- ALMA GRANDE
/ Por Ángel Álvaro Peña/
Por años defendí una idea: que Cuitláhuac García Jiménez representaba una forma distinta de ejercer el poder en Veracruz. No lo hice desde la comodidad del análisis externo, sino desde la trinchera. Fui parte de su campaña, construí su imagen pública cuando no la tenía y aposté por una narrativa de honestidad porque, en ese momento, me constaba. Creí en ella.
Esa convicción me llevó, tras el proceso electoral, a asumir la representación del Gobierno de Veracruz ante la Ciudad de México. Y también fui el primero en renunciarle durante toda su administración. No por cálculo político, sino por congruencia.
Hoy, los datos duros obligan a una revisión profunda —y dolorosa— de aquella certeza.
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, confirmó que todos los entes fiscalizables vinculados con obras del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez ya fueron requeridos formalmente para solventar observaciones por presunto daño patrimonial, derivadas de la Cuenta Pública 2024, aprobada en octubre del año pasado.
Los números son contundentes: el Orfis reportó un presunto daño patrimonial total de 2 mil 372 millones 867 mil 596 pesos. De ese monto, 880 millones de pesos corresponden al último año de la administración de Cuitláhuac García.
Más allá de la cifra global, hay un dato políticamente inevitable: las obras emblemáticas de ese gobierno concentran el mayor monto observado. Tan solo tres proyectos acumulan 241 millones 381 mil pesos en presunto daño patrimonial.
El caso más significativo es la remodelación del estadio Luis “Pirata” Fuente, donde las etapas segunda y tercera concentran un monto observado de 160 millones 331 mil 371 pesos, por sobrecostos, pagos sin sustento documental y deficiencias constructivas. A ello se suman observaciones relevantes en la construcción del Nido del Halcón y en la ampliación y remodelación del Aquarium de Veracruz, obras presentadas públicamente como símbolos del nuevo Veracruz.
Es fundamental decirlo con precisión jurídica: presunto daño patrimonial no implica responsabilidad automática. La propia auditora general lo subrayó. El procedimiento contempla una etapa de solventación, donde los entes pueden aclarar faltas de documentos, permisos o autorizaciones. La ley establece incluso un plazo de hasta siete años para la prescripción de responsabilidades administrativas.
Sin embargo, González Cobos fue enfática en un punto clave: el Orfis no ha esperado. Todos los entes observados —incluidos el Instituto de Espacios Educativos y la Procuraduría del Medio Ambiente— ya fueron notificados, sin dejar transcurrir un solo año desde la aprobación de la Cuenta Pública.
Además, las observaciones no se quedan en el escritorio. El Orfis ha realizado inspecciones físicas que han permitido detectar obras incompletas, trabajos que “parecían hechos y no lo estaban”, y proyectos que se concluyeron únicamente tras los señalamientos del órgano fiscalizador. Ese, dijo la auditora, es parte del impacto social de la fiscalización.
Cuando las irregularidades trascienden lo administrativo y se detecta dolo, como la entrega de documentación falsa, el procedimiento cambia. Durante la gestión de Delia González Cobos, el Orfis ha presentado 181 denuncias ante las instancias correspondientes; nueve de ellas ya fueron judicializadas, avanzando conforme a los tiempos procesales.
A este escenario se suma otro foco rojo: las irregularidades en los procesos de entrega-recepción, detectadas con el inicio de las nuevas administraciones municipales. Aunque el Orfis capacitó a las autoridades entrantes en noviembre pasado, se reportaron casos de oficinas vacías y ausencia de documentación, situaciones que ya fueron notificadas y que deberán ser aclaradas ante el Congreso del Estado.
Durante años se construyó un discurso de superioridad ética. De una “honestidad valiente” que no admitía matices. Por eso hoy no basta con refugiarse en tecnicismos legales, en plazos de prescripción o en la narrativa de persecución política. La confianza pública no prescribe.
Para quienes creímos, para quienes defendimos, para quienes pusimos el capital político y profesional al servicio de un proyecto, este momento exige algo más que silencio o disciplina partidista. Exige honestidad con la historia y con la sociedad.
No se trata de condenar antes de tiempo, pero tampoco de cerrar los ojos. La verdadera congruencia —esa que alguna vez fue bandera— consiste en permitir que las instituciones hagan su trabajo, en exigir explicaciones claras y en asumir que ningún proyecto, por noble que se haya proclamado, está por encima del escrutinio público.
PEGA Y CORRE: La procuración de justicia enfrenta hoy el reto de actuar con rapidez sin renunciar a la legalidad. En ese contexto, la puesta en marcha de la ventanilla única digital para la solicitud de órdenes de cateo en Veracruz representa un avance significativo en la modernización del sistema de justicia, impulsado desde la fiscalía general del Estado y respaldado por el nuevo enfoque de gobierno.
El sistema, presentado por la fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, permite que las órdenes de cateo se tramiten en línea y cuenten con autorización judicial en aproximadamente 20 minutos, atendiendo la naturaleza urgente de estas diligencias. Se trata de una herramienta que no sustituye al juez, sino que fortalece su intervención al hacerla más ágil y oportuna.
Este esfuerzo se enmarca en una visión de modernización institucional que coincide con la agenda de transformación encabezada por la gobernadora Rocío Nahle García, quien ha planteado la necesidad de fortalecer las instituciones, hacer más eficientes los procesos y colocar a la justicia al ritmo de las demandas sociales actuales.
La digitalización de los cateos, el uso de tecnologías para la investigación y la coordinación entre autoridades no vulneran derechos; por el contrario, permiten que el Estado actúe cuando aún es posible proteger a las víctimas y preservar la legalidad.
La justicia moderna exige decisiones firmes, respaldo institucional y voluntad política. En ese sentido, la coordinación entre la Fiscalía y el Gobierno del Estado abre una ruta para una procuración de justicia más eficiente, transparente y acorde a los tiempos que vive Veracruz.
