impunidad.
Rápida y excepcionalmente en menos de una semana, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México vinculó al exnovio de la joven a proceso tras acreditarse su posible intervención en el feminicidio. Y no, no es un joven enfermo, perturbardo, no es un psicópata, no perdió los estribos ni la razón en cinco minutos, es un hijo sano del patriarcado, amparado y arropado por un sistema impune que se lo permite.
Y como casi siempre la labor de buscar justicia —no sólo en los casos de feminicidio, sino en cualquier tipo de crimen— recae sobre las madres. De lo contrario, los casos no son atendidos por las autoridades. Decía Ximena Céspedes, madre de Ana María, en alguna de sus declaraciones a los medios de comunicación que lamentablemente “no habían visto las señales del acoso”. Nuevamente es sobre nosotras las mujeres donde recae la responsabilidad de que no nos violenten, de ver las señales, de acreditarlas.
En un país en el que la impunidad alcanza un 95% y en un estado como el Estado de México, donde asesinaron a Ana María, con los índices de feminicidio más altos de todo el territorio, es muy poco probable que las autoridades judiciales, casi siempre poco empáticas e indolentes con este tipo de casos, actúen de manera preventiva. En lo que va del 2023, 426 asesinatos de mujeres son investigados como feminicidios en México, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, y junio cerró como el mes con más feminicidios en lo que va del año.
En casos como los de las colombianas Stephanie Magón Ramírez, Mile Virginia Martín Gordillo y Diana Alejandra Pulido Duque, asesinadas también en México hace algunos años, el tratamiento fue completamente distinto y las explicaciones de sus muertes todavía no satisfacen a sus familiares. Claro, ninguna de ellas venía de una familia acomodada y en estos casos su nacionalidad y el estereotipo pesaron más para relacionarlas con actividades ilícitas. Sin redes de apoyo, lejos de casa y una diplomacia rancia que seguramente pensaba lo mismo de ellas, era muy difícil que las investigaciones tomaran otro rumbo, y aunque esos fueran los motivos de sus muertes, también merecían justicia sin prejuicios.
La violencia de género sigue siendo un tema de emergencia nacional pero no prende ninguna alarma, al menos para las instituciones estatales, y con niveles de impunidad tales que cualquiera se cree con el derecho de violentarnos. La reforma y la limpia en el poder judicial no dan espera.
