*IMPRONTA.
/Carlos Miguel Acosta Bravo/
El “Maremoto Taddei” no es una simple purga burocrática ni una disputa de poder dentro del Instituto Nacional Electoral. Es una crisis de integridad que puede transformarse en una crisis de legitimidad, la remoción de 33 colaboradores cercanos a la expresidenta Guadalupe Taddei apenas es la superficie de un problema que toca la gobernanza del INE, la designación de su nueva titular, la preparación de las elecciones de junio de 2027 y la confianza de la ciudadanía en su árbitro electoral.
La pregunta que debe hacerse México no es únicamente si el INE podrá organizar la elección. Es si la sociedad seguirá aceptando como legítimos sus resultados, aun cuando la jornada electoral transcurra con normalidad.
La salida de Taddei y de sus colaboradores ha dejado vacantes en áreas centrales del INE, el Registro Federal de Electores, el Servicio Profesional Electoral Nacional, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Coordinación de Comunicación Social, entre otras. Al 13 de noviembre se reportaban 33 renuncias vinculadas con la gestión de la expresidenta.
El riesgo no consiste solamente en cubrir puestos. Consiste en preservar experiencia técnica, continuidad operativa y coordinación con los 32 organismos públicos locales electorales. Según reportes periodísticos, entre enero y septiembre habrían causado baja 830 funcionarios de áreas técnicas, presuntamente bajo presiones para abrir espacio al grupo cercano a Taddei.
Eso convierte la “limpieza” en una operación delicada, si se hace sin criterios claros, sin protección al servicio profesional y sin mecanismos de continuidad, el remedio puede agravar la enfermedad. El INE necesita depurar responsabilidades, pero también conservar la capacidad de organizar una elección federal.
El INE presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para investigar presuntas irregularidades en contrataciones durante la gestión de Taddei. El Órgano Interno de Control habría identificado 18 expedientes relacionados con posibles anomalías.
Las hipótesis investigativas incluyen cohecho, peculado, tráfico de influencias y conflicto de interés, además de la revisión de contratos y proveedores. También se han reportado cateos judiciales y bloqueos financieros contra personas y empresas vinculadas con la investigación.
La Cámara de Diputados debe elegir a la sustituta de Taddei, mientras Blanca Cruz García ejerce como presidenta provisional desde el 27 de octubre. La nueva titular llegará a una institución golpeada y deberá demostrar, desde su primer día, que su autoridad no depende de acuerdos partidistas.
Aquí está el segundo riesgo del “Maremoto Taddei”, si la elección de la nueva presidenta se percibe como un acuerdo por cuotas políticas, poco transparente o condicionada por intereses de partido, la crisis de corrupción se convertirá en una crisis de legitimidad del Consejo General y de la presidencia del INE.
Los ataques a los expresidentes José Woldenberg y Lorenzo Córdoba, por múltiples actores de la vida pública nacional. La independencia no se demuestra con discursos. Se demuestra con reglas conocidas, perfiles profesionales, deliberación pública, rechazo a interferencias y capacidad para tomar decisiones sin consultar primero el humor político del momento.
Los cambios en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pueden afectar la actualización y depuración del padrón. La salida del titular del Servicio Profesional Electoral Nacional complica la formación y designación de funcionarios de casilla.
Una debilidad en Prerrogativas y Partidos Políticos puede dificultar la vigilancia de finanzas y propaganda electoral. La renovación de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral puede generar retrasos o inconsistencias en impugnaciones. La salida del coordinador de Comunicación Social puede limitar la capacidad del INE para explicar medidas y contener desinformación.
El INE puede tener la mejor infraestructura electoral del país y aun así perder la batalla de la percepción. En un contexto polarizado, una elección técnicamente correcta puede ser cuestionada si la ciudadanía considera que quienes la administran no son confiables.
La erosión de confianza ya es medible. En una encuesta de Enkoll citada por Politico México, 33.8% de los participantes dijo que su confianza en el INE había disminuido y 43.2% manifestó poca confianza en que el instituto organice adecuadamente las elecciones de 2027.
La propia consejería reconoce la preocupación. El consejero Uuc-kib Espadas afirmó que la pérdida de confianza es una de las mayores preocupaciones del organismo y llamó a la ciudadanía a participar como funcionarios de casilla, observadores o representantes partidistas.
Ese llamado es correcto, pero incompleto. La participación ciudadana es esencial, pero no puede sustituir la responsabilidad institucional. No se le puede pedir a la sociedad que confíe en un árbitro mientras éste no demuestra, con hechos verificables, que está limpiando sus estructuras, protegiendo su servicio profesional y garantizando que nadie utilice el poder electoral para beneficiar intereses privados o políticos.
Si el INE quiere evitar que el “Maremoto Taddei” se convierta en una crisis permanente, debe actuar con transparencia y continuidad al mismo tiempo, entre ellos publicar con claridad el alcance de las investigaciones, los contratos revisados y las medidas de separación, sin usar la purga como excusa para debilitar áreas técnicas.
Blindar las áreas críticas -padrón, casillas, fiscalización, contencioso y cómputos- con personal de carrera y protocolos de continuidad, así como permitir auditorías externas, acceso de observadores y rendición de cuentas oportuna sobre contrataciones y proveedores.
Comunicar que las investigaciones no equivalen a culpabilidad automática, pero sí exigen separación preventiva, revisión rigurosa y sanciones cuando corresponda. El mayor alcance del “Maremoto Taddei” no será la remoción de 33 personas. Será la posibilidad de que una crisis de integridad en la cúpula del INE se convierta en una crisis de legitimidad antes de una elección federal.
México no necesita un INE que sólo funcione. Necesita un INE que funcione y que sea creíble, que tenga la confianza de la sociedad mexicana.. Si la renovación de la presidencia y la reestructuración interna no se perciben como limpias, independientes y eficaces, la confianza ciudadana podría deteriorarse justo cuando el organismo más la necesita.
La democracia mexicana no se defiende sólo el día de la elección. Se defiende todos los días en que sus instituciones demuestran que el poder público no es un botín, que las reglas valen para todos y que la confianza ciudadana no es un requisito decorativo, sino la condición misma de la legitimidad electoral.